Las declaraciones confusas y poco apegadas a la realidad, efectuadas por dudosos abogados a El Universal, relaciona a los ejidatarios de El Bajío con el crimen organizado y los acusa de un despojarse a ellos mismos de sus propias tierras, una vieja estrategia de desinformación auspiciada por políticos y empresarios confabulados con la familia Baillères

Por Kau Sirenio / X: @kausirenio

A un mes de que se cumplan tres años del asesinato del excomisario ejidal de El Bajío Jesús Robledo Cruz y su esposa María Jesús Gómez Vega, los ejidatarios acusaron a la minera Penmont, al senador José Narro Céspedes y al diario El Universal de tergiversar la información de su lucha, “en las notas hemos notado un patrón de falsas y dolosas aseveraciones que sólo buscan deslegitimizar nuestra causa, la cual nos ha costado la vida de compañeros y compañeras” señalan.

Las declaraciones confusas y poco apegadas a la realidad, efectuadas por dudosos abogados a El Universal, relacionan a los ejidatarios con el crimen organizado y los acusa de despojarse a ellos mismos de sus propias tierras.

Las acusaciones llegan mientras los ejidatarios esperan a que se ejecuten las 67 sentencias que dictó el Tribunal Agrario 28 hace nueve años y medio, en las que obliga a la empresa minera Frenillo PLC, propiedad de la familia Baillères, que tienen que restablecer el territorio que ocupó ilegalmente a su estado natural.

Durante todos estos años, la minera entorpece la ejecución de las sentencias, junto con sus cómplices.

Uno de ellos, el senador José Narro Céspedes, quien fue señalado por los ejidatarios de trabajar para los Bailleres:

“Las declaraciones del Senador, donde indica que existen conversaciones entre el ejido El Bajío y la empresa minera Fresnillo PLC, son totalmente falsas, ya que no nos encontramos, ni nos encontraremos, en conversaciones con la empresa minera para que esta vuelva a operar en nuestras tierras. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: el ejido El Bajío es y seguirá siendo un territorio libre de empresas mineras”.

La publicación de información favorece y responde a los intereses de Fresnillo a través de su director general, Octavio Alvídrez, “quien dispone de una red de corrupción que abarca senadores, medios de comunicación, crimen organizado y abogados corruptos”.

Es evidente que las relaciones de la minera con el crimen organizado posibilitaron el asesinato de tres ejidatarios: Raúl Ibarra de la Paz, Jesús Robledo Cruz y su esposa María Jesús Gómez Vega; y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez.

En este contexto, los ejidatarios señalan a José Hemel Quintero Ley y Rodrigo Omar Paez Quintero, criminales buscados por la justicia estadounidense y protegidos por la justicia mexicana, de estar detrás de las últimas amenazas que han vivido.

“El diario El Universal promueve con su información la remoción o cambio de la magistrada del Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora, Alejandrina Gamez Rey, quien ha sido la única magistrada que, desde el dictamen de las sentencias en el 2014, en respeto al derecho humanos de acceso a la justicia que la Constitución de nuestro país reconoce, ha dado seguimiento del caso sin someterse a los intereses de la empresa minera” señalan los ejidatarios.

La familia Baillères mueve todas sus conexiones políticas y mediáticas para garantizar la no ratificación de magistrados apegados a la Ley y no a sus intereses, que no son otros que el saqueo de las tierras para obtener enormes ganancias y continuar generando hambre y pobreza en las comunidades.

De hecho, la injerencia de los Bailleres en el Senado de la República quedó al descubierto cuando los senadores no ratificaron al magistrado Manuel Loya Valverde, quien fue el que dictó las sentencias en el 2014, y con el paso de más de siete magistrados por el Tribunal Agrario número 28.

El Tribunal Superior Agrario tiene que ejecutar las 67 sentencias dictadas en el 2014 para que los ejidatarios vivan sin las amenazas ni acosos por el grupo civil armado que los hostiga y los asesina.

Además, el Estado mexicano tiene que buscar Noemí Elizabeth López Gutiérrez, desaparecida el 12 febrero de 2018 cuando asesinaron a su esposo Raúl Ibarra de la Paz. Solo así habrá justicia para cada una de las víctimas.