El domingo 20 los ecuatorianos concurrirán a sus primeras elecciones anticipadas, para completar el mandato 2021-2025 del actual presidente, Guillermo Lasso, y de la legislativa Asamblea Nacional, después que el gobernante usó en mayo el recurso constitucional de “muerte cruzada”, para disolver el parlamento, evitar que prosperase una moción de censura en su contra, y escoger nuevas autoridades para lo que resta del periodo

Texto: Carolina Loza / IPS

Foto: Carolina Loa / IPS

ECUADOR. – El asesinato de un candidato presidencial en la capital del Ecuador a 11 días de las elecciones anticipadas, en medio de una crisis política y de seguridad inéditas hacen que la pregunta dentro y fuera a horas de abrirse las urnas sea: ¿cómo este país andino se convirtió uno de los más violentos del mundo y qué hacer?

Fernando Villavicencio, candidato presidencial, fue asesinado el 9 de agosto al salir de un mitin en Quito, capital de Ecuador, dejando al país en shock. Estos niveles de violencia son nuevos en el país y generaron un nuevo estado de excepción de 60 días, lo cual limitó los actos de carácter masivo, llevó a una movilización de Fuerzas Armada en varias provincias y agrandó lo excepcional de estos comicios.

Su muerte mostró en toda su magnitud como en Ecuador las bandas criminales tomaron el control a través de la violencia y el miedo, y como la inseguridad ciudadana se ha vuelto un ingrediente cotidiano para sus 18 millones de habitantes, según diferentes analistas consultados.

Para Kendra Carrión, doctora en Ciencia Política, el cambio de estructuras de institucionalidad, recortes de presupuestos y el desmantelamiento de instituciones fueron el caldo de cultivo para la crisis política y de seguridad que vive ahora Ecuador.

El domingo 20 los ecuatorianos concurrirán a sus primeras elecciones anticipadas, para completar el mandato 2021-2025 del actual presidente, Guillermo Lasso, y de la legislativa Asamblea Nacional, después que el gobernante usó en mayo el recurso constitucional de “muerte cruzada”, para disolver el parlamento, evitar que prosperase una moción de censura en su contra, y escoger nuevas autoridades para lo que resta del periodo.

Además, los 13.45 millones de ecuatorianos habilitados para votar deberán decidir sobre dos consultas populares, una sobre minería y otra sobre el seguimiento o no de la explotación petrolera en el emblemático Parque Nacional de Yasuní, en la región de la Amazonia.

Al menos siete políticos ecuatorianos fueron asesinados desde principios de año; el último, un líder local de un partido en la provincia de Esmeraldas, muerto el lunes 14.

“Entre 2018 y 2019 ya se comenzaba a hablar de la de la penetración del narcotráfico. Y la vez se desmantela esta estructura institucional quita algunos ministerios que trabajaban para la población”, dijo Carrión a IPS

La cientista política citó que la fusión de ministerios y el recorte de los presupuestos en diferentes áreas contribuyó a descuido en ciertas áreas, entre esas, el recorte de inversión en infraestructura para seguridad marítima.

Precisamente la falta de recursos en seguridad y en otras áreas fueron discutidos en el debate de los candidatos presidenciales, el domingo 13.

Otto Sonnenholzner, quien fue vicepresidente del país entre 2018 y 2020 mencionó a IPS que “tenemos 15 mil miembros en la Marina, pero la Marina no tiene lanchas. Entonces, tenemos 15 mil hombres que no pueden hacer su trabajo” un señalamiento que no pudo ser verificado y fue rechazado por las fuerzas armadas.

A la par, Carrión recalcó que “la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que llevaba el tema de cárceles, contribuyó a un vacío”.

Vacío que esperaba una solución con la creación de Secretaría Nacional para Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que tenía como metas reducir el hacinamiento en cárceles y entrada de objetos prohibidos como celulares.

Sin embargo, después de cuatro años, más de seis directores y 10 masacres dentro de las cárceles, el control de las prisiones se ha transformado en una pugna entre los diferentes grupos criminales que expanden su control dentro y fuera los recintos.

Maria, un nombre supuesto para su protección, visita de manera frecuente a su esposo en la cárcel de Latacunga, a algo más de una hora de viaje desde Quito, y menciona a IPS lo difícil que ha sido para él y todo su núcleo familiar. Al no estar en la cárcel afiliado a ningún grupo criminal, esto lo convierte en blanco de extorsiones por varios de ellos.

