¿Puede una empresa petrolera local o extranjera realizar una actividad extractiva con responsabilidad social en territorios indígenas? Tres casos en Ecuador muestran que el petróleo se intercambia por baratijas

Texto: Gabriela Ruiz Agila / @GabyRuizMx

Fotos: Ramiro Aguilar, Andrés Yépez, Josué Araujo

ECUADOR.- En Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso pareció mostrar un cambio de actitud hacia el medio ambiente. Luego de décadas de proyectos extractivos en la selva amazónica, el gobierno creó la Secretaría de Pueblos y Nacionalidad del Ecuador. El Día Mundial del Medio Ambiente anunció que Ecuador sería el primer país de América Latina en realizar una política nacional sobre la transición ecológica.

Pero en los próximos meses, el presidente Lasso nombró ministro de Energía al exejecutivo estatal de Petroamazonas, Juan Carlos Bermeo. Petroamazonas es la principal petrolera del país y sustenta gran parte de la economía nacional.

Luego, el 7 de julio, Lasso emitió un decreto que estableció la política de hidrocarburos del país: el país ampliará los proyectos de extracción de petróleo en la Amazonía.

A pesar de sus compromisos verdes, el gobierno ecuatoriano planea expandir la “frontera petrolera” en la Amazonía, con muchos de los proyectos planificados ubicados dentro del territorio indígena.

Según la nueva política, la petrolera estatal Petroecuador debe aumentar la producción de 493 mil a un millón de barriles de petróleo por día (bdp).

Aparte de las preocupaciones ambientales, también existen cuestiones de derechos humanos. En el pasado, para llevar a cabo estos proyectos, el gobierno ecuatoriano ofreció baratijas a las comunidades indígenas.

Darío Villacis es asesor técnico de NAWE (Nacionalidad Waorani del Ecuador, antes Organización de Nacionalidades Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana, ONHAE), organización que agrupa a más de 70 comunidades. Según Villacis, documentos internos muestran que las comunidades indígenas recibieron juguetes, machetes y hachas como parte de sus deberes de “compensación social”.

La compensación social es un compromiso legalmente vinculante destinado a mitigar los daños a las comunidades locales por su desplazamiento. Ahora que se anuncian nuevos proyectos petroleros, las organizaciones de derechos humanos temen que la firma de convenios de compensación se repita en condiciones de desigualdad y falta de respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

“Hay un acuerdo de compensación social que se firmó hace 30 años en Anzawa. No hay una normativa clara que especifique el tiempo de vencimiento de estos acuerdos”, dice Alexandra Almeida, bioquímica y miembro de Acción Ecológica.

Petroecuador, empresa estatal, adquirida el 7 de enero de 2021, está a cargo de la exploración, explotación, transporte, refinación y comercialización nacional e internacional de crudo. La empresa tiene a su cargo 23 bloques petroleros y tres refinerías (Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi). Además, el Oleoducto SOTE con una longitud de 486 km desde Sucumbíos a Esmeraldas en la terminal marítima.

A nivel mundial, la expansión del petróleo va en contra de las recomendaciones científicas. Un informe reciente de la Agencia Internacional de Energía (AIE) afirma que, para que el mundo logre un nivel «seguro» de calentamiento global (1,5°C), no debe haber una nueva infraestructura de combustibles fósiles.

En 2018 se intentó construir la Ley de Consulta Previa, según la abogada y activista Gabriela Bermeo Valencia. En una sesión de twitter, Bermeo Valencia afirmó: «Cuando hablamos de la protección de los derechos de los pueblos y la naturaleza, ciertos sectores quieren sentarse a construir la ley con los petroleros».

La amenaza petrolera para los indígenas en Yasuní

El Parque Yasuní es el hogar de los pueblos Waorani, Kichwa, Shuar y Tagaeri o Taromenane en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza. Yasuní es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo y fue declarado reserva de la biosfera en 1989.

También es uno de los territorios con mayores reservas de petróleo del Ecuador. El bloque petrolero 43, también llamado campo Ishpingo Tambococha-Tiputini (ITT), alberga el 18,3% de las reservas petroleras conocidas de Ecuador.

Ambientalistas y organizaciones comunitarias denuncian la contaminación fluvial que provocaron los bloques petroleros 7 y 21 dentro del Yasuní.

«Dos millones y medio de metros cúbicos de suelo y todas las ubicaciones de agua subterránea analizadas están contaminadas por hidrocarburos, metales pesados ​​o ambos», afirma un informe del Banco Mundial de 2017.

