La corrupción es probablemente uno de los mayores lastres de Latinoamérica. Cobra vidas y suele quedar en la impunidad. Por otro lado, el llamado combate a la corrupción también ha sido instrumentalizado para venganzas políticas

Por Lydiette Carrión / X: @lydicar

Se puede decir que la tradición de asilo diplomático actual es una aportación del derecho latinoamericano, y surgió en nuestra región por un contexto muy específico: el de las dictaduras militares y las políticas intervencionistas. 

Pero vayamos un poco más atrás. 

El tema del asilo territorial fue incluido en legislación internacional, por primera vez, en 1947, apenas saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Fue así que se adoptó el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)(6):

«1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.»

Resalto en negritas la acotación que se hizo en aquel entonces, ya que analistas han invocado los acuerdos internacionales en el reciente escándalo internacional y el rompimiento de relaciones entre Ecuador y México. Diversos grupos condenan el hecho de que México haya otorgado un asilo al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas. Alegan que Ecuador acusó y sentenció a Glas por delitos del fuero común –peculado, tráfico de influencias– y más aún había sido sentenciado. 

Sin embargo, la Organización de los Estados Americanos (la OEA) exime este punto si el Estado que recibe a la persona acusada considera que se trata de una clara persecución política. 

La aportación –consideran diversos abogados entrevistados de manera informal para este texto– es positiva, ya que  cuando hay una persecución política, ningún Estado va a acusar a alguien de no pertenecer a su grupo, por lo general se le acusa de delitos, fabricados o reales.  

Con ello no pretendo probar la inocencia o culpabilidad de Jorge Glas, el exvicepresidente. Cabe recordar que el caso por el que se acusa a Glas es el de Odebrecht, el mismo por el que se acusó a personajes muy disímbolos en la región latinoamericana, provenientes de todos los colores políticos, aunque la judicialización ha sido diversa

Odebrecht

En marzo de 2014, salió a la luz uno de los más grandes escándalos de corrupción en Brasil, denominado “Operación Lava Jato”7, a través del cual se pagaban favores y sobornos a políticos para financiar sus campañas a cambio de contratos de obra pública que beneficiaban a la empresa con capital internacional Odebrecht. La investigación de este caso condujo al descubrimiento de un esquema complejo de sobornos a través de una de las constructoras con mayor presencia en Latinoamérica. 

Desde entonces, en diversos países de América Latina, las autoridades han destapado casos similares, que han involucrado a políticos de muy diverso rango y notoriedad. Destaca el hecho también de que se trata por igual de políticos de izquierda y derecha.  

El país en el que el caso Odebrecht impactó más fue por supuesto Brasil. Incluso el entonces ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Lula fue acusado y condenado por casos vinculados a Odebrecht. Aunque posteriormente otro juez anuló su condena fue anulada; determinó que hubo un ejercicio parcial de la justicia. Actualmente es presidente de nuevo.

En Perú, el caso  también tuvo un impacto muy fuerte. Sólo como ejemplo, el ex presidente de Perú,  Alan García (1985-1990, 2006-2011) se quitó la vida en 2019. Iba a ser arrestado acusado de recibir sobornos vinculados a Odebrecht. El escándalo alcanzó a otros países, como Ecuador, Panamá, Colombia, República Dominicana,  Argentina e incluso México, donde la Auditoría Superior de la Federación ya había detectado irregularidades desde 2010. 

La corrupción internacional de Odebrecht ha sido probada por diversas instancias. Cabe decir, sin embargo, que muchos de los juicios políticos se han desprendido del vuelco que el caso tomó en tribunales estadounidenses. En 2016, el Departamento de Justicia de aquel  país llevó a cabo investigaciones sobre posibles violaciones de leyes estadounidenses por parte de Odebrecht, especialmente relacionadas con el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).

Entre finales de 2016 e inicios de 2017, Odebrecht y su filial petroquímica Braskem se declararon culpables en Estados Unidos de cargos de corrupción en un acuerdo histórico con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En ese momento Odebrecht admitió haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales en varios países de América Latina y África para asegurar contratos de construcción y obtener beneficios comerciales ilícitos. Braskem, por su parte, admitió haber participado en el esquema de sobornos para asegurar contratos en Brasil y en otros lugares.

