En los últimos siete años la minería legal e ilegal se expandió en la provincia amazónica de Napo. Por lo menos 145 hectáreas de deforestación han sido causadas por la minería ilegal

Texto: Antonio José Paz Cardona / Mongabay

Fotos: Mongabay

ECUADOR. – La minería avanza rápidamente en la Amazonía ecuatoriana. Análisis de imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de los Andes Amazónicos (MAAP) y la Fundación Ecociencia llevan varios años mostrando el aumento de esta actividad en provincias como Zamora Chinchipe y Morona Santiago, en el sur de Ecuador. Datos de su nuevo informe, de marzo de 2023, muestran que en la provincia de Napo, en el centro norte de la Amazonía, en solo siete años, entre 2015 y 2021, las áreas con actividad minera incrementaron en 855 hectáreas.

Hace poco más de un mes MAAP —iniciativa de Amazon Conservation Association y Conservación Amazónica (ACCA)— reportó que entre 2019 y 2021 se deforestaron 32 hectáreas de bosque alrededor del río Punino, en el norte de esta provincia amazónica, y que tan sólo en 2022 se perdieron 185 hectáreas de bosque. “Es uno de los avances más rápidos que hemos visto recientemente”, dijeron voceros de Ecociencia.

En el nuevo reporte de imágenes satelitales, publicado el pasado 21 de marzo, la minería tanto legal como ilegal aumentó un 300 % en Napo, comparado con lo registrado en 2015. Además, se revela que aproximadamente 17 % (145 hectáreas) de este incremento se encuentra fuera de áreas destinadas legalmente a las actividades mineras.

La minería en el río Jatunyacu sigue siendo noticia

Además de la minería y la deforestación en Punino, el nuevo reporte de MAAP y Fundación Ecociencia destaca tres importantes focos de esta actividad en el sur de la provincia de Napo: Yutzupino, Huambuno y Ahuano. En los dos primeros casos se detectó una expansión de 165 hectáreas de deforestación causada por la minera durante el 2022. El tercero es un nuevo foco que crece muy rápido.

“En los últimos años hemos visto que la gente se ha empezado a dedicar con mucha fuerza a la minería, principalmente aluvial, alrededor del río Napo y muchos de sus afluentes. Se convirtió en una actividad bastante rentable, sobre todo a raíz de la pandemia”, comenta un experto de la Fundación Ecociencia que prefirió proteger su identidad para seguir participando, en condiciones de seguridad, en  investigaciones que se realizan en la zona.

El investigador también destaca que el nuevo foco detectado, en las riberas del río Napo, a 2.5 kilómetros al noreste de la localidad de Ahuano, llama la atención porque, al parecer, no es minería de oro sino de material pétreo. “En cuestión de un mes vimos que se comieron parte de la playa del río con bastante fuerza”, añade.

El primer caso analizado a través de imágenes satelitales es el de Yutzupino, una zona que prendió las alarmas de diferentes organizaciones ambientales entre finales de 2021 y comienzos de 2022 por la rápida deforestación y expansión de la actividad minera a orillas del río Jatunyacu.

Para esa época, el gobierno ecuatoriano lanzó el Operativo Manatí para frenar la actividad ilegal que se presentaba en la zona. Desde ese entonces, la minería se frenó en ese punto, pero se expandió a lugares cercanos.

“Realizamos un análisis actualizado (hasta diciembre 2022) sobre la situación en Yutzupino. Encontramos que la superficie afectada por actividades mineras aumentó un 78.6 % respecto al valor reportado para inicios del año 2022. La minería ha crecido hacia la zona adyacente de Naranjalito, en la orilla opuesta del río Jatunyacu”, indica el reporte y agrega que “en este nuevo periodo de análisis (enero–diciembre 2022) se identificó un aumento de 55 hectáreas, lo que suma un total de 125 hectáreas (equivalente a 88 canchas de fútbol) afectadas por minería desde octubre 2021 a diciembre 2022 en este sitio”.

El 99 % de la superficie afectada por la actividad minera se encuentra dentro de una concesión que, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), está en la fase de exploración y explotación autorizada para la extracción de oro bajo el régimen de pequeña minería.

El problema es que para el experto de Ecociencia, así como para Matthew Terry, miembro de la Fundación Río Napo y José Moreno, vocero de la organización social Napo Ama la Vida, incluso la minería que se realiza dentro de concesiones no está siendo responsable con el manejo ambiental de la actividad.

“La minería se ha expandido hacia el otro lado del río Jatunyacu. Nuestro análisis, en este caso, no especifica nada sobre si la actividad es legal o ilegal, o si hay alguna irregularidad, porque hemos podido visualizar que se encuentra dentro de los límites de la concesión. Sin embargo, la minería empezó a darse de forma muy rápida y a expandirse velozmente. Hay que prestarle atención”, comenta el experto de Ecociencia.

Crecen las zonas con minería y aparecen focos nuevos

El segundo caso analizado está a orillas del río Huambuno. El análisis de las imágenes satelitales, tomadas entre enero de 2022 y enero de 2023, mostraron que la superficie afectada por actividades mineras aumentó un 86.1 % respecto al valor reportado para inicios del 2022. Se ha extendido hacia al este, aguas abajo del río Huambuno.