También hay un historial de incidentes. En la década de 1990, las operaciones de Oryx dejaron numerosos derrames que enfermaron a la población. Entre otros efectos, los derrames contaminaron el agua del pozo de la escuela de Flor de Maduro.

En 2019, los Waorani reunieron más de 122.000 firmas para evitar la apertura de más pozos. Desafortunadamente, las firmas no tuvieron éxito.

Una verdadera amenaza

Varias comunidades ubicadas en Waorani están bajo la influencia de la explotación petrolera. Como resultado, algunas de las comunidades han firmado convenios de compensación social directamente con las empresas petroleras. NAWE no participó en estos acuerdos.

Petroecuador opera en las comunidades Dikapare y Kawimeno. En febrero, Dikapare firmó un acuerdo de compensación social por la construcción, exploración y desarrollo del campo 43.

En marzo de 2021, el presidente de NAWE, Gilberto Nenquimo, solicitó copia de este acuerdo de compensación social. Cuando Nenquimo hizo el seguimiento en junio, Petroecuador respondió diciendo que no podían entregar la copia «por respeto a los firmantes».

Es importante destacar que los acuerdos de compensación social deben ser públicos en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información. En cambio, Petroecuador recomendó que la solicitud se hiciera directamente a las comunidades firmantes.

No es solo aceite. Según el Grupo de Trabajo Internacional de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (GTI PIACI), la minería y la tala ilegal, la presencia de cultivos ilícitos, el tráfico de drogas y la presencia de grupos armados irregulares son otras amenazas para los Pueblos Indígenas Aislados (IIP) compartiendo territorio con el pueblo Waorani.

Militarización de Dikapare

El 14 de abril de 2021, siete camiones militares arribaron a la comuna de Dikapare, en la provincia de Orellana. Utilizaron gases lacrimógenos y realizaron disparos para disuadir a los indígenas. Imágenes de una mujer waorani ensangrentada y fotos de perdigones circularon en las redes sociales.

Al día siguiente, NAWE denunció «agresiones y uso excesivo de la fuerza pública» por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Los camiones militares llegaron a la comunidad de Dikapare, donde opera Ecuaservoil, un consorcio formado por la estatal bielorrusa Belorusneft y la empresa ecuatoriana Edinpetrol.

Ecuaservoil, subsidiaria de Petroecuador, opera en el bloque 55 conocido como ‘Armadillo’, en la provincia de Orellana. Ecuaservoil informó a los trabajadores que el proyecto terminaba en el campo Armadillo y que, por lo tanto, no se cancelarán las ganancias. La compañía afirmó que no se realizó ningún trabajo en 2020 como resultado de la pandemia covid-19.

Como resultado del incumplimiento del acuerdo de compensación, la comunidad waorani de Dikapare tomó medidas de facto. Cerraron carreteras e interceptaron una camioneta con trabajadores de la petrolera. Se tomaron las instalaciones del bloque 55 y la protesta se extendió a un pozo petrolero en Taracoa.

Como parte de los contratos de compensación y las leyes vigentes, las empresas petroleras están obligadas a dar empleo a los indígenas. Generalmente, los oficios son físicamente exigentes: excavación, corte de caminos con machetes, soldaduras y reparaciones eléctricas, o simple carpintería. Cuando ocurren derrames de petróleo, las compañías petroleras emplean a gente local para limpiar los ríos sin el equipo adecuado. Las consecuencias para la salud son graves.

La comunidad de Dikapare firmó el acuerdo de compensación social en contra del consejo de NAWE. Sin embargo, solicitaron a la organización que medie en el conflicto. Cuando terminó la protesta, el acuerdo entre Dikapare y Ecuaservoil no fue revelado.

El 19 de abril de 2021, la denuncia fue escuchada en la comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional sin llegar a un esclarecimiento ni sanción. En esa instancia, Oswaldo Jarrín, exministro de Defensa, evaluó en el Congreso Nacional: “esto no es un asunto entre militares e indígenas pobres”. En cambio, afirmó, el conflicto «es entre la empresa y los trabajadores«. En este argumento, Jarrín desestimó el hecho de que los trabajadores son indígenas Waorani y la ley garantiza sus derechos colectivos.

“Si de verdad se trata de problemas laborales, ¿por qué militarizar la comunidad?” Gilberto Nenquimo, interrogado.

Falta de consulta previa, libre e informada.

