El pasado 27 de abril, la contraloría del Infonavit admitió una denuncia de ocho contribuyentes, quienes serían víctimas del cartel inmobiliario en Ciudad Juárez

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El modus operandi ha estado presente desde hace años. Ya fue motivo de un escándalo en Nayarit. Un trabajador tal vez se atrasa en algún pago. O se queda sin trabajo y deja de pagar algunos meses. En otros casos, ha obtenido la casa por medio de traspaso, un acuerdo entre particulares. Hay otras situaciones más, como casas completamente abandonadas; los trabajadores informales –que no tienen seguridad social y no pueden hacerse de una de otra forma–, las habitan y buscan luego legalizar la situación. 

Pero las casas suelen ser un buen negocio, y para un trabajador promedio es muy difícil sortear los trámites burocráticos, las cuotas, los intereses.

En este caso, el señor Benítez ya había iniciado los trámites de usucapión de su casa. Esto es, comprobar que ha habitado el lugar por más de 10 años, sin que un dueño se haya presentado. Durante ese tiempo, por supuesto, pagó los servicios. En esas estaba cuando, sin previo aviso, Infonavit de Chihuahua revendió la casa a otro contribuyente.    

Este es un fenómeno constante: el despojo contra trabajadores, gente que no es rica, para nada, y que tendría que encontrar en el Infonavit cierta flexibilidad para hacerse de un patrimonio. Sin embargo, las casitas han probado ser un negocio rentable para inmobiliarias, y en muchos casos se ha presumido que al interior del Infonavit ha habido corrupción para acelerar los trámites de despojo de una propiedad y venderlas inmediatamente a inmobiliarias. Esto fue documentado, por ejemplo, en el estado de Nayarit.

Ahí notarios y magistrados operaban bajo el amparo del crimen organizado de más alto nivel. Desde el que fuera el gobernador del estado  Roberto Sandoval Castañeda (acusado ahora de lavado de dinero), o el fiscal Edgar Vieytia El diablo (detenido en EEUU por delincuencia organizada, secuestro, tortura, desaparición forzada), y el magistrado Pedro Enríquez Soto. Luego en cascada una serie de notarios, bufetes de abogados, etcétera, que maquillaban juicios de despojo al por mayor, contra trabajadores  de todo el  país: Veracruz, Coahuila, y también, y en gran escala, Ciudad Juárez. Esas casas eran inmediatamente puestas a la venta con inmobiliarias que las revendían al triple del precio original. 

Se supone que este proceso de despojo ya fue identificado y abatido. Pero en realidad las autoridades sólo cerraron una ventana. De esta forma, aunque ya han pasado algunos años de ese escándalo, los despojos siguen ocurriendo; las y los trabajadores siguen pagando mucho por casas de interés social, y aquellos que no tienen seguridad social (una gran porción de la población) las ven negras. 

El abogado del señor Benitez es su hermano, Luis Benítez Villarreal, quien ha llevado juicios similares en Juárez. Por ejemplo, el del señor Julián Contreras, activista juarense. A él le arrebataron su casa en Villas de Salvácar cuando la colonia comenzó a subir de precio. Luis Benítez también ha formado parte de la defensa en el caso  del Chamizal. Él explica que el cartel inmobiliario en Juárez continúa operando. El conoce al menos 8 afectados recientes. «Todos los casos se resuelven en favor de las inmobiliarias aunque no atiendan los casos, los jueces les subsanan toda deficiencia», resume.

Lydiette Carrión

Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).