“Se identificó un aumento de 110 hectáreas, lo que suma un total de 238 hectáreas (equivalentes a 335 canchas de fútbol) afectadas por minería desde mayo 2017 a enero 2023”, indica el reporte.

Según datos de la ARCERNNR, la actividad minera reportada se distribuye dentro de 20 zonas destinadas a actividad minera (4 concesiones y 15 áreas autorizadas para minería artesanal). La mayor parte de minería (49 %) se localiza dentro de las concesiones mineras Huambuno 3, Emprendimiento Minero Familia Romero y Huambuno 2. Todas se encuentran en estado de exploración y explotación, autorizadas para la extracción de oro bajo el régimen de pequeña minería. Sin embargo, de acuerdo con los análisis de MAAP y Ecociencia, hay 67 hectáreas de minería fuera de concesiones.

El tercer caso de estudio se localiza en las riberas del río Napo, aproximadamente a 2,5 kilómetros al noreste de la localidad Ahuano. Para febrero del 2023, ambas instituciones identificaron la extracción de material pétreo fuera de la zona minera a cargo del GAD provincial de Napo que está destinada al libre aprovechamiento de material de construcción, como áridos y pétreos. “Juntamente con el área de extracción, se identificó la adecuación de una vía, que conduce hacia el área afectada, y una berma (barrera elevada que separa dos zonas), de la cual se desconoce el propósito de construcción”, destaca el análisis.

Conflictos sociales cada vez más intensos

Desde hace aproximadamente tres años, colectivos sociales y ambientales de Napo, junto con la Defensoría del Pueblo, comenzaron un proceso de denuncias por la contaminación de las principales cuencas hídricas de la parte alta del río Napo. Por ejemplo, presentaron una acción de protección por la vulneración de los derechos humanos y de la naturaleza a causa de la minería legal e ilegal ante la Corte Provincial de Justicia de Napo.

En enero de 2022, la Corte declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza y le ordenó al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales y al Ministerio de Minería y Recursos Naturales elaborar y ejecutar un plan de restauración y recuperación en los ríos Ila, Blanco, Chimbiyacu, Anzu, Jatunyacu, Napo y Mishulalli, en los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena Tola.

Sin embargo, José Moreno, representante de Napo Ama la Vida y vocero de las organizaciones sociales y ambientales de la provincia, dice que nada de esto ha avanzado. “Incluso, se han entregado nuevas concesiones”, afirma.

El gobierno ecuatoriano, por su parte, ha tomado algunas acciones como declarar a la minería ilegal como un problema de seguridad nacional y, desde que el caso Yutzupino estuvo en agenda mediática nacional, ha realizado operativos de control contra la minería ilegal en la zona. A finales de noviembre de 2022, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado realizaron el operativo Manatí 2 en cuatro provincias, entre ellas Napo. Allí capturaron a seis personas, entre los cuales se encuentra un exfuncionario de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a quien señalaron como el líder de la organización delictiva relacionada con la minería ilegal, según informó la Fiscalía.

Matthew Terry,  de la Fundación Río Napo, y José Moreno, vocero de Napo Ama la Vida, consideran que estas acciones se quedan cortas frente a la magnitud de la expansión minera. Además, ponen en duda la capacidad de respuesta técnica para analizar el manejo ambiental de las concesiones legales.

Moreno agrega que hay un nivel de violencia extremadamente alto en las comunidades y “muchas de las familias no pueden denunciar, porque están amenazadas de muerte”. Y es que en la provincia de Napo no solo preocupa la situación ambiental que se vive con la expansión minera sino la agudización de los conflictos sociales. De hecho, Moreno fue agredido por presuntos mineros durante una protesta que las comunidades realizaron en la parroquia Talag del cantón Tena, durante la semana del 19 de marzo de 2023.

“Sufrí una agresión directa por parte de cuatro personas que me golpearon. Ese día yo ingresé al frente minero, estuve alrededor de una hora y media y, cuando salí, me acorralaron. Adentro estábamos con pasamontañas, era complicado que supiesen quién era yo. El ataque fue dirigido, de eso estoy más que seguro”, le dice Moreno a Mongabay Latam.

Mathew Terry, miembro de la Fundación Río Napo, integrada en gran medida por personas y asociaciones dedicadas al turismo de la naturaleza, dice que el sector turismo ha sido uno de los más afectados por la expansión minera legal e ilegal en la provincia. El extranjero, que vive hace más de 30 años en Ecuador, asegura que tampoco ha valido que el Ministerio de Turismo haya declarado a 12 ríos de la provincia de Napo como de interés turístico. “Le hemos insistido muchas veces al gobierno ecuatoriano que respete y resguarde el potencial turístico de la zona, pero no hemos tenido respuestas favorables”, comenta Terry.

José Moreno dice que los colectivos seguirán insistiendo en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, pero le preocupa que continúen los conflictos socioambientales. En eso coincide el experto de Ecociencia y es por eso que le preocupa, aún más, que la tendencia de expansión minera en Napo parece estar lejos de frenarse o desacelerarse.

Este trabajo se publicó inicialmente en MONGABAY. Aquí puedes consultar la publicación original.