Las aguas subterráneas son casi invisibles; si a eso se le suma una clasificación poco clara de los usos que se les da al ser concesionadas y la incapacidad de la autoridad para verificar su adecuado uso, se entiende por que se encuentra sobreexplotada y distribuida inequitativamente

Texto: David Santa Cruz / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas*

Foto: Conagua

Cualquiera puede ver cuando un río se seca, oler la fetidez de un lago demasiado contaminado o darse cuenta que el agua de una presa enferma a los animales que beben de ella. En el caso de las aguas subterráneas, nadie lo nota. Esto ha permitido su acaparamiento privado para generar riqueza a costa de la sobreexplotación de los recursos hídricos e ignorando el derecho humano al agua, lo cual incrementa la desigualdad social y económica.

Cuando se habla de estos temas, la respuesta recurrente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde hace dos décadas es que son los agricultores quienes usan más agua. En efecto, “si vemos las concesiones de extracción subterránea, hasta el 2019, entre el 70 y el 75 por ciento de ellas son agrícolas, pero si dividimos por deciles, el 10 por ciento de concesionarios más ricos en caudal subterráneo consumen más del 60 por ciento de toda el agua que está concesionada”, explica el académico de la UNAM y ambientalista Samuel Rosado.

Buena parte de esas concesiones se encuentran en el norte del país. De igual forma, entre los cinco estados de la frontera norte, más Durango, Sinaloa y Coahuila, concentran 50 por ciento de la producción agrícola del país, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

“Es muy curioso que en las zonas donde hay más escasez de agua es donde más PIB se genera” expone el académico e investigador de la Universidad de Guanajuato, Alex Caldera. Esto se debe a que dicha región cuenta con grandes planicies que permiten sembrar cultivos con alto rendimiento. El problema es que esos estados apenas cuentan con 38 por ciento de las aguas superficiales, así que el riego se realiza con aguas subterráneas.

La desigualdad es tan amplia que “entre los últimos dos deciles de los concesionarios agrícolas concentran el 85 por ciento de toda la extracción de agua subterránea”, comenta el investigador Samuel Rosado. Esto indica que la gran mayoría sólo tiene acceso al 15 por ciento del agua concesionada, y es que como explica el también director del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del campus León de la Universidad de Guanajuato, Alex Caldera, quienes ocupan ese 85 por ciento de “la extracción del agua, son los agricultores organizados y los grandes productores, no los campesinos, ni los ejidatarios, sino los grandes propietarios agroindustriales”.

Entender lo que explican ambos especialistas es más fácil si superponemos el mapa de concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con los mapas de pobreza, pobreza extrema y el de accesibilidad carretera del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). A simple vista, se puede observar que las zonas de mayor marginación física, económica y social coinciden con aquellas que menos concesiones de agua tienen. Mientras que las regiones con más concesiones de agua, son también las mejor conectadas, dedicadas principalmente a los sectores agrícola, agropecuario, industrial, extractivo y turístico. De acuerdo con datos del INEGI, ambas zonas tienen una densidad poblacional similar.

Esas prácticas generadoras de desigualdad no son exclusivas del norte. En todo el país “a los pueblos originarios se les negó siempre el acceso al agua para las necesidades más urgentes de las comunidades, mientras se le repartía a los grandes usuarios”, denuncia el doctor Pedro Moctezuma Barragán, miembro de la coalición Agua para Todos, y como ejemplo pone lo sucedido en Valles Centrales de Oaxaca, donde asegura que se entregaron 3 mil concesiones, las cuales incluían a instancias especuladoras, esto es fondos de inversión operados por bancos y empresas financieras.

¿Quién recibe el agua?

Para poder administrar las aguas nacionales, en su mayoría subterráneas, México dividió el país en trece regiones hidrológicas. Tres de ellas tienen aportes billonarios al PIB nacional, que son Aguas del Valle de México, Lerma-Santiago-Pacífico y Río Bravo. Las tres están sobreexplotadas y sin disponibilidad para nuevas concesiones de agua, un problema que va en aumento en varias zonas del país, como parte de un fenómeno que la academia ha llamado la invisibilidad social del agua.

