El presidente de Ecuador, Guillero Lasso, disolvió el parlamento de ese país para evitar su destitución. La decisión fue respaldada por los mandos militares y la policía ecuatoriana. En seis meses llamará a elecciones generales

Texto: Corresponsales IPS

Foto: Presidencia de Ecuador

QUITO, ECUADOR. – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ahuyentó este miércoles 17 el fantasma de su destitución y con el mecanismo conocido como “muerte cruzada” disolvió el parlamento, asumió que gobernará por decreto durante seis meses y llamó a elecciones generales.

“Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, dijo el mandatario al anunciar su decreto por radio, televisión y redes sociales.

Mientras emitía el mensaje, tropas del ejército rodearon la sede de la unicameral Asamblea Nacional legislativa, desalojaron al personal y apostaron un contingente que impedirá el acceso de los parlamentarios, ya cesados.

En la mañana del anuncio había tranquilidad en las calles de Quito y la alcaldía activó protocolos para mantener el orden y los servicios en esta capital.

Lasso argumentó sus razones también en un tuit esta misma mañana. «He firmado el Decreto Ejecutivo 741, con el objetivo de disolver la Asamblea Nacional y solicitar al CNE se convoque a elecciones. Ecuatorianas y ecuatorianos: esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones», tuiteó.

Los mandos militares y policiales respaldaron el decreto del presidente y el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, indicó que la decisión de Lasso “debe ser respetada por todos los ciudadanos”.

Dijo que los uniformados están “seguros de que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia”, y que en tal caso “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos”.

Por su parte, Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para América, expresó que “nos alarma el despliegue de fuerzas militares”, y llamó al presidente Lasso a “proteger los derechos de libertad de expresión y protesta pacífica”.

En lo institucional, el Consejo Nacional Electoral dispone de siete días para convocar a nuevas elecciones, y Lasso, quien expresó deseos de competir por un nuevo mandato, gobernará entre tanto por decreto durante seis meses.

La “muerte cruzada” es una previsión de la Constitución que rige desde 2008, y cuyo Artículo 148 dice que el presidente podrá disolver la Asamblea Nacional en tres casos expresamente señalados, y por una única vez en los tres primeros años del mandato cuatrienal. El de Lasso comenzó el 24 de mayo de 2021.

Primero, cuando a juicio del presidente la Asamblea “se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional”, y, en un segundo caso, “si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo”.

La tercera causal, “por grave crisis política y conmoción interna”, es la que ha invocado Lasso en su decreto, distinguido como el número 741.

El mandatario de 67 años, conservador en política y partidario del liberalismo en la economía, estaba jaqueado por un juicio político que se desarrollaba en la Asamblea, con mayoría opositora, y el cual podía desembocar en su destitución.

Según la oposición, el presidente incurrió en peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades, y no actuar para evitar mayores perjuicios al Estado, en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada de transporte petrolero Amazonas Tanker.

La defensa de Lasso sostiene que los contratos fueron firmados bajo el anterior gobierno, del expresidente Lenín Moreno (2017-2021), y que bajo el mandato actual se pidió una revisión al Tribunal de Cuentas para renovarlos con las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo contralor.

La víspera, el presidente acudió al pleno de la Asamblea y allí proclamó su “total, evidente e incuestionable” inocencia. Días antes había anunciado que si el proceso en su contra avanzaba en el parlamento decretaría la muerte cruzada.

El juicio político avanzaba en un momento de debilidad política de Lasso, con escaso apoyo parlamentario en un contexto de auge de la violencia ligada al narcotráfico y descontento popular por el costo de la vida.

El 5 de febrero el presidente perdió un referendo para aplicar reformas a la Constitución, y en elecciones locales avanzó el movimiento que lidera su archirrival, el expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017).

Correa, exiliado en Bélgica, escribió en su cuenta de Twitter que “lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna «conmoción interna». En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria”.

Analistas concuerdan en que Lasso, al estrenar la fórmula constitucional de “muerte cruzada” se asegura una salida del gobierno no solo distinta sino a su entender digna, en comparación con la que le reservaría la destitución por el parlamento, y además podría competir por un nuevo mandato.

“Ser presidente es un honor sin comparación, e implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda”, dijo el gobernante que se desarrolló como empresario, sobre todo en las finanzas, durante la mayor parte de su vida adulta.

En su primer decreto-ley, ya como presidente que prescinde de la Asamblea, Lasso rebajó el impuesto sobre la renta para gastos personales, en favor de unos 460 mil contribuyentes en este país de 18 millones de habitantes.

Este trabajo se publicó inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la publicación original.