Como parte del acuerdo con las autoridades estadounidenses, Odebrecht y Braskem acordaron pagar una multa de alrededor de $3.5 mil millones de dólares. Además de la multa, Odebrecht se comprometió a cooperar con las investigaciones en curso en otros países y a implementar reformas internas para prevenir futuros actos de corrupción. Y a partir de estas declaraciones en Estados Unidos fue que algunos de los procesos en  América Latina han sido encausados. 

Algunos expertos consideran que el proceso en EEUU ha sido  sospechoso de ser una cuña para intervenir en políticas locales. Las pruebas principales hasta ahora conocidas son las declaraciones realizadas como  intercambio de reducción de penas. Un poco como ocurre con los juicios de narcos, pues. Un delincuente es detenido allá y en este proceso de acuerdos, de buscar reducir sentencias, de salvar el pellejo, hace declaraciones de todo tipo. 

Corrupción

Hubo un proceso de corrupción en Ecuador, como lo hubo en Brasil, Perú, Argentina, República Dominicana, México, Panamá, así como en otros países de África. Corrupción cometida por izquierdas y derechas por igual, que sin embargo, ha sido instrumentalizada para dirimir rencillas políticas específicas en  cada país. 

¿Qué tan culpable o inocente sobre los delitos de peculado es Jorge Glas en este contexto? Hay que hacer una declaración de principios:  por los políticos no se ponen las manos al fuego. Ni por Glas, ni por Correa, ni por nadie. Dicho esto, el contexto político en Ecuador  es claro: Rafael Correa vive exiliado, el actual presidente es su opositor y ha perseguido todo lo huela a correísmo. Otro dato que llama la atención es que Correa expulsó a la empresa Odebrecht en 2008. Sólo la dejó regresar a su país tras una serie de reformas.

¿Qué implica el correísmo a nivel internacional? Probablemente los dos casos de mayor relevancia sean el asilo de Correa a Assange en la embajada de Ecuador en Londres y el caso de Sucumbíos. 

La relación entre Correa y Assange se estableció durante el mandato de Correa como presidente de Ecuador. Assange se encontraba en Londres y buscaba  refugio político debido a las acusaciones de agresión sexual en Suecia y temores de una posible extradición a Estados Unidos por su papel en la publicación de documentos clasificados que podrían haber comprometido la seguridad nacional de Estados Unidos. Correa optó por brindar asilo a Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres a partir de 2012.

Durante el tiempo que Assange estuvo bajo protección ecuatoriana, Correa defendió públicamente la decisión de concederle asilo y criticó las acciones de Estados Unidos y otros países que buscaban su extradición. Sin embargo, después de que Correa dejara el cargo en 2017, su sucesor, Lenín Moreno, adoptó una postura diferente hacia Assange. Eventualmente revocó el asilo político en 2019, y las autoridades británicas arrestaron a Assange.

El otro evento que pinta el correísmo fue la llamada Operación Fénix que el gobierno de Colombia implementó en marzo de 2008. Colombia bombardeó e incursionó militarmente territorio ecuatoriano. Con ello acabó con la vida del entonces segundo al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), uno de los  grupos guerrilleros  más viejos de Latinoamérica, acusado también de volcarse al narcotráfico. 

En ese entonces el gobierno colombiano bombardeó un campamento clandestino que  las FARC montaron en la región de Sucumbíos, muy cerca de la frontera entre ambos países. Junto a los  guerrilleros, también fallecieron cinco estudiantes mexicanos –sobrevivió una sola mexicana–. Esto generó un escándalo internacional: la invasión del territorio, pero también se le acusó a Ecuador de albergar a guerrilleros. El caso incluso llegó a México, en el que se reactivaron las operaciones contra grupos políticos y armados disidentes. Fueron tiempos interesantes.

Por supuesto, inmediatamente Correa rompió relaciones con Colombia. Pero logró manejar las tremendas aguas internacionales y restituir relaciones en relativamente poco tiempo, a la par de que no resultó –tan– manchado por la sombra de las FARC. Eso, no cualquiera lo hace.

En resumen, el caso sabe mal por doquier. La corrupción es probablemente uno de los mayores lastres de Latinoamérica. Cobra vidas y suele quedar en la impunidad. Por otro lado, el llamado combate a la corrupción también ha sido instrumentalizado para pugnas políticas. Esto deja poca maniobra de un genuino avance en el estado de las cosas en la región.