El organismo encargado de otorgar concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y permisos para la descarga de aguas residuales es la Conagua, a partir de dos lineamientos jurídicos: la Ley Federal de Derechos y la Ley de Aguas Nacionales, esta última, como explica Alex Caldera, ve el agua como un bien de valor económico para generar riqueza, principio que se contrapone con la actual visión constitucional que la considera un derecho humano.

Aunque hay excepciones a la norma, una condición fundamental que debe cumplirse para el otorgamiento de títulos de concesión y aprovechamiento de aguas es que la disponibilidad media anual del cuerpo hídrico en cuestión no sea nula o deficitaria. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado en varias ocasiones que no siempre se respetan la disponibilidad ni las vedas.

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas realizó una comparación de los títulos de concesión registrados en las bases de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) desde abril de 2015 hasta diciembre de 2018 contra la información sobre la disponibilidad media anual de los acuíferos, publicada en un decreto en el Diario Oficial de la Federación también en abril de 2015. En ese periodo, la Conagua otorgó 77 títulos en acuíferos sin disponibilidad que se concentran en tres regiones: Lerma-Santiago (61 por ciento), Río Bravo (26 por ciento) y Baja California Sureste (13 por ciento).

En el tema del acaparamiento y sobreexplotación del agua juegan un papel importante las élites económicas y los grupos de poder, tanto nacionales como locales, estos últimos compuestos en varios casos por familias enteras. Entre sus investigaciones, Samuel Rosado aplicó el índice de Gini para medir la entrega de las concesiones en México. Este instrumento es el estándar internacional para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para cualquier forma de distribución desigual.

Lo que encontró Rosado es que la entrega de concesiones de agua en el país es más desigual e inequitativa que la distribución del ingreso, rubro en el que México está entre el 25 por ciento de países más desiguales del mundo, de acuerdo con el Banco Mundial.

Las concesiones prohibidas

De las 77 concesiones reportadas por Ethos, las más controversiales resultaron ser las que superan los 10 mil metros cúbicos anuales, lo que equivale a 10 millones de litros. Para poner en contexto dicho volumen, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que para garantizar el derecho humano al agua se debe proveer entre 50 y 100 litros diarios por persona, como mínimo. Si tomamos la cifra más alta, se requieren 36 mil litros anuales por persona.

En total, las 77 concesiones suman más 4 mil 708 millones de litros anuales, si usáramos ese volumen para cumplir con el derecho humano al agua, contemplado en el artículo 4 de la Constitución mexicana, se podría abastecer anualmente a 129 mil personas. Para ponerlo en perspectiva, esa era la población de la ciudad de Zacatecas según el censo de 2010.

Además, “un detalle al que le debemos poner atención es que se conocen los volúmenes de extracción permitidos por la ley, pero no se conocen los volúmenes realmente extraídos”, señala el doctor Edgar Talledos, investigador del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis. En una nota de trabajo pública, la Conagua reconoce que solo tiene capacidad para medir 25.3 por ciento del volumen total concesionado a usuarios de aguas nacionales subterráneas, de los usos servicios, industrial y agroindustrial.

En la región Baja California Sur, se encuentran 10 de las 77 concesiones irregulares. Sumadas acumulan más de 558.4 millones de litros anuales; de ellos, la mitad fueron entregados a unidades de riego (principalmente organizaciones de campesinos), a un ejido en disputa, al aeropuerto de La Paz y al Sistema de Aguas Públicas de La Paz, que tiene autorizados 108 millones de litros anuales para abastecer del líquido a los hogares de ese municipio conectados a la red municipal de agua potable.

