El Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto ordenó al Ejido de La Sierrita de Galeana, en Durango, pagar más de 5.6 millones de pesos a la compañía canadiense Excellon Resources. Las tierras de los ejidatarios, donde opera la mina, permanecerán embargadas hasta que el Tribunal resuelva un amparo promovido por los pobladores

Texto: José Ignacio de Alba.

Foto: Archivo Pie de Página

Pagar lo impagable. Es lo que tienen que hacer los ejidatarios de un pequeño pueblo de Durango. Después de 4 años de juicios, demandas y contrademandas entre la comunidad de La Sierrita de Galeana y la empresa canadiense Excellon, por el incumplimiento de contrato de arrendamiento para la explotación de una mina de plata, el juzgado sexto del Tribunal Unitario Agrario resolvió que los campesinos deben pagar a la minera una indeminización de 5,6 millones de pesos.

El Tribunal también determinó que la empresa debe retirarse del Ejido y devolver de inmediato el terreno ocupado; sin embargo, condicionó la entrega del terreno a que los ejidatarios paguen.

Es ilegal, acusan la defensa de los ejidatarios, porque las tierras ejidales son inembargables.

Excellon inició operaciones en el ejido La Sierrita en 2004. Cuatro años después, la empresa y los ejidatarios firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales, que aumentarían cada año de acuerdo con la inflación. En ese contrato se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales que en su mayoría fueron incumplidas por la empresa. Además, realizó exploraciones fuera del área rentada, lo que provocó que, en septiembre de 2012 los ejidatarios presentaran una demanda por rescisión del contrato contra la minera ante el Tribunal Unitario Agrario.

Después el mundo conspiró en contra de los ejidatarios de este pueblo. A la empresa canadiense, se le sumaron la Embajada de Canadá, autoridades estatales y federales que armaron estrategias para que la minera no dejara el lugar.

La batalla en los tribunales lleva 4 años, pero las condiciones en las que viven los pobladores son cada vez peores: la escases de agua, la pobreza y la falta de oportunidades le han dado a Excellon el perfecto opositor.

Ver: El pueblo que secó la plata

¿A quién le conviene que el juicio se alargue?

Los pobladores han acusado en diversas ocasiones que Excellon se beneficia de la dilación de la justicia, porque mientras el juicio se extiende, la empresa sigue extrayendo plata de las mil 100 hectáreas del ejido. Pero además, en los cuatro años de litigio, la empresa no ha hecho el pago por la renta de la tierra.

El abogado de los ejidatarios, Juan Antonio López, explica en cálculos rápidos que la minera tiene una deuda de más de 20 millones de pesos con los pobladores por no pagar el arrendamiento correspondiente en estos años de juicios. Esto sin incluir el pago de becas, un fondo social y una planta purificadora que la compañía estaba obligada a instalar, según el contrato.

El Tribunal Agrario también concluyó que Excellon no tenía que pagar a los ejidatarios de La Sierrita por los daños que las actividades de la empresa causan en la comunidad y a su tierra.

“Dicen que estaban cubiertos con el pago de la renta. Pero si no han pagado la renta tampoco han pagado los daños que está causando”, dice López. “Lo cierto es que, a la fecha y derivado de la sentencia emitida por el Tribunal, el ejido La Sierrita no ha recibido ni el pago de los daños causados, ni el pago de la compensación pactada en el contrato, dejando con esto a los ejidatarios y ejidatarias en un estado de incertidumbre jurídica”.

Mientras tanto, “la mina sigue ganando tiempo y ganando dinero, sigue con la explotación, entre más tarde el Tribunal la mina va a seguir teniendo más”.

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José Ignacio De Alba

Cronista interesado en la historia y autor de la columna Cartohistoria que se publica en Pie de Página, medio del que es reportero fundador. Desde 2014 ha recorrido el país para contar historias de desigualdad, despojo y sobre víctimas de la violencia derivada del conflicto armado interno. Integrante de los equipos ganadores del Premio Nacional Rostros de la Discriminación (2016); Premio Gabriel García Márquez (2017); y el Premio Nacional de Periodismo (2019).

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