Para que la justicia alcance a todos es necesario una comisión especial que investigue al general Alfredo Oropeza Garnica y se le finque todas las responsabilidades por el Crimen de Estado en contra de la comunidad Ñuu Savi de El Charco, Guerrero

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El sereno de la noche sepultó la sangre de 11 campesinos Ñuu Savi ejecutados extrajudicialmente por elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de El Charco, Municipio de Ayutla de los Libres.

Sin embargo, la huella imborrable de los asesinos quedó en la pared de los salones de la escuela primaria. La ojiva del fusil del soldado de infantería quedó incrustada en el muro del plantel y la sangre sigue ahí.

El 7 de junio de 1998, personal castrense tomó por asalto la escuela primaria Caritino Maldonado y disparó a quemarropa hacia los campesinos na savi que se encontraban en una reunión para tratar asuntos comunitarios.

El resultado del ataque militar en contra de una comunidad desarmada fue: 11 familias se quedaron sin el sostén de la casa, además, 27 personas fueron detenidos y torturados en las instalaciones del Campo Militar 27-A, y cinco heridos.

A la escuela Caritino Maldonado acudió el comandante del 27 Zona Militar, el general de división, Alfredo Oropeza Garnica para supervisar la incursión de los militares que mantuvieron las hostilidades en contra de los na savi hasta las 10:00 de la mañana.

Los militares rodearon la escuela primaria Caritino Maldonado sin los protocolos en materia de uso de la fuerza y armas de alto calibre abrieron fuego en contra de comisarios y delegados que dormían en la escuela después de sostener una reunión de autoridades comunitarias.

La reunión de autoridades comunitarias de la zona Ñuu Savi de Ayutla de los Libres inició el 6 de junio, a este encuentro arribaron varios comisarios acompañados de señores principales de comunidades aledañas.

De acuerdo a la información recabada después del crimen de lesa humanidad los asambleístas debatieron de cómo mejorar las condiciones de vida de los niños y los cursos de alfabetización que recibiría. Para el siguiente día al finalizar los trabajos, los promotores de salud darían atención médica a los asistentes.

La forma de cómo ocurrieron los hechos, así como el saldo de asesinados y heridos muestra de cómo el ejército mexicano usó la fuerza bruta en contra de la población civil.

Nadie se escapó de la agresión, un niño resultó herido de gravedad, otro cinco fueron detenidos y llevados a prisiones militares. Una estudiante universitaria estuvo detenida junto con varones.

A pesar de las graves violaciones a los derechos humanos cometido por elementos del Ejército mexicano, las autoridades civiles y militares no abrieron ni una línea de investigación en contra de los que asesinaron a los campesinos.

Lo cierto es que sí hubo una investigación, pero en contra de los agresores, sino para los 27 indígenas detenidos y torturados a quienes les fincaron distintos cargos y se les encarceló por más de dos años.

De esta masacre cometido por la tropa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no se ha investigado ni tipificado los delitos de ejecución extrajudicial, tortura, lesiones y privación de la libertad cometido en contra de los na savi.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió informe de admisibilidad, en el plano interno las graves violaciones cometidas en agravio de los indígenas no se han investigado.

Mientras esto ocurre, la comunidad del Charco padece el estrago de la pobreza y marginación. El Estado mexicano no ha dotado servicios adecuados de salud y educación. El único logro hasta ahora de los na savi es que pueden elegir a sus autoridades por usos y costumbre

Recientemente la zona Ñuu Savi se convirtió en el municipio Ñuu Savi donde esperan reorganizarse para empujar juntos los cambios necesarios para que la sangre derramada en El Charco no quede en el olvido.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los militares son el pueblo uniformado, para los soldados sean pueblo uniformado tienen que ser investigados y castigados por el crimen de lesa humanidad cometido en contra la población civil del municipio de Ayutla de los Libre, Guerrero.

Para que la justicia alcance a todos es necesario una comisión especial para que investigue al general Alfredo Oropeza Garnica y se le finque todas las responsabilidades por el Crimen de Estado en contra de la comunidad Ñuu Savi de El Charco, Guerrero.

La comisión tendría que investigar al gobernador interino de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, así como a los servidores públicos que estuvieron al tanto de lo que sucedía en la comunidad El Charco y no impidieron que los militares asesinaran a los campesinos.

A la sociedad civil le corresponde acompañar a las esposas y familiares de los indígenas ejecutados en el reclamo de justicia para que el manto de impunidad no siga encubriendo a los agresores. Si esto no ocurre es difícil de hablar de pueblo uniformado. Porque el pueblo consciente no asesina a sus hijos.