En la última década, los pueblos indígenas y comunidades mestizas de Michoacán, Jalisco y Colima se han enfrentado a desarrolladores, empresas extractivas y mineras, autoridades y bandas criminales para proteger su territorio del despojo y la destrucción. En ese camino han encontrado amenazas, desapariciones, criminalización y muerte

Texto y video: Analy S. Nuño. 

Foto de portada: Regina López / Agencia SubVersiones

Fotografías: Alejandra Guillén y Consejo Indígena de Zacualpan

El cuerpo de la p´urhépecha Guadalupe Campanur Tapia fue localizado el 16 de enero sobre el kilómetro 15 de la carretera Carapan-Playa Azul, en el predio denominado Irapio. Llevaba varios días desaparecida.

Guadalupe, de 32 años, era una mujer que había roto los esquemas en su comunidad al integrarse al cuerpo de guardabosques y participar activamente en la búsqueda de la seguridad, la justicia y la restitución del territorio. La periodista Alejandra Guillén, autora del libro Guardianes del Territorio Seguridad y Justicia Comunitaria en Cherán, Nurío y Ostula, la definió como “una de las voces críticas que señalaba las contradicciones internas porque sabía que la lucha se construye día a día, desde lo chiquito y cotidiano”.

Guadalupe fue fundadora de la Ronda Comunitaria, del movimiento contra los talamontes, y participante del proyecto “Cherán K’eri: conociendo y reconociendo nuestro territorio”.

Muchas veces realizó misiones para buscar a personas de la comunidad reportadas como desaparecidas. Su asesinato es el último de una cadena de asesinatos a activistas y defensores de la tierra en una región que comprende Jalisco, Colima y Michoacán, cuyos recursos naturales son deseados por el interés capitalista y grupos criminales.

“Esto puede interpretarse también como un mensaje para intimidar y acallar a quienes genuinamente le apostamos a revalorar la vida, a partir de acciones comunitarias que vayan más allá de la resistencia. También es una forma de aterrorizar a las mujeres y en suma, cobra el sentido de una técnica etnocida para menguar la lucha por la vida ejercida por la comunidad p’urhépecha de Cherán”, escribió su amiga, Carolina Lunuen.

Pero los que ocurre en esta región es sólo un botón de muestra de los ataques sistemáticos que en la última década se han perpetrado contra líderes sociales, activistas y defensores del territorio en todo el país.

Jalisco: los patrones se replican

El 2017 fue uno de los peores años para los defensores y activistas de Jalisco:

En mayo, los hermanos wixaritaris Miguel y Agustín Vázquez Torres fueron asesinados en su comunidad por un comando armado. Miguel era miembro activo de la defensa de los lugares sagrados del Pueblo Wixárika, uno de los fundadores del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta y presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán. Había encabezado la lucha legal para la restitución de tierras invadidas por mestizos en la zona de Huajimic, La Yesca, Nayarit, y en septiembre de 2016 logró la recuperación de 184 hectáreas de los predios Piedra Bola y Bola Negra. Agustín, su hermano, se había graduado como abogado con especialidad en Derechos Humanos y realizaba labores como promotor comunitario y de los derechos indígenas en su comunidad.

En diciembre fue asesinado Salvador Magaña, líder social de la Costa Sur de Jalisco y activista por la defensa de las playas despojadas. Siempre se le veía impecable en su vestimenta y con su bigote bien recortado; su forma de ser, dicharachera y alegre, le permitía ganarse la confianza de la gente rápidamente. “Todo está muy burocratizado, muy politizado y amarrado. No hay avances claros y es porque al gobierno del Estado le conviene que a la gente se le olvide el tema para dejar así las cosas”, reclamaba desde 2012, año en el que se desempeño como regidor en La Huerta hasta 2015, actualmente se desempeñaba como coordinador municipal de Movimiento Ciudadano.

