Ecuador intensifica la vigilancia estatal bajo el argumento de la seguridad nacional, aprobando leyes que, según organizaciones de derechos humanos, facilitan el espionaje masivo y la persecución de periodistas, indígenas y opositores políticos. El gobierno de Noboa, con apoyo de Estados Unidos, consolida un estado punitivo que prioriza el control sobre las garantías civiles

Texto: Manuela Marcos Rodas

Foto: Redes sociales de Daniel Noboa

ECUADOR. – Las normas de seguridad en Ecuador en 2025 no solo buscan combatir el crimen organizado, sino que generan un marco legal que habilita violaciones a garantías civiles, sobre todo contra periodistas, sindicatos, ambientalistas, organizaciones sociales y detractores políticos del régimen de Daniel Noboa.

Contexto nacional

La narrativa oficial de “seguridad” en Ecuador en 2025 se traduce en un endurecimiento punitivo y de control social que debilita la democracia. Las nuevas leyes no solo se orientan al crimen organizado, sino que habilitan el espionaje, la criminalización de la protesta y la persecución política de sectores críticos, en abierta contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos.

Las leyes de 2025 se aprobaron en un clima de “guerra contra el crimen” declarada desde enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, lo que permitió flexibilizar controles judiciales y democráticos. La Ley de Inteligencia (11 de junio de 2025) y la Ley de Integridad Pública (26 de junio de 2025) se inscriben en un marco regional de endurecimiento punitivo bajo el discurso de “seguridad nacional” y “lucha contra el crimen organizado”.

En Ecuador, estas leyes se integran con la Ley de Seguridad Pública y del Estado (norma marco ya existente) y acuerdos ministeriales como el de la Corte Constitucional (Nº 58) que otorgan a Fuerzas Armadas y Policía un rol protagónico en tareas de seguridad interna.

Pero desde la declaratoria de guerra interna, se incrementó el IVA en tres puntos, y las estadísticas de violencia tienen su peor momento en la historia de ese país sudamericano: Ecuador marca récord con 4.619 homicidios en el primer semestre de 2025, un 47 % más que en 2024.

Ecuador, un “socio valioso” de Estados Unidos

“Necesitamos más soldados para librar esta guerra”, declaró el presidente Daniel Noboa en una entrevista para la BBC. Recalcó que busca ayuda internacional para una «guerra» contra crímenes transnacionales. Y en ello cuenta con la ayuda del gobierno del presidente Donald Trump.

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, afirmó que el apoyo de naciones como Estados Unidos es crucial para la lucha contra el narcotráfico y la mejora de la seguridad fronteriza y marítima. Este apoyo, que ya ha incluido donaciones de equipo tecnológico, se da en el marco de una cooperación bilateral basada en el respeto mutuo, con la premisa de que las operaciones siempre estarán bajo el control de las fuerzas ecuatorianas.

Algunos miembros del Congreso de Estados Unidos han elogiado al gobierno de Noboa como un «socio valioso» en materia de seguridad y otros temas, y han abogado por una expansión continua de la cooperación en defensa y seguridad; mientras que otros miembros han expresado su preocupación por violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Noboa, como señala un informe de Amnistía Internacional en 2024, e instaron al Departamento de Estado a garantizar que la asistencia estadounidense en materia de seguridad al país cumpla con las Leyes Leahy.

¿Quiénes serán vigilados y por qué?

Según el gobierno, estas leyes son herramientas diseñadas para enfrentar una crisis de seguridad nacional, combatir al crimen organizado, narcotráfico y redes transnacionales violentas, y proteger a la ciudadanía.

La Ley Orgánica de Inteligencia, que entró en vigor el 11 de junio de 2025, fue presentada como una pieza clave del plan de Noboa para desarticular organizaciones criminales que operan en Ecuador. La normativa crea un Sistema Nacional de Inteligencia (con siete subsistemas: policial, militar, financiero, tributario, aduanero, penitenciario y la Casa Militar Presidencial) y se presenta como un mecanismo de fortalecimiento institucional frente al crimen organizado.

Sin embargo, las leyes habilitan vigilar a cualquier ciudadano crítico del poder, especialmente periodistas, sindicatos, ambientalistas, pueblos indígenas y opositores políticos.

Recientemente, en un episodio que conmocionó al país, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) retuvo a tres policías que vigilaban a Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE. A través de un proceso de justicia indígena, se dio a conocer que los policías tenían ‘alias’, se mantenían encubiertos y operaban con la ayuda de un medio digital haciéndose pasar por periodistas.

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En ese marco de criminalización de toda postura crítica al gobierno, los políticos detractores, así como los luchadores sociales, son fácilmente señalados como elementos perturbadores e identificados como “amenaza a la seguridad del Estado”.

Es así que la simple participación en una protesta social podría ser la justificación de la inteligencia estatal para perfilar y vigilar a líderes sindicales y sociales, especialmente en contextos de huelgas, protestas o movilizaciones. Actualmente, muchos de los asistentes a manifestaciones públicas cubren sus rostros por miedo a sufrir persecución y ser blanco de vigilancia. No es para menos la preocupación; los chats revelados por el MICC muestran que más de 60 organizaciones sociales son vigiladas actualmente.

