No es exagerado decir que la certeza del voto se pone en peligro con el plan B; no son exageradas las consignas #MiVotoNoSeToca y #ElINENoSeToca, que este domingo congregaron a cientos de miles que decidieron confrontar al presidente en donde más le duele: la plaza pública.

Ernesto Núñez Albarrán

Twitter: @chamanesco

Como no había ocurrido en décadas, hoy las reglas y el árbitro de la próxima elección presidencial son motivo de disputa; preocupan políticos, intelectuales y académicos, y sacan a la gente a la calle.

A quince meses de la jornada electoral, reina la incertidumbre sobre las normas y sobre la institución que habrá de arbitrar la contienda.

El plan B de reforma electoral impuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su mayoría legislativa han generado un innecesario conflicto preelectoral.

Las reglas de las elecciones no serán, como había venido ocurriendo, el resultado de un acuerdo político entre los contendientes, sino el producto de la deliberación de 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrán la última palabra en la definición de dichas reglas. 

Las leyes de un sistema que -pese a todo- funciona han sido trastocadas de fondo y, hoy, nadie sabe si serán las reglas vigentes, o las que se redactaron en un despacho de la Secretaría de Gobernación, las que regirán una mega elección en la que se renovarán la Presidencia de la República, las dos Cámaras del Congreso de la Unión, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ocho gubernaturas y miles de ayuntamientos y diputaciones locales.

El galimatías electoral que los diputados y senadores de Morena, PT y PVEM aprobaron en diciembre, y ultimaron la semana pasada, entrará en vigor en cuanto el presidente de la República decida promulgarlo, pero inmediatamente será impugnado, tanto por el INE como por los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil.

Así ocurrió ya con las dos primeras leyes del plan B (Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas), por lo que se espera que las cuatro leyes restantes de la reforma corran la misma suerte. Pero esta vez con un factor que resultará clave: la entrada en vigor de los nuevos ordenamientos tendrá efectos inmediatos en la estructura y naturaleza del órgano electoral.

De entrada, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, tendría que dejar el cargo; la Junta General Ejecutiva tendría que ser disuelta y Lorenzo Córdova tendría que poner en marcha una serie de procesos para la implementación del plan B que tanto ha criticado.

Por ello, resultará importantísima la decisión que tome la Corte frente a las impugnaciones: ¿otorgará la suspensión de los efectos de las leyes al momento de admitir las acciones de inconstitucionalidad?

Esa primera incertidumbre podría durar sólo una semana, si el presidente promulga pronto la reforma, si las impugnaciones se presentan de inmediato y si la Corte actúa ipso facto.

Podría llegar hasta abril, si el presidente decide promulgar hasta que se hayan ido Lorenzo Córdova y tres consejeros más del INE, y un nuevo Consejo General decida adoptar el plan B -desconociendo el acuerdo adoptado el 25 de enero por el actual Consejo de impugnar la reforma.

O podría durar hasta junio, cuando se cumple el plazo que, de acuerdo con las leyes vigentes, sería el límite para modificar las leyes electorales de 2024; es decir, 90 días antes del arranque formal del proceso electoral. Si para el 2 de junio la Corte no ha validado el plan B, éste ya no entraría en vigor en la próxima elección presidencial… y todas y todos dormiremos más tranquilos.

En el camino se atraviesa otra decisión de gran trascendencia: la designación de una nueva presidenta o presidente del INE y tres consejeros más, cuyo proceso ha arrancado de manera accidentada, y en el que decenas de cuadros morenistas buscan acomodo.

La salida de Lorenzo Córdova -prevista para el 3 de abril- sin duda dará pie a un nuevo INE, con nuevas formas y nuevas actitudes frente al poder. Pero si la Cámara de Diputados yerra en el camino -por ejemplo, queriendo imponer su mayoría en todas las decisiones inherentes a la designación-, los nombramientos también serán impugnados por la vía legal, y el Poder Judicial también tendría en sus manos la decisión de quién será, finalmente, el árbitro de 2024.

Muchas dudas se ciernen sobre las elecciones, cuando estamos a menos de año y medio del domingo 2 de junio de 2024.

Por eso fue tan importante el 26F.   

El mensaje del Zócalo lleno y la movilización de miles de personas en varias ciudades del país es contundente: hay una genuina preocupación por el sufragio efectivo.

Hay un auténtico repudio al plan B del oficialismo que, ante su incapacidad para pactar una reforma política constitucional con la oposición, decidió usar un atajo para modificar las reglas electorales al vapor, de madrugada, en totalidad opacidad, violando procedimientos legislativos elementales y sin un mínimo estudio técnico sobre las repercusiones de los cambios.

No es exagerado decir que la certeza del voto se pone en peligro con esas reformas; no son exageradas las consignas #MiVotoNoSeToca y #ElINENoSeToca, que este domingo congregaron a cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que decidieron salir a la calle y confrontar al presidente en donde más le duele: la plaza pública.

Sin reparar en el pasado político de algunos convocantes y organizadores de la manifestación, la gente salió a defender, ya no el voto, sino la garantía de que éste pueda emitirse en condiciones de legalidad, y la certeza de que, como viene ocurriendo desde hace un par de décadas, el voto se cuente adecuadamente.

Sí, fue una manifestación de clase media y clase media alta; una movilización de personas que probablemente nunca había ido a una marcha antes, que no fuera la del 13 de noviembre del año pasado.

Fue una concentración de “privilegiados” que, muy probablemente, nunca se solidarizaron con las grandes causas sociales de los últimos años (la violencia, los desaparecidos, la corrupción, el feminismo…), pero eso no le quita ni legitimidad ni razón a quienes salieron a protestar.

La movilización marca un hito en el sexenio de López Obrador -quien dedicará la mañanera de este lunes a descalificar a los manifestantes-, deja como saldo positivo un sector de la ciudadanía movilizada por una causa y que ha decidido hacer a un lado la apatía de los más acomodados.

Como saldo negativo, la exhibición de una clase política “opositora” a la que ese Zócalo lleno le queda enorme, y que no tardó ni un minuto en competir por ver quién capitaliza ese sentimiento anti-AMLO que tan a flor de piel estuvo presente.

Y una gran duda: ¿qué efectos tendrá esto en las elecciones de 2024?

Si alguna conclusión puede sacarse de lo ocurrido este domingo, en el Zócalo y en decenas de ciudades, es que la ciudadanía ha rebasado a sus políticos, y que no se ve partido, coalición o personaje que pueda dar cauce a eso en los próximos meses.

Ése es otro motivo de incertidumbre.