La Constitución Política del Ecuador de 1998 establece el carácter pluricultural y multiétnico del Estado ecuatoriano y reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de

derechos y garantías colectivos, entre otros, su derecho a ser consultados. Los derechos colectivos fueron ratificados y ampliados en la reforma de 2008.

En 1998 y sus reformas de 2008, la Constitución Política del Ecuador reconoció la propiedad de las tierras comunitarias y con esta acción los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa, libre e informada para autorizar el ingreso y explotación de empresas petroleras en su territorio. Pero los grupos indígenas nunca fueron consultados.

La abogada y activista Verónica Potes explicó que la Constitución ecuatoriana de 1998 ya reconocía los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Además, en 2008, la reforma constitucional enfatizó en el artículo 57: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y se prohibirá en ellos todo tipo de actividad extractiva”.

En 2019, el Juzgado de Garantías Penales de Pastaza dictaminó que hubo violación al derecho a la autodeterminación y consulta previa libre e informada por parte de la Secretaría de Hidrocarburos en 2012.

Ese mismo año, el pueblo Sarayaku obtuvo un fallo favorable de la Corte Interamericana por la violación del derecho a la consulta a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana.

El abogado Mario Melo representó el caso. “Según lo determinado en la Constitución, la legislación nacional, el Convenio 169 de la OIT suscrito por Ecuador y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos no pueden ser objeto de negociación”, explica Melo, quien también es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Coincide el investigador Roberto Narváez: «Las compensaciones no sustituyen a los derechos». Es autor de varios artículos académicos sobre los pueblos que habitan el Yasuní. Narváez recuperó testimonios que fueron utilizados en defensa del Caso Sarayaku en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009. Y más recientemente, es el autor del dictamen pericial en un caso de genocidio relacionado con los Waorani en 2020.

El análisis de las políticas públicas actuales muestra que los derechos humanos están subordinados a la política extractiva. Según Narváez, en el caso Sarayaku, “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena el pago de USD 1,4 millones en concepto de indemnización al pueblo”. En un caso contra Occidental Petroleum Corporation (también conocida como Oxy), el estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar USD 1.700 millones de dólares.

El acceso al agua, la salud y la educación son derechos básicos que debe garantizar el Estado ecuatoriano. Sin embargo, las comunidades indígenas como los Waorani ni siquiera pueden bañarse en los ríos dentro de su territorio. Están contaminados.

En este contexto, las empresas petroleras ofrecen servicios y firman contratos de responsabilidad social para atender las necesidades de los pueblos indígenas dueños del territorio. A primera vista, es un buen negocio para el estado.

Sin embargo, estos acuerdos dan lugar a un círculo vicioso: la ausencia del Estado permite a las empresas petroleras ganar cada vez más influencia en los territorios indígenas.

La debilidad del estado en el territorio local impacta su capacidad para garantizar derechos básicos como el acceso al agua, la salud y la educación.

Cambiando petróleo por migajas

Los waoranis, como otros pueblos, recibieron ofertas que iban desde compensaciones monetarias hasta la entrega de trabajos en construcción, electricidad, soldadura y similares.

Agip Poli Ecuador B.V. y la NAWE firmaron el Acuerdo de Cooperación Mutua el 28 de marzo de 2001 en nombre de seis comunidades Waorani.

Agip asumió las operaciones en el Bloque 10 en 2000. Según la cláusula cuarta del contrato, las seis comunidades waorani recibieron “un saco de arroz, un saco de azúcar, dos cubos de mantequilla, un saco de sal” de Agip.

Además, el convenio prometía “Por única vez y sólo los meses de mayo, agosto y noviembre de 2001: Material deportivo con entrega de: 2 balones de fútbol; 1 silbato para el árbitro y 1 cronómetro «.

Una cláusula especial del mencionado contrato obliga a los Waorani a evitar la migración y el asentamiento de familias en el proyecto Villano Norte.

Los expertos y defensores ambientales Alexandra Almeida y Pablo Fajardo consideran que el Acuerdo Agip firmado en marzo de 2001 con las seis comunidades Waorani es el más escandaloso.

Según ellos, Agip Oil ofreció «migajas» a cambio de millones de dólares provenientes de la explotación petrolera en territorio indígena. Es importante destacar que esto sucedió con el consentimiento y el apoyo del estado y la compañía petrolera estatal.

En el imaginario nacional, las políticas públicas promovieron la idea de «páramos» en la Amazonía ecuatoriana, a través de esta narrativa, las políticas públicas legitimaron el «interés nacional» de expropiar tierras ancestrales.