Su esposo, que está enfermo, no pudo acceder a medicinas después de unas de las masacres en protesta por medidas de las autoridades carcelarias. Esto sumado a la burocracia de los procesos judiciales pueden hacerlo estar más tiempo en la cárcel de su sentencia y María se siente en zozobra constante porque en cualquier momento se puede desatar otra masacre.

Las carpetas con el caso del esposo de María, acusado de estafa, estuvieron tres meses en las oficinas de SNAI sin respuesta, lo cual afectó la propia salud de la mujer. Ahora recibe atención a sus dolencias pero sigue en un “limbo jurídico” su traslado a una prisión menos violenta.

Como ella, cientos de familias se encuentran en situaciones angustiosas porque la rehabilitación social dejó de ser prioridad y los llamados centros de rehabilitación son lugares de pugna de poder de grupos como los Tiguerones, Los Choneros entre otros, que se han afianzado dentro y fuera de las cárceles por el control de rutas de narcotráfico.

Barrios enteros en la ciudad portuaria de Guayaquil, la más golpeada por la inseguridad, deben tomar decisiones como enviar a sus hijos a la escuela o mantenerse en casa, por miedo a extorsiones y reclutamiento de partes de grupos criminales.

“Nunca habíamos tenido nosotros en Ecuador este deterioro penitenciario y a la par de esta crisis empiezan los alegatos de corrupción a varias instituciones entre esas instituciones, la policía y las Fuerzas Armadas… en un escenario crítico de falta de empleo y crisis de salud como la covid y la llegada de una administración nueva (de Lasso), que se enfocó en la vacunación”, dijo Vivar a IPS.

La agenda del mandatario conservador se enfocó en demasía en la reactivación económica, sin atender con prioridad las señales del desbordamiento de la inseguridad, a lo que se sumó una crispada confrontación con la oposición en la Asamblea Nacional, dificultando la gobernabilidad en un escenario crítico.

“Vimos en los meses antes de que Lasso disolviese la Asamblea, que los partidos políticos ya no actúan como cuadros, sino que son tal cual vehículos electorales, que funcionan con base a la verticalidad y lealtad a un líder”, señaló Vivar.

Para Alejandro Rodríguez, economista y analista político, la crisis política ha traído como resultado otro problema: la profunda desconfianza de la población en la política y sus procesos.

El especialista consideró que la crisis de seguridad creada por los carteles y la ubicación clave del Ecuador para el narcotráfico “es solo un componente”.  La reducción en inversión social que había antes de 2017 que se enfocaba en combatir la pobreza también contribuyó a un alza en el crimen común y no es algo que se considera cuando se habla de seguridad, argumentó.

“Hay un ejecutivo y Legislativo disociados que no permiten trazar una hoja de ruta normal para el desarrollo de políticas comunes; para poder establecer mecanismos de reducción de la pobreza, el mejoramiento de seguridad. La falta de gobernabilidad la gente pierde la fe y la creencia en las instituciones democráticas y en las en las en las bases de un Estado”, dijo Rodríguez a IPS.

Esta disociación entre el ejecutivo y el legislativo de la que habla Rodríguez ha creado un “quemeimportismo” a nivel político y un enfoque exclusivo en seguridad y en el día a día, según Rodríguez, lo que se tradujo por ejemplo en que ese tema fuese el protagonista casi exclusivo del debate electoral del domingo 13.

En las elecciones del domingo concurren siete candidatos presidenciales y la aspirante mejor emplazada, la izquierdista Luisa González, cuenta, según los últimos sondeos, en torno a 20 % de la intención de voto, por lo que se da por seguro que habrá una segunda vuelta el 15 de octubre, y el mandato de quien gane comenzará el 25 de noviembre.

“Ves un porcentaje alto de personas que no saben por quién votar en las elecciones que son para elegir a un presidente que realmente va a ser un gobierno de transición. Realmente por un año y medio. Lo que más le importa a la gente ahora más que cualquier otro tema, es la seguridad”, subrayó Rodríguez.

Un problema adicional para el país es que en lo que resta del año, el país permanecerá en transición política hasta el afincamiento del nuevo gobierno, cuando urgen medidas para contener el desplome institucional del país y, más aún, el derrumbe de su seguridad ciudadana.

Este trabajo fue publicado inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la versión original.