La segunda parte de dichas concesiones fue entregada a particulares, la más grande de ellas, con 200 millones de litros anuales, fue otorgada a Rosa María González Gámiz, exdiputada suplente en la LVII Legislatura Federal por el PRI y actual presidenta de la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche en el municipio de La Paz. De acuerdo con el Registro Público de Comercio, la producción y venta de leche son las principales actividades económicas de González Gámiz.

Otra de las concesiones otorgadas en esta cuenca sin disponibilidad y detectada por Ethos corresponde a Fernando Andrés Kuroda San, por un volumen anual de 25 millones de litros. Su familia es dueña de Grupo Kuroda, empresa con 54 años dedicada a la venta de insumos para plomería, acabados, equipos de bombeo y soluciones relacionadas con el agua.

Al buscar los apellidos Kuroda San en el Repda, se encontró que entre varios miembros de esta familia acumulan concesiones por un volumen de casi 238 millones de litros para aguas subterráneas y aprovechamientos de aguas superficiales por 81 mil 359 metros cuadrados, cantidad con la que 6 mil 520 personas cubrirían sus necesidades básicas en un año.

Para dimensionarlo, cualquiera de estas concesiones podría paliar en buena medida los problemas de comunidades indígenas marginadas, como los pueblos originarios kiliwa, tipai, kumiai, cucapá y pa ipai, que habitan en Baja California y que recientemente fueron noticia por el asesinato del activista kumiai a favor del agua, Oscar Eyraud Adams.

La sobreexplotación

En la cuenca Río Bravo, el volumen de extracción de agua autorizado en zonas sin disponibilidad dentro de la lista de las 77, es cercano a los 680 millones de litros anuales, todas en Coahuila, aunque una buena parte de las y los concesionarios tienen reportadas sus empresas o sus domicilios en el vecino estado de Nuevo León.

También cabe destacar que la mayoría de quienes tienen autorizada la extracción de altos volúmenes de agua dentro de esta lista, poseen más de una concesión de manera personal o bien: las filiales de sus empresas; personas de su círculo familiar cercano; si se trata de empresas grandes, algunos de quienes integran sus consejos de administración, que si bien es algo legal, también es muestra del acaparamiento y de la distribución desigual de la que hablan las personas entrevistadas para este reportaje.

Ejemplo de lo anterior es la Constructora Davi S.A. de C.V., que dentro de la lista de las 77 tiene una concesión por un volumen de 120 millones de litros anuales. La empresa tiene entre sus dueños a Víctor Fuad Mohamar Abugaber, quien personalmente tiene tres concesiones agrícolas por 720 millones de litros anuales y es presidente del consejo de grupo Davisa, una de las principales constructoras de naves industriales y zonas residenciales de Nuevo León, y que previamente obtuvo, en la misma región hídrica, una concesión para descarga de residuos y dos más para extracción de agua subterránea que suman poco más de 923 millones de litros anuales.

También está el caso del Consejo de Administración de Arca Continental, productores de la famosa agua Topo Chico, emblema de Nuevo León. De dicho consejo, al menos 12 personas consejeras o ex consejeras, varias de ellas pertenecientes a la misma familia, tienen concesiones dentro del marco de la ley por un volumen autorizado de 3 mil 218 millones, 209 mil 500 litros anuales, lo que permitiría cubrir el derecho humano al agua de las 91 mil 195 personas que, de acuerdo con el INEGI, no tienen servicio de agua potable en Coahuila. Eso sin contar que varias filiales de la empresa, como Bebidas Mundiales S de RL de CV, acumulan concesiones por más de 12 millones 713 mil litros anuales.

“La Conagua en muchos casos no ha cumplido con su función de hacer respetar la sustentabilidad de los acuíferos y fuentes superficiales y ha sobre concesionado”, explica la especialista en manejo de aguas y activista de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, Gloria Tobón Echeverri. Su preocupación no solo se basa en su experiencia local, el World Water Report 2014 de la UNESCO señala que México es el séptimo país del mundo que extrae más agua subterránea.

