Un acuerdo para la postulación de mujeres en cinco de las nueve entidades que elegirán gubernaturas en 2024 permanece atorado en el INE por la resistencia de los partidos. La paridad de género les complica sus acuerdos locales y hace crujir a las coaliciones

Por Ernesto Núñez Albarrán / @chamanesco

Los partidos políticos resisten la paridad. En una reunión de comisiones, en la que las consejeras del Instituto Nacional Electoral impulsaban un acuerdo para que partidos y coaliciones postulen a mujeres candidatas en cinco de las nueve entidades que tendrán elecciones de gubernatura en 2024, fue casi unánime el rechazo de los partidos políticos.

Representantes de Morena, PAN, MC, PRD y PRI coincidieron en rechazar la propuesta defendida por las consejeras Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, Rita Bell López y Norma Irene de la Cruz. Sólo el representante del Partido Verde se manifestó a favor de un cinco-cuatro que busca que haya más mujeres gobernadoras, en cumplimiento a la reforma constitucional de paridad total que entró en vigor desde 2020.

Las razones del rechazo, puestas sobre la mesa por representantes de los partidos, fueron varias, pero destacan cuatro:

• Que el acuerdo del INE busca suplir una omisión legislativa que, si bien existe en 26 entidades del país, no la hay en tres de los estados donde habrá elección de gubernatura: Jalisco, Puebla y Yucatán. Por lo que, según los partidos, deberían excluirse del acuerdo al existir ahí legislación específica en materia de paridad.
• Que el acuerdo menciona que, de las nueve entidades, sólo en tres han sido electas mujeres históricamente: Ciudad de México (Claudia Sheinbaum fue electa en 2018, aunque recientemente fue sustituida por Martí Batres), Puebla (donde Martha Érika Alonso sólo gobernó 10 días, pues murió en un accidente en diciembre de 2018), y Yucatán (donde ha habido dos gobernadoras, Duce María Sauri e Ivonne Ortega). Según los partidos, el hecho de que históricamente no haya habido mujeres electas en las otras seis entidades no justifica que ahora se les pretenda obligar a postular mujeres.
• Que las consejeras buscaban obligar a los partidos a decirle al INE en qué estados postularían mujeres a más tardar el 5 de noviembre, justo al arranque de las precampañas, pero los partidos saben que esa decisión presionaría sus procesos internos de selección de candidaturas. (El plazo se recorrería al 20 de noviembre, pues el Tribunal Electoral ya movió el calendario de precampañas para que inicien en esa fecha).
• Que el acuerdo violaría el derecho de la autodeterminación y auto organización de los partidos.

Lo cierto es que la resistencia de los partidos a que se les obligue a postular a cinco mujeres, y no sólo a cuatro como propusieron sus representantes, obedece a una simple razón: no quieren que un mandato de la autoridad electoral les complique -aún más- los acuerdos locales que están haciendo crujir a ambas coaliciones.

La selección de candidaturas se ha convertido en un dolor de cabeza para las dirigencias de los partidos, e incluso pone en riesgo las coaliciones a nivel local. ¿Podrán PAN, PRI y PRD replicar su alianza en torno a Xóchitl Gálvez en las nueve gubernaturas?, ¿lo lograrán Morena, PVEM y PT?

En el caso el Frente Amplio por México, los acuerdos se han complicado en Puebla, donde el PAN impulsa al alcalde Eduardo Rivera; en Yucatán, donde la inminente postulación de Renán Barrera ya provocó el rompimiento del ex priista -hoy pevemista- Jorge Carlos Ramírez Marín; Ciudad de México, donde Santiago Taboada ya fue prácticamente ungido candidato por la dirigencia nacional de Marko Cortés, excluyendo a Lía Limón, Kenia López, Sandra Cuevas y Mariana Moguel; en Morelos, donde le tocaría al PRI poner candidato, y donde suenan más hombres que mujeres. Lo mismo ocurre en Veracruz, donde el PRI impulsa a José Francisco Yunes y el PAN a Julen Rementería; y en Tabasco, que probablemente sea la única entidad con candidato del PRD, partido que impulsa al senador Juan Manuel Fósil.

De hecho, el único estado en el que el Frente tiene asegurado que su candidatura recaerá en una mujer es Guanajuato, donde hay dos panistas bien posicionadas: la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y la secretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal, Libia García.

Del lado del oficialismo el panorama también luce complicado: el pasado viernes, Mario Delgado dio a conocer la lista definitiva de personas que participarán en las encuestas para definir las candidaturas.

De 285 perfiles que originalmente levantaron la mano, la lista se redujo a 36, cuando los Consejos Estatales propusieron a cuatro por entidad y, para incluir a sus partidos aliados y a excluidos por los consejos estatales, la dirigencia nacional la amplió a 54, de las cuales 24 son mujeres.

Morena tiene candidatas bien posicionadas en al menos seis entidades: Clara Brugada, en Ciudad de México; Rocío Nahle, en Veracruz; Sasil de León y Patricia Armendáriz, en Chiapas; Clara Cárdenas, Claudia Delgadillo y Cecilia Márquez, en Jalisco; Margarita González, en Morelos; Yolanda Osuna y Mónica Fernández Balboa, en Tabasco. Pero en todos los casos, las mujeres deberán ganarle la interna a hombres que ya se sienten candidatos.

La posibilidad de ruptura al definirse las candidaturas locales espanta a los partidos, y por eso su resistencia a un acuerdo 5-4 que daría como resultado una ampliación de los territorios gobernados por mujeres.

Actualmente, nueve entidades son gobernadas por una mujer: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo y Tlaxcala. Siete de ellas son de Morena y dos del PAN.

Cinco gobernadoras más acercarían a México a la paridad en gobiernos estatales, en un momento que será histórico por la muy probable elección de una mujer en la Presidencia de la República.

Además, partidos, coaliciones y autoridades electorales deberán garantizar la paridad en las dos Cámaras del Congreso a nivel federal; en los 31 Congresos estatales que se elegirán y en los más de 2 mil ayuntamientos que habrán de renovarse.

Más que una aspiración, la paridad es una obligación constitucional que deberá ser cumplida por los partidos políticos, aunque les complique sus acuerdos y afecte sus intereses internos