El acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de las megaobras de este sexenio no es un golpe de Estado y López Obrador no es un dictador. El problema es que abre la puerta para que el respeto a principios básicos que creíamos protegidos por la ley sea ya abiertamente apenas opcional para este gobierno y los que le sigan

Twitter: @eugeniofv

Antes que nada, y estando las cosas como están en el país, no está de más recalcar lo obvio y descartar lo ridículo: el acuerdo por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de las megaobras de este sexenio no es un golpe de Estado y López Obrador no es un dictador. Quien considere que el acuerdo viola la ley, que vaya a las cortes a presentar una queja y ya las cortes se pronunciarán sobre su legalidad, pero en todo caso ilegalidad y golpe de Estado no son ni remotamente sinónimos. El problema con el acuerdo publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de noviembre no es ése, sino el hecho de que supone traicionar un montón de conquistas de movimientos sociales en defensa de la democracia, del medio ambiente y de la vida de las comunidades en sus territorios, y abre la puerta para que el respeto a principios básicos que creíamos protegidos por la ley sea ya abiertamente apenas opcional para este gobierno y los que le sigan.

El acuerdo establece que durante un año se considerará de seguridad nacional e interés público la realización de proyectos y obras “asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”; es decir, prácticamente todo lo que quiera hacer el gobierno federal. En los hechos esto supone que se echará el cemento primero y se preguntará después sobre los impactos sociales y ambientales. 

Más allá de su legalidad o no —y el hecho de que un acuerdo así pueda ser legal es muy preocupante, así que sería muy importante que se lo desafiara ante los jueces—, la publicación de este acuerdo pone en plata que este gobierno no piensa que el derecho refleje valores y principios (al menos, no piensa que refleje los suyos), sino que es apenas un conjunto de reglas que son un estorbo. Eso tiene el problema de que las leyes necesitan cierta legitimidad para mantenerse en pie, y si no se las respeta por su espíritu el recurso a la fuerza termina siendo la norma.

El mensaje que se manda, además, es muy claro y doloroso para quienes padecen sobre el territorio la acción del Estado y quienes sufren las consecuencias del deterioro ambiental: trabajar en materia legislativa, buscar el camino jurídico, actuar por derecho, no sirve de nada. Con el acuerdo se envía el muy peligroso mensaje de que nada que no se consiga por la fuerza e imponiéndolo sobre el terreno servirá, porque quien esté en el poder siempre podrá publicar un acuerdo que ponga en suspenso las victorias legales o legislativas. 

El riesgo que se abre con ello es enorme. Al dar carta de legitimidad a estas excepciones al derecho se pone el escenario para que otros gobernantes que quieran arrasar las selvas para, por ejemplo, abrir paso a la soya con el argumento de que así se generan empleos y eso es de interés público, o que quieran desplazar a una comunidad para poner una granja eólica de ésas que tanto disgustan al presidente y tanto daño han hecho al país, puedan hacerlo con impunidad, señalando simplemente: “Si lo hicieron ellos, ¿por qué yo no?”. 

Por otra parte, el consenso que parece haber entre la izquierda política en defensa de ésta y otras medidas y políticas del presidente es también muy preocupante, porque implica que quienes podrían ponerle cota con decencia y sin caer en los despropósitos de ese remedo de oposición que padecemos aceptan este retorno al presidencialismo autoritario y no ven estos riesgos tan evidentes. 

Estamos entonces entrampados entre quienes usaban el derecho para el despojo —como hicieron los artífices de la reforma energética anterior, tan terrible— y quienes lo anulan para imponer sus propios megaproyectos a costa de los habitantes del territorio. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.