Otros blancos son las comunidades y ambientalistas que resisten a proyectos mineros y petroleros, que pueden ser objeto de espionaje, catalogadas como actores “desestabilizadores”, así como los periodistas y comunicadores comunitarios que están obligados a revelar fuentes, contactos y reporteo, alertó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en un comunicado.

Riesgos y afectaciones a derechos

La Ley de Inteligencia obliga a las operadoras a entregar datos para operaciones de inteligencia sin orden judicial, abarcando información histórica y en tiempo real de comunicaciones y localización. La Ley de Inteligencia obliga a las operadoras telefónicas a entregar información, lo que abre la puerta a la vigilancia masiva.

La Ley de Integridad Pública endurece penas para adolescentes, desplazando un enfoque de reinserción social hacia uno punitivo. Esto no solo afecta garantías de niñez y adolescencia, sino que abre la posibilidad de justificar la militarización en barrios populares y el aumento de detenciones arbitrarias.

Análisis internacionales describen las normas como puertas al espionaje masivo, con débil supervisión y sin contrapesos parlamentarios, lo que erosiona la privacidad y la rendición de cuentas.

Human Rights Watch (HRW) advirtió que las nuevas leyes aprobadas y firmadas por el gobierno de Noboa “ponen en riesgo derechos” al ampliar poderes estatales sin salvaguardas robustas.

Desde la Organización de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño expresó su “profunda preocupación” por las modificaciones introducidas mediante la Ley de Integridad Pública, especialmente por el aumento de penas máximas de 8 a 15 años para adolescentes, y la extensión de la prisión preventiva de 90 días a un año. Estas reformas “violan el derecho internacional relativo a los derechos de los niños” y no ofrecen protección adecuada a quienes reclutan por redes criminales.

Entre enero de 2024 y mayo de 2025, detuvieron a 3386 menores de edad en Ecuador por su presunta vinculación con el crimen organizado, en el contexto de la declaratoria del conflicto armado interno. Esto incluye casos relacionados con narcotráfico, entre otros delitos graves.

Se consolida un Estado punitivo

La seguridad deja de ser un derecho ciudadano integral y se convierte en un dispositivo de control político. Se amplían los márgenes de acción de la seguridad e inteligencia sobre la vida privada y la organización colectiva.

Se genera un efecto de enfriamiento o disuasión, y hasta de autocensura sobre la crítica social: periodistas no investigan, sindicatos limitan sus acciones, ambientalistas evitan visibilizar denuncias, especialmente sobre corrupción, abusos estatales y proyectos extractivos. De esta forma, las afectaciones a los derechos civiles podrían resumirse en:

● Libertad de expresión: riesgo de espionaje sin garantías judiciales y limitación de fuentes periodísticas.
● Libertad de asociación y protesta: mayor vulnerabilidad de organizaciones sindicales y sociales ante la vigilancia estatal.
● Derechos de la niñez y adolescencia: regresión en estándares internacionales al priorizar castigo sobre protección integral.
● Derecho a la intimidad y privacidad: erosión por acceso estatal a información de comunicaciones privadas.

Desde el 24 de julio, cuando el Ejecutivo declaró la fusión del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energías, así como la del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, se han autoconvocado cada semana diversas marchas desde la sociedad civil, trabajadores y colectivos ambientales y sociales.

Tras una protesta organizada el 12 de agosto por el Ejecutivo contra la Corte Constitucional —en reacción a la suspensión de artículos de leyes como la de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad Nacional—, la ONU condenó los ataques y calificó estas acciones como “inaceptables”.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, alertó sobre “noticias muy preocupantes” relacionadas con amenazas a la Corte Constitucional por parte de otros poderes del Estado, luego de declaraciones de la ministra de Gobierno cuestionando a la Corte.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al gobierno de Daniel Noboa a ‘asegurar la independencia judicial y el libre desarrollo’ de los jueces de la Corte Constitucional. El gobierno de Daniel Noboa acusa a los nueve magistrados de estar a favor del crimen organizado, en el marco del tratamiento de decenas de demandas de inconstitucionalidad planteadas por organizaciones de la sociedad civil en contra de las leyes orgánicas de Integridad Pública, de Solidaridad Nacional y de Inteligencia.

En un pronunciamiento este sábado 30 de mayo, Leonidas Iza hizo un llamado a los ecuatorianos para unirse contra “el intervencionismo”. Hace un análisis crítico a la alineación hegemónica a la guerra y sus negocios, problematizando la participación del Ecuador en conflictos regionales como el que se anuncia en la posible invasión a Venezuela. Mientras en Ecuador avanzan los planes para instalar nuevamente bases militares estadounidenses y la ocupación de la Isla de Baltra en Galápagos como punto estratégico de vigilancia en el corredor del Océano Pacífico.