La sobreexplotación hace que las aguas subterráneas bajen de nivel, esto obliga a perforar cada vez más profundo, explica Tobón y agrega “los concesionarios grandes pueden comprar bombas de mayor capacidad, pero hay usuarios que no pueden y prácticamente se quedan sin agua”. Un segundo efecto negativo de la disminución de las aguas es que se ha llegado a las llamadas aguas fósiles, que son altas en arsénico y flúor. Tal es el caso de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Al respecto existe la Norma Oficial Mexicana (NOM) 127, que se encarga de regular la calidad del agua para uso y consumo humano; sin embargo, dicha NOM permite que el agua contenga químicos y metales nocivos para la salud en cantidades mayores que las que están recomendadas por los organismos internacionales, específicamente por la Organización Mundial de la Salud, explica Julieta Lamberti, directora de investigación de la organización Poder.

En febrero de 2012, el Congreso mexicano elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y le dio 360 días al legislativo para realizar y publicar una Ley General de Aguas que garantizara, en la práctica, el artículo 4 recién modificado. Ocho años después, esa ley sigue sin existir; alrededor de 10 millones de personas no tienen acceso al agua potable ni cuentan con drenaje. De momento, ya se prepara una iniciativa que se espera se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados antes de que termine el actual periodo de sesiones.

Al investigar sobre la NOM 127, Poder descubrió que había empresas del sector farmacéutico, fertilizantes y de agroquímicos “que estaban muy interesados en que la legislación no cambie y yo supongo, que en el tema de la Ley General de Aguas, la industria de bebidas, las refresqueras, las cerveceras y también la industria minera están interesadas en que no se les impongan regulaciones más restrictivas para llevar adelante su actividad”, comenta Julieta Lamberti.

El uso agrícola

De acuerdo con el artículo 192 de Ley Federal de Derechos, están exentos de pago “los usuarios de aguas nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, que se dediquen a actividades agrícolas o pecuarias y el uso doméstico que se relacione con estos usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2 mil 500 habitantes”. Además, como en principio la agricultura no produce aguas residuales, tampoco están sujetos a solicitar un permiso de descarga.

Esto ha hecho que el uso agrícola se convierta en el gran comodín de las concesiones de agua en México, dado que, como lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación y diversas investigaciones periodísticas y académicas, existe un alto número de concesiones agrícolas que en realidad son usadas por industrias o por grandes inmobiliarias.

En el caso de la cuenca Lerma-Santiago, 3 mil 446 millones de litros anuales fueron concesionados en zonas sin disponibilidad. La concesión más grande fue por 297 millones de litros anuales entregada a Desarrollos y Construcciones Del Centro S.A. de C.V., mejor conocida como Grupo San Cristóbal, la principal constructora de vivienda de Aguascalientes. De los nueve títulos de concesión que posee actualmente el grupo, dos son con fines agrícolas.

“En cualquier zona periurbana hay concesiones de ejidos que se vendieron a inmobiliarios y estas se quedaron con el título agrícola, aunque su uso haya cambiado a urbano”, señala Edgar Talledos, de la Universidad de San Luis. Lo anterior no es del todo ilegal, la Ley de Aguas Nacionales permite el intercambio de títulos, incluso la posibilidad de modificar el uso con tan solo notificar a la Conagua, pero algunas personas prefieren no notificar y aprovechar los vacíos legales de la LAN, por lo que, asegura Talledos, “lo que se tiene que cambiar es la ley”.

En 2014 la investigadora Teresa Souza pidió al organismo de cuenca del Río Bravo, dependiente de la Conagua, que se le entregara la información correspondiente a los contratos realizados entre concesionarios y terceras personas o empresas a quienes les hubiesen vendido el agua, el costo del intercambio y cuánto había recibido el Estado por ello. La respuesta del órgano fue que de acuerdo con el artículo 27 Constitucional y el reglamento interno de Conagua, las aguas nacionales son inalienables y no se encuentran sujetas a actos de comercio, por lo que la Conagua no tiene competencia en dichos intercambios. A pesar de ello, se ha documentado que existe un mercado negro de títulos de agua en México.