La región de Jalisco es codiciada por muchos y muy diversos intereses. Tiene paraísos naturales costeros, con playas de arena blanca y agua cristalina, corredores hídricos y zonas montañosas de difícil acceso que facilitan la siembra y trasiego de amapola, extracción de minerales y tala ilegal de maderas preciosas como la rosamorada.

En 2012, el activista nahua Celedonio Monroy Prudencio, denunció la presencia de grupos armados de talamontes que de forma ilegal extraen rosamorada de la zona de amortiguamiento de la reserva de la Biosfera de Manantlán. En octubre de ese año, un grupo armado allanó su vivienda y se lo llevó, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Un año después, en agosto de 2013, Gaudencio Mancilla, promotor de la lucha contra la minería y tala clandestina en el ejido de Ayotitlán, fue detenido ilegalmente y torturado. La detención hecha por elementos de la policía estatal fue avalada por el gobierno de Jalisco, que argumentó fue un acto apegado a derecho. “Siempre el que encabeza tiene ese riesgo de que algo le puede pasar, siempre hay amenazas, pero ni modo que nomás por eso nos dejemos”, señaló entonces Mancilla,  un hombre forjado con el trabajo de la tierra, fuerte y alegre, que  nunca se deja ver sin su sombrero de palma.

En julio de 2015, un centenar de nahuas de Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán,  que intentó tomar las instalaciones de la mina Peña Colorada, ubicada en el vecino estado de Colima, fue reprimido por la policía estatal colimense a solicitud de la empresa Ternium, que controla la extracción mineral en la región. Los indígenas exigían el cumplimiento del acuerdo en que se establece el pago de 20 por ciento de regalías por tonelada de material extraído. Pero la empresa se negó a cumplir. El saldo de la protesta fue de 33 comuneros golpeados y detenidos, además de que su abogado, Eduardo Mosqueda Sánchez, fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad acusado de delitos de robo, despojo y privación de la libertad. El gobierno de Jalisco evitó intervenir en el conflicto, mientras que el gobierno de Colima incriminó al abogado ambientalista.

Un año antes, Félix Monroy Rutilo, defensor contra el saqueo de sus tierras por parte de la mina de hierro que también es propiedad de Ternium, sufrió actos de intimidación y presión con el intento de despojarlo de 8 hectáreas para ser usadas como depósito de desechos de la minera. Los ataques a la familia Monroy datan desde 1986, cuando su padre, Abelino Monroy Sandoval, fue asesinado por un sicario presuntamente pagado por el consorcio porque no quería vender su tierra. En 1987, uno de los trabajadores del consorcio asesinó a su hijo, Alejandro Monroy Denis, supuestamente bajo la orden de los empresarios mineros.

Los mismos patrones de despojo se han registrado con empresas turísticas. En abril de 2016, un aparatoso despliegue de policías estatales en Santa Cruz de la Soledad, al oriente de Chapala, sorprendió a los pobladores. La presencia policial era parte de una estrategia oficial para desconocer la mesa directiva del Comisariado ejidal e imponer un nuevo consejo que respaldaba la urbanización de los cerros El Junco y el Cántaro, con vista al lago. La oposición al desarrollo turístico en el que se pretende invertir 390 millones de pesos de particulares en sociedad con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ha derivado en hostigamiento, acoso, amenazas e intentos de secuestro por parte de particulares y policías de municipales de Chapala de la presidenta de la mesa directiva,  Martha Rodríguez García,y su hija, María de Jesús López, apoderada legal del ejido.

En octubre de ese año, con el mismo modus operandi, durante la asamblea del ejido José María Morelos, en Tomatlán, en la que se elegiría a las nuevas autoridades del comisariado, elementos de la Fuerza Única Regional impidieron el paso de ejidatarios opositores al mega desarrollo turístico conocido como Nuevo Cancún, que se pretende realizar en las playas de Chalacatepec. En esa asamblea estaba en juego la recuperación de mil 200 hectáreas que el gobierno estatal y la empresa Rasaland les despojaron a los ejidatarios, así como la venta de tierras a particulares que con 90 millones de dólares de inversión del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco pretenden concretar el proyecto de la cadena One and Only.

