El conflicto diplomático entre México y Ecuador va para largo, porque en ambos países la situación política no es la más propicia. La salida salomónica al embrollo –y que recomendó la CIJ- es esperar a mejores tiempos

Por Alberto Nájar / X: @anajarnajar

¿Es una derrota para México el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su disputa con Ecuador?

No. La resolución de los jueces de La Haya tiene implicaciones más amplias del caso que analizaron, y que deben analizarse fuera de la coyuntura o el momento político actual.

Aquí algunos puntos en esa ruta:

1. En sentido estricto la determinación de los jueces representa una primera etapa de un proceso que puede durar varios años.

La Corte no analizó el fondo de la petición de México, es decir, tomar medidas ejemplares para evitar que otro país cometa la barbaridad ordenada por el presidente Daniel Noboa de Ecuador, al ordenar el asalto armado a la embajada mexicana en Quito.

El planteamiento es importante porque preservar el estatus de las embajadas como territorio del país que representan, es una de las bases de la diplomacia internacional.

Lo mismo ocurre con el asilo humanitario como el que México concedió al exvicepresidente Jorge Glas: esta figura internacional ha salvado miles de vidas de personas amenazadas por sus propios países.

La combinación de éstos y otros elementos de legislaciones internacionales, explican el estado de paz que prevalece en casi todo el planeta.

• La CIJ no indicó explícitamente medidas cautelares para proteger las instalaciones de la embajada mexicana y las residencias del personal diplomático, como pidió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), básicamente porque eso ya lo había ofrecido el gobierno de Ecuador.

En la demanda presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, se establece por escrito el compromiso de proteger esas instalaciones.

Los jueces, entonces, decidieron no aplicar medidas que oficialmente ya están cumplidas.

En todo caso, si se comprueba que no el gobierno ecuatoriano incumple el compromiso, podría enfrentar una sanción mayor a su expulsión a la ONU.

• Aún queda pendiente de resolver la demanda de Ecuador contra México ante la misma CIJ.

La Cancillería ecuatoriana acusa una supuesta violación a los artículos 41 de la Convención de Caracas sobre relaciones diplomáticas de 1961; el 3 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, el 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, el 14 de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1966, así como el 43, 46 y 48 de la Convención contra la Corrupción de 2003.

También señala a México por incumplir las cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, la OEA.

Con la invocación de estos elementos jurídicos el gobierno de Noboa argumenta que la embajadora mexicana Raquel Serur albergó indebidamente a un presunto criminal, como consideraba a Jorge Glas.

El argumento central es que la diplomática recibió en la embajada al exvicepresidente desde diciembre de 2023, y fue hasta abril que se le concedió el asilo.

Según el gobierno ecuatoriano eso implica colaboración en un intento de fuga; México afirma que en ese tiempo analizó las condiciones legales y políticas de Glas para poder conceder el asilo.

• En todo caso, al abordar la demanda la CIJ solicitará a las partes que presenten sus alegatos, lo cual implica para México la oportunidad de argumentar específicamente el tema del asilo, y las consecuencias de ponerlo en riesgo.

Es en ese momento que la Corte deberá analizar el fondo del asunto planteado por la cancillería mexicana.

• Con su fallo la CIJ cumple el párrafo IV del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, así como el 33 del mismo protocolo que ordenan a los estados miembros privilegiar todos los métodos políticos y diplomáticos a su alcance para resolver sus diferencias.

Es lo que sucedió en el caso de México y Ecuador: los jueces piden negociación y diálogo para resolver el conflicto.

• El mensaje va más allá de este caso. Otorgar las medidas cautelares solicitadas por México sin agotar las negociaciones, significa una especie de permiso a otros estados para evitar el diálogo y recurrir a las cortes internacionales para resolver cualquier asunto.

En los hechos eso implica una especie de autorización para no atender las responsabilidades de cada país en los problemas que generan o enfrentan, y deja en virtual indefensión a los afectados, generalmente los sectores más vulnerables, porque las resoluciones de organismos como la CIJ tardan años en concretarse.

• En todo caso es difícil atender en corto plazo la resolución de la Corte Internacional de Justicia.

Por ahora el gobierno mexicano no está dispuesto a retomar el diálogo con Ecuador porque debe esperar primero el fallo de la CIJ sobre la demanda de Ecuador.

Además, el momento político actual no es el más adecuado: México vive la jornada electoral más grande de la historia que implica la renovación de una buena parte de la estructura de poder en el país.

Este 2 de junio se elige a la sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de senadores y diputados.

En Ecuador tampoco son los mejores tiempos para ampliar la agenda. Desde hace varios meses algunas regiones del país se encuentran en virtual toque de queda por la creciente inseguridad.

Los asesinatos políticos del año pasado no se han resuelto, como tampoco la crisis económica y de energía que afectan a millones de personas.

Además, en mayo de 2025 termina el período por el que Daniel Noboa fue elegido en sustitución del expresidente Guillermo Laso.

Noboa quiere reelegirse, y para conseguirlo necesita mantener la popularidad que tiene hasta el momento.

Una disculpa pública por el ataque a la embajada mexicana, que es parte de la resolución planteada por la CIJ, implicaría para el presidente un golpe a la imagen de político desafiante y poderoso que quiere construir.

Al final del día, todo indica que para México y Ecuador la solución salomónica –y que de hecho recomendó la CIJ- es esperar a mejores tiempos.