Usos poco claros

En la actualidad, los usos para la explotación del agua en México contemplados por la Conagua son los siguientes: agrícola, agroindustrial, domestico, acuacultura, servicios, industrial, pecuario, público-urbano, múltiples, generación de energía eléctrica, comercio, conservación ecológica y otros. Para el académico Samuel Rosado, estas categorías son muy limitadas, “la autoridad del agua debería usar el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), pero no quieren” asegura el también activista, para quien resulta preocupante dado que “la actual metodología que tiene la Conagua no corresponde con la realidad del país”.

Un ejemplo de esto lo encontramos en Coahuila, estado que ocupa el sexto lugar nacional en producción de maíz forrajero y alfalfa verde, “hay varias familias que reportan como uso agrícola el agua que usan para estos cultivos, que luego va a servir para alimentar a las vacas” explica Gloria Tobón. El comentario no es trivial, Coahuila exporta cada año 70 mil cabezas de ganado y es el cuarto estado con mayor cantidad de vacas lecheras según datos del INEGI, Sader y del gobierno estatal.

También existen reportes periodísticos y de varias ONG desde el 2002 que indican que en Coahuila hay más concesiones de agua para la producción de leche y ganado que para el consumo humano. Es de llamar la atención que el segundo y tercer estados con más cabezas de ganado productoras de leche se encuentren igualmente en la región hídrica del Río Bravo, que es donde se encuentra asentada la principal productora de leche de México y una de las más importantes de América Latina.

Por ejemplo, de la lista de 77 concesiones en zonas sin disponibilidad elaborada por Ethos, en Coahuila se encuentra una concesión agrícola a nombre de cuatro personas: las hermanas Samira Barragán Juárez y Gianna María Barragán Juárez, así como la madre y el padre de ambas: Matilde Juárez Rodríguez y Rodrigo Fernando Barragán Villarreal, este último hijo del fundador y miembro del consejo de administración –al igual que Samira– de Arca Continental, la segunda mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina, entre cuyas marcas se encuentran los lácteos Santa Clara.

La concesión detectada es por 140 millones de litros anuales. Las coordenadas proporcionadas por el Repda para el punto de extracción de dicho pozo, coinciden con el Rancho Santa Rosa, en el municipio de Monclova, Coahuila, dedicado a la producción bovina, según datos del padrón de beneficiarios del Secretaría de Agricultura.

El uso de categorías más precisas, coinciden las y los especialistas consultados, sirve para conocer mejor el uso que se le dará al agua, así como a categorizar la extensión e intensidad del uso de los recursos hídricos.

“En el sector agropecuario puede permitir establecer la extensión agrícola aproximada y si ese uso corresponde a la precipitación y tipo de cultivo, así como estimar si hay desviaciones del uso o subarrendamientos ilegales de la concesión”, explica Samuel Rosado,

Una de las ventajas del SCIAN usado por México, Canadá y Estados Unidos, es que se basa principalmente en los procesos de producción y la función de esa producción. En los usos industriales, el SCIAN ayudaría a diferenciar el ramo automotriz, del químico, metalmecánico, petroquímico, etcétera.

“Cada una con usos distintos de agua y con descargas muy específicas de residuos, los cuales no son analizados actualmente” comenta Rosado, quien está convencido que “un sistema preciso sería un primer paso para combatir la corrupción y manejo de los derechos de agua”.

Por su parte, la doctora Tobón Echeverri asegura que para solucionar el problema de la sobreexplotación no basta con impedir que se entreguen nuevas concesiones en los acuíferos sin disponibilidad, “sino que hay que buscar la forma para que los acuíferos estén en equilibrio y buscar la forma de reducir las concesiones existentes”.

Este trabajo fue realizado por Ethos Comunicación. Lo reproducimos con su autorización.