El abogado Pablo Fajardo, radicado en Shushufindi desde 1987, ha acompañado varios procesos colectivos (como el caso UDAPT). Fajardo lo dice claro: “Los acuerdos de compensación son una forma perversa de chantaje por el daño que las empresas causarán en el territorio”. Fajardo recordó que en 1997 la petrolera Occidental logró desarraigar a las Secuoyas de su territorio.

Hay muchos otros casos que conviene analizar y que Fajardo cita para el estudio de los convenios de compensación social. Crucialmente, Petroecuador entregó computadoras a la comunidad de Cascales, provincia de Sucumbíos en 2003, donde no hay electricidad.

Este informe aborda los casos de comunidades como Dikapare o El Edén en la provincia de Orellana, zona de explotación de la industria petrolera. El uso de la fuerza pública y la militarización de los conflictos a favor de las petroleras alcanzaron su máxima gravedad en 2006.

Tres comunidades se hicieron cargo de las instalaciones de la petrolera francesa Perenco Ecuador Limited, en una demanda de indemnización por daños ambientales. Fueron brutalmente reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma. Lo mismo sucedió un año después en la comunidad de Dayuma.

Comuna Kichwa El Edén

En la comunidad Kichwa El Edén, en 2001 se firmó un convenio de compensación social con las petroleras Occidental Exploration and Production Company (OEPC) por diez pozos. «Hoy son más de 30».

Veinte años antes, el presidente de la comuna de El Edén, Clemente Quindigua, firmó un convenio de 19 años con OEPC en 2001.

En 2006, el gobierno ecuatoriano declaró el vencimiento del contrato con Occidental Oil Company. Como resultado, la administración del campo El Edén Yuturi fue transferida a la administración de Petroecuador.

La petrolera se ha negado a renovar el acuerdo por dos años para la operación de los bloques petroleros 12 al 15, explica Wilson Quindigua, presidente de la comuna desde enero de 2021.

Petroecuador informa acciones de responsabilidad social, incluido el proyecto de parto intercultural. Solo cinco mujeres lo han usado, explicó un miembro del personal médico del centro de salud local.

«No es posible explotar el petróleo de forma ambientalmente responsable», afirma Almeida. “En los 54 años que el país lleva extrayendo petróleo, nos han dicho que es una industria desastrosa que contamina y mata. La meta de producción de petróleo fijada por el gobierno es imposible de cumplir ”, continuó.

Según los trabajadores sindicalizados de la empresa petrolera, el gobierno entregó otros campos como “obsequios” en la operación del campo El Edén. La petrolera Occidental recibió otros campos petrolíferos cercanos al campo El Edén sin mayores trámites, explica Almeida.

La política del gobierno del presidente Lasso es privatizar y quitar la administración de contratos y estaciones de servicio de manos de Petroecuador.

Dependencia and corrupción

Actualmente, Ecuador produce aproximadamente 500.000 (bdp). Los ingresos petroleros son cruciales para el gobierno con problemas de liquidez, que en 2020 firmó un acuerdo por USD $ 6.500 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gobierno ecuatoriano enfrenta este desafío de deuda además de combatir la corrupción: USD 40 millones recibidos en sobornos de Petroecuador, desde las revelaciones de los Papeles de Panamá.

El trato de las empresas petroleras hacia las comunidades indígenas es escandaloso y asimétrico. Esto es especialmente cierto si se considera que las empresas petroleras reciben permisos para ocupar el territorio ancestral de las comunidades indígenas y realizar la extracción de petróleo.

En conclusión, el gobierno ecuatoriano no está logrando aplicar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información a los contratos y convenios de las empresas petroleras que operan a nivel nacional.

Petroecuador no respondió a las solicitudes de información sobre los procedimientos de consulta previa y convenios de compensación social suscritos con las comunidades indígenas.

Las críticas a las políticas gubernamentales son cada vez mayores, especialmente en la Alianza de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos en Ecuador. La Alianza está formada por 15 organizaciones que defienden los derechos humanos. Su principal demanda de justicia se refiere al derrame de petróleo del 7 de abril de 2021 cuando 15.800 bdp contaminaron los ríos Napo y Coca.

Por el contrario, los líderes kichwa y sus abogados enfrentan una investigación penal para exigir verdad y reparación para las 27 mil personas afectadas. El 17 de agosto de 2021 se produjo un nuevo derrame de petróleo en un pozo de la comuna de Yamanunka, administrado por Petroecuador. ¿Responderán por sus omisiones esta vez?