Un mes después de que 12 neonatos murieran en un hospital de Guayaquil por falta de insumos, una bebé achuar falleció en Macas por la ausencia de suero antiveneno y su cuerpo fue entregado en un cartón. Este reportaje documenta el abandono estatal que deja a casi la mitad de la niñez ecuatoriana en la pobreza, expuesta a la desnutrición crónica, la violencia y la muerte prevenible

Texto: Gabriela Ruiz Agila

Foto: Especial

ECUADOR. – El cuerpo de Nicole Kaasap Chaupi, de un mes de nacida, fue entregado en un cartón a su mamá. La bebé falleció pocas horas después de su ingreso al Hospital General de Macas, en la provincia amazónica de Morona Santiago. Sus padres salieron desde la comunidad de Akíptach, en el cantón Taisha, para buscar ayuda. Su destino habría sido diferente de contar con un suero antiveneno, pero la grave crisis del sistema público de salud en Ecuador golpea con más fuerza a las poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas y afrodescendientes, en zonas rurales y en la Amazonía.

Este hecho ocurre tan solo cuatro meses después de la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, el 11 de agosto de 2025, atribuida a la falta de insumos médicos y a la falta de limpieza en áreas de cuidado infantil. El rechazo de la opinión pública es general. Sin embargo, las autoridades difícilmente asumen su responsabilidad.

Proyecciones a 2025 calculan que en Ecuador hay más de 3.5 millones de niñas y niños, de los cuales 1.8 millones son niños y 1.7 millones son niñas, y más de 2.2 millones de hogares en el país tienen al menos una niña o un niño.

El Estado tiene la obligación constitucional y ética de proteger a las niñas, niños y adolescentes: garantizar su salud, su alimentación, su seguridad y su acceso a la justicia. Cuando el Estado no cumple —por políticas fragmentadas, escasa inversión, ausencia en territorios o tolerancia a la violencia institucional—, la consecuencia es concreta y brutal: hogares destrozados, infancias truncadas, aumento de muertes prevenibles, embarazos y violencia normalizada, y generaciones que pierden oportunidades de vida.

Este reporte documenta cómo, a pesar de promesas presidenciales, las fallas en implementación y control han derivado en desnutrición crónica, brotes sanitarios mortales en zonas remotas, violencia sexual y maternidad temprana, desapariciones con tortura y homicidios vinculados al crimen organizado —un mapa de negligencias con nombres y rostros que exigen responsabilidades políticas y soluciones urgentes.

49.4% de niñas y niños viven en pobreza

En noviembre, el caso de cinco hermanos, entre 7 y 16 años, originarios de Simiátug, conmovió al Ecuador. Los pequeños viven en una casa sin luz y sin agua, sin el cuidado de una madre o padre; la hermana mayor lava ropa ajena para cobrar unas monedas. En un video se los vio cocinando papas sin sal en una olla, usando leña. Al momento se desconoce si las autoridades locales o nacionales resolvieron la construcción de vivienda y la atención integral de los niños.

El presidente Daniel Noboa destacó la reducción de la tasa de pobreza durante su gobierno: “Desde 2018, no hemos tenido índices tan bajos de pobreza como ahora… reducir la pobreza significa reducir la inequidad, darle mayor dignidad a la mayor cantidad de personas”. Esto significa que 220 mil personas salieron de la pobreza entre junio de 2024 y junio de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

Esta cifra fue categorizada como imprecisa porque “omite una limitación técnica clave de la encuesta ENEMDU y puede inducir a interpretaciones erróneas sobre la evolución real de la pobreza en el país”, según Lupa Media.

Según el estudio “Impulsando la prosperidad: evaluación de la pobreza y desigualdad en Ecuador”, elaborado por el Banco Mundial, la desigualdad se ha mantenido y tres de cada diez ecuatorianos siguen en riesgo de pobreza, con una vulnerabilidad que afecta de manera desproporcionada a los hogares rurales, indígenas y aquellos encabezados por mujeres.

Se considera pobre a una persona con un ingreso familiar per cápita inferior a 91,98 dólares mensuales. Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema si vive con menos de 1,73 dólares al día, o un ingreso inferior a 51,83 dólares mensuales.

En ese contexto, el 49% de las niñas y niños viven en la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (acceso a educación, salud, servicios sanitarios); el 19% de menores de dos años en Ecuador presentan desnutrición crónica infantil, según datos del INEC. Las necesidades básicas son apremiantes, pero el presidente Daniel Noboa declaró como prioridad la prevención y erradicación del reclutamiento de menores por parte de grupos delincuenciales.

Desnutrición infantil y frágil cuidado neonatal

Bajo el mandato de Lenin Moreno se creó la Misión Ternura, orientada a los primeros 1.000 días de vida, con ejes en salud, nutrición y estimulación temprana. A pesar de ello, la desnutrición crónica infantil siguió siendo un problema estructural. Por su parte, el ex presidente Guillermo Lasso admitió que la desnutrición crónica infantil es «la peor de las desigualdades, porque sus consecuencias perduran en el tiempo».

