Los comicios del próximo año se verán impactados por el movimiento feminista. Muchas de las gobernadoras, diputadas o alcaldesas electas terminarán abriendo brecha para ser las primeras, pero no las últimas, en ocupar esos cargos

Twitter: @chamanesco

El triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos entraña dos buenas noticias para la democracia: por un lado, Donald Trump dejará de ser presidente de una de las naciones más poderosas de la tierra; por otro, por primera vez una mujer ocupará la Vicepresidencia de dicha nación.

Se llama Kamala Harris, nació en 1964 en Oakland, California; es de tez morena y es hija de inmigrantes: una mujer india y un hombre jamaicano que llegaron a Estados Unidos en la década de los 60.

“Soy negra y estoy orgullosa de ello”, dijo hace unos años la hoy senadora por California (electa en 2016), quien ha acaparado la atención de la prensa internacional, no sólo por ser la compañera de fórmula de Biden, sino por la elocuencia, inteligencia y carisma que derrochó el sábado, en el evento de celebración organizado por el Partido Demócrata en Delaware, una vez confirmada su victoria.

Vestida de blanco –el color del uniforme de las sufragistas norteamericanas de principios del siglo XX–, la próxima vicepresidenta dijo en su discurso: “puede que sea la primera mujer en esta oficina, pero no seré la última, porque todas las niñas que miran esta noche ven que éste es un país de posibilidades”.

Sin duda, fue un acierto de Joe Biden y del Partido Demócrata haber colocado como candidata a la Vicepresidencia a Kamala Harris, quien desde ya se está convirtiendo en un emblema mundial en favor de la paridad, la equidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Banderas de un movimiento feminista que avanza como una ola en todo el mundo, y que en México ha calado muy hondo.

Kamala Harris será un nuevo referente para las mujeres que llevan ya más de un año manifestándose (soportando una pandemia y otras vicisitudes) en demanda de espacios igualitarios de participación en la vida social, económica y política, y exigiendo punto final al acoso machista, el abuso y la violencia de la que son víctimas sólo por ser mujeres.

La vicepresidenta asumirá el segundo cargo más importante en Estados Unidos el 20 de enero de 2021 y, a partir de ese momento, iniciará su propia carrera hacia la Presidencia en las elecciones de noviembre de 2024.

Su ejemplo será emulado por miles de mujeres en todo el mundo, y puede que inspire a muchas para ensanchar sus expectativas y posibilidades.

Lo hará sin duda en México, donde los comicios de 2021 se verán impactados por el movimiento feminista y la agenda de la paridad, que sin duda imprimirán su sello como uno de los principales temas del proceso electoral.

En lo social, es de esperarse que las chicas que se han movilizado en los últimos meses y años aprovechen las campañas para llevar su agenda al Congreso federal (que será renovado con la elección de 500 diputaciones), a los Congresos estatales, a los municipios y a las gubernaturas.

En lo legal, la agenda ya está en marcha, tras los cambios aprobados por la 64 Legislatura. Por un lado, la reforma constitucional de la paridad total, aprobada y promulgada durante 2019; por otro lado, las reformas que dieron pie a la llamada Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra la Mujer por Razones de Género.

Ambas reformas tendrán que aterrizar en las elecciones de 2021 y, de hecho, las autoridades electorales ya empezaron a dar pasos para su implementación.

El 28 de octubre, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, que contiene un interesante dispositivo llamado “3 de 3 contra la violencia”.

Este lineamiento, propuesto por la activista Yndira Sandoval y empujado por legisladoras y consejeras electorales, consiste en obligar a los partidos a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura la firma de un formato en el que declaren, bajo protesta de decir verdad, que no han sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; que no han sido sancionados como deudor alimentario o moroso y que no cuentan con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.

El pasado viernes 6 de noviembre, el mismo INE aprobó un acuerdo para forzar a los partidos a postular al menos siete mujeres en los 15 estados donde habrán elecciones de gubernatura.

Esta medida busca avanzar hacia una República con más mujeres gobernadoras, tomando en cuenta que actualmente sólo dos entidades nos son gobernadas por hombres: la Ciudad de México y Sonora, donde el próximo año culminará el mandato de la priista Claudia Pavlovich.

Tras el acuerdo del INE, que podría ser impugnado ante el Tribunal Electoral, hará que los partidos busquen suficientes mujeres para postularlas a las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.  

La medida levantó ámpulas en las cúpulas de los partidos políticos, principalmente en el Senado de la República, donde el morenista Ricardo Monreal encabezó una estrategia para tratar de reventar el acuerdo que en el INE fue empujado con notable activismo por la consejera Claudia Humphrey.

Acompañado hasta por senadoras, como la priista Claudia Ruiz Massieu y la panista Xóchitl Gálvez, Monreal dirigió un exhorto al INE en el que le advirtió sobre las consecuencias de adoptar un acuerdo que, según el senador, invade las facultades del Poder Legislativo, al prácticamente meterse a legislar sobre un tema en el que el Senado ya se había pronunciado: la aplicación del principio de paridad total en cargos unipersonales.

El exhorto fue ignorado por casi todo el Consejo General del INE (sólo los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña y Uc-Kib Espadas Ancona votaron en contra), y el acuerdo aprobado fue calificado como un paso histórico hacia la paridad total.

Tanto, que el representante de Morena ante el INE, Alejandro Viedma, terminó diciendo que su partido no impugnará el acuerdo ante el Tribunal Electoral, a pesar de su desacuerdo con el mismo.

El PAN, cuya representante ante el INE (Mariana Chica) también se pronunció en contra y lanzó duras críticas y advertencias al Consejo General, terminó rectificando su postura, en un breve comunicado en el que anunció que postulará siete mujeres a las gubernaturas.

La agenda de la paridad y de una competencia política libre de violencia de género parece abrirse paso de cara a las elecciones del año entrante, en las que habrán de elegirse más de 3 mil 500 cargos públicos: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones locales y mil 926 ayuntamientos.

La ola feminista no se detiene, y todo parece indicar que quien decida pararse frente a ella será arrollado. Si no, pregúntenle a Ricardo Monreal y a Miguel Ángel Mancera, su enviado al INE para tratar de boicotear el acuerdo.

El 2021 será feminista. Muchas de las gobernadoras, diputadas o alcaldesas electas en esos comicios podrán abrir brecha para ser las primeras, pero no las últimas, en ocupar esos cargos.