Las agresiones no se concentran en la zona serrana. En Los Altos, los pobladores mantienen una resistencia de 12 años la inundación de sus pueblos para la construcción de la presa El Zapotillo. En 2010, miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo fueron amenazados de muerte por oponerse a vender sus tierras. Desde entonces, los hostigamientos no paran.

Colima: se acabó la tranquilidad

Hasta hace unos años, el pequeño estado de Colima ocupaba los índices más bajos en inseguridad. Pero su tranquilidad dio un giro radical en el último sexenio y en 2017 apareció en las listas de violencia como el estado más violento del país.

¿Qué pasó? Su ubicación -limítrofe al norte con Jalisco, al sur con Michoacán y al oeste con el Océano Pacífico- y sus zonas montañosas formadas por el Cerro Gordo y las sierras de Perote y El Peón, la convirtieron en una región clave para el trasiego de drogas.

A esto se suma su riqueza en recursos minerales como hierro, cobre, oro, plata, zinc, plomo, manganeso, titanio, cuarzo, dolomita y mármol, entre otros, que son explotados por las compañías mineras Peña Colorada Consorcio Minero Benito Juárez, Ternium – Las Encinas, Mittalstel y Gabfer, empresa mexicana vinculada a transnacionales canadienses.

La explotación masiva de estos recursos, que comenzó a detonarse al final del sexenio del ex presidente Felipe Calderón, ha traído como consecuencia amenazas, hostigamiento y persecución contra los miembros del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan por oponerse al proyecto que afectaría al menos 100 hectáreas a las faldas de la reserva de la biosfera, esto ha obligado a sus líderes a desplazarse y solicitar la protección del Mecanismo para personas defensoras de derechos humanos.

En la misma situación está la organización ambientalista Bios Iguana, cuya coordinadora, Esperanza Salazar Zenil, tuvo que dejar el estado. Los integrantes de la organización han sufrido agresiones, intimidaciones, boicots, hostigamiento judicial e incluso amenazas de muerte. En marzo de 2015, una Misión Internacional presenció el desproporcionado operativo policiaco integrado por policías antimotines, policía estatal y judicial, desplegado por las autoridades, cuando los activistas intentaron ingresar a la comunidad para entrevistarse con los pobladores

Michoacán: la saña contra los indígenas

El complejo rompecabezas de las autodefensas de Michoacán comenzó con la formación de guardias comunales indígenas en 2009, después del levantamiento de varias comunidades para recuperar sus tierras, playas y montes. Desde entonces, los ataques a defensores ambientales y líderes sociales no han cesado. 

En junio de 2009, tras haber agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de sus tierras,  un grupo de comuneros de Santa Maria Ostula, en el municipio de Aquila, se trasladó a la costa para recuperar el paraje conocido como La Canaguancera, que durante años había sido ocupado por pequeños propietarios provenientes del estado de Colima y zonas aledañas. Al llegar a la zona en disputa fueron recibidos a tiros. En respuesta, los nahuas de Ostula bloquearon los accesos a 21 poblados, tomaron posesión de sus tierras, fundaron el poblado de Xayakalan y dos semanas después armaron su policía comunitaria. La comunidad publicó el Manifiesto Ostula en el que advirtió: “el camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la Autonomía y libre determinación”.

Pero el costo de la rebelión de los nahuas ha sido alto. A inicios del 2011, fueron asesinados los comuneros Juan Faustino Nemesio y Nicolás de la Cruz, comandantes  de la Guardia Comunal. En octubre, fue asesinado Pedro Leyva Domínguez, miembro de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales y representante del pueblo nahua ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Dos meses después, Trinidad de la Cruz Crisóstomo, uno de los principales líderes de la comunidad, fue secuestrado en la carretera costera, mientras regresaba a su comunidad acompañado por una comitiva del Movimiento por la Paz que minutos antes dejó de ser escoltada por la Policía Federal. Su cuerpo fue encontrado varios días después. También en 2011 ocurrió el primero de varios intentos de asesinato que se han perpetrado contra Cemeí Verdía Zepeda, comunero, líder y comandante de la policía comunitaria.

Don Trino y Pedro Domínguez habían sido amenazados por Priciliano Corona Sánchez, conocido como Chalano, a quien se le liga con Los Caballeros Templarios, el grupo criminal que ante la omisión de las autoridades estatales, tomó el control de la región y provocó, en 2013, la formación de un diverso movimiento de autodefensas en varias regiones del estado.

En Ostula, este grupo asesinó a 32 comuneros y desapareció a otros seis, entre 2008 y 2014.

Para 2013, la estrategia de desarticulación del movimiento de autodefensas fue modificada desde los gobiernos federal y estatal, donde se crearon delitos prefabricados en contra de líderes y miembros de las policías comunitarias. Hasta la fecha, más de 300 comunitarios han sido detenidos. El más conocido y mediático es José Manuel Mireles Malverde, líder de las autodefensas de Tepalcatepec, quien fue detenido en 2014 por los delitos de portación de armas de uso exclusivo del ejército y contra la salud, y liberado en mayo de 2017, tras el pago de una fianza.

Entre los dirigentes indígenas, el primero en caer preso fue Agustín Villanueva, iniciador del movimiento de Aquila y ex presidente de bienes comunales. Una acusación falsa de secuestro lo mantuvo 4 años y dos meses en la cárcel. El día de su aprehensión ocho comunitarios fueron asesinados y 41 más detenidos junto con él y sus hermanos, Efraín y Vicente.

“Estábamos todos amenazados, arruinados, ya nadie quería trabajar porque sus pocas ganancias había que pagar una cuota, que pa´ Los Templarios, que porque si no le pagabas a Los Templarios iban a venir los del Cártel de Jalisco, que era otro grupo más pesado que el de Los Templarios, puta madre dijimos, pues qué es eso. Pues ya no aguantamos”, dice Agustín Villanueva, un hombre fuerte pero desconfiado, cuya mirada y gestos expresan cuánto lo afectó la prisión.

En junio de 2015, policías federales y locales detuvieron en la localidad de La Placita a Cemeí Verdía, acusado de portación de armas de uso exclusivo del ejército y homicidio. En protesta por la detención, comuneros de Ostula realizaron bloqueos, esto provocó una ofensiva militar sobre el  pueblo, en la que murió Iriberto Reyes García, de 12 años, y cuatro personas más resultaron lesionadas.

Verdía Zepeda fue liberado en diciembre de ese año, después de una consecución de denuncias en su contra, pero en 2017, nuevamente la Procuraduría General de la República giro órdenes de aprehensión en contra del líder de las autodefensas de Ostula y otros cuatro dirigentes: Germán Ramírez Sánchez, encargado de la Seguridad Municipal de Aquila; Héctor Zepeda Navarrete, comandante de la policía comunitaria de Coahuayana; José Luis Arteaga Olivares, alcalde de Aquila y Raúl Baltazar, comunitario de Aquila.

“Nos quieren pegar por todos lados y nosotros no nos vamos a dejar”, advirtió Cemeí.   

El pueblo Cherán es otro ejemplo del ensañamiento de grupos criminales yautoridades estatales y federales con los pueblos indígenas. Entre 2009 y 2011 fueron asesinados 23 comuneros y otros cinco fueron desaparecidos, entre ellos, Francisco de Asís Manuel (presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ostula), y Máximo Magno Valladares (representante de la encargatura El Potrero).

En mayo de 2011, la comunidad se acuarteló y desconoció a las autoridades municipales. El proceso que siguió derivó en la creación del Gobierno Comunal que permite un gobierno por usos y costumbres reconocido por la Suprema Corte de Justicia.

La inédita victoria jurídica que permitió a Cherán ser la única comunidad indígena con autonomía en el estado y le dio un período de relativa tranquilidad… hasta el asesinato de Guadalupe Campanur.

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