Actualmente, el gobierno del presidente Daniel Noboa estableció la Estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (EECSDI), que involucra la coordinación interinstitucional de 28 instituciones. El discurso oficial aseguró que en diciembre de 2024 “la desnutrición crónica infantil disminuyó del 20,1 % al 19,3 %”. Pero en julio de 2025, con la reducción y desaparición de varias carteras de Estado, la continuidad de la política es cuestionada por la eliminación de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Sus competencias pasaron al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Esto incluye la entrega del Bono de los 1.000 Días. Se informó que se destinaron USD 425 millones para combatir la DCI mediante un programa con “presupuesto por resultados”.

Los datos oficiales —y los testimonios de comunidades vulnerables— indican que los programas no fueron suficientes ni uniformes. La brecha rural/urbana, el aislamiento geográfico y la falta de infraestructura y monitoreo dificultaron la universalización de la nutrición, cuidado prenatal, lactancia y tamizaje neonatal.

Crisis sanitaria: el caso de los niños en Taisha

En 2025, en comunidades del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, fallecieron al menos ocho niños que presentaban síntomas gastrointestinales —fiebre, vómitos, diarrea, dolores— y otros 25 menores quedaron hospitalizados, y se habló de 46 pacientes reportados a mayo de 2025. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador atribuyó las muertes a un brote de leptospirosis con base en muestras tomadas por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI); esta enfermedad es prevenible con agua potable, saneamiento y atención médica oportuna.

Aún nadie habla de la posible contaminación por mercurio y otros químicos que se emplean en la minería legal e ilegal en la Amazonía, sumado a los constantes derrames de petróleo. Las autoridades sanitarias justifican la falta de atención diciendo que las comunidades afectadas son remotas, de difícil acceso, incluso argumentan “barreras culturales”, en lugar de priorizar misiones de salud en territorio.

En estas condiciones también se produjo la muerte de Nicole Kaasap, una bebé de un mes de nacida, originaria de la comunidad Akíptach del pueblo Achuar. Falleció por una picadura de escorpión y la ausencia de suero antiveneno en el Hospital de Macas. Su cuerpo fue entregado a sus padres en un cartón y sellado con cinta adhesiva. La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional anunció un proceso de fiscalización.

La asambleísta Mireya Pazmiño reaccionó: «Hay que indignarnos porque este gobierno está llevando a cabo un modelo de ineptitud planificada». Por su parte, la asambleísta Mónica Palacios rechazó la muerte de niños “todos los días en el sistema de salud ecuatoriano porque no hay medicinas, porque no hay equipos. ¿Cuál es la culpa de los padres que no tienen dinero?”, cuestionó.

Maternidad temprana: un esfuerzo contradictorio

Los cuerpos de las niñas y niños se entregan en cartón y en bolsas de plástico en la Amazonía desde mucho antes. En 2023, en un reportaje sobre el embarazo en niñas y la aplicación de la Ley de Erradicación de Violencia contra Mujeres, el Código Púrpura (Norma técnica de atención integral en salud a víctimas basada en género), Formulario obligatorio 094 de notificación de casos para activar la investigación con Fiscalía sobre delitos de violencia sexual en menores de edad.

“El dolor de las mujeres violentadas es un dolor que nadie verá, ni escuchará”, narraba Talía, ex prefecta de Morona. “He visto a una niña que a los 11 años fue obligada a dar a luz y murió. Hubo que conseguir ataúd para ambos, para la niña y el bebé. En otros casos no se encontró ataúd, y se llevaron a los muertos en bolsas plásticas”.

En Ecuador, la falta de aplicación de la ley va en contra de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres para vivir una vida libre de violencia. Según el INEC, en el año 2015, cada día aproximadamente 7 niñas menores de 14 años fueron madres en Ecuador, mientras que, entre las adolescentes de 15 a 19 años, en promedio, 158 fueron madres cada día. Entre las niñas menores de 14 años, 8 de cada 10 embarazos fueron producto de violencia sexual.

Según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), cualquier embarazo en menores de 14 años se considera producto de una violación (Art. 171), y el INEC, en 2019, señaló que 6 de cada 10 mujeres han vivido violencia sexual.

De acuerdo a las Estadísticas Vitales del INEC, la Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes (TEFA) para el año 2020 fue de dos nacidos vivos por cada 1000 adolescentes de 10 a 14 años de edad, que corresponde a un total de 1.631 nacidos vivos, hijos de niñas en este rango de edad. En este marco legal, esos 1.631 nacimientos debieron investigarse como posibles delitos, y esas niñas debían acceder a los derechos que las amparan para, por ejemplo, prevenir un embarazo no deseado.

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Los cuatro niños que conmocionan a Ecuador

Los cuatro niños de Las Malvinas: tortura y desaparición forzada

Cuatro niños de entre 11 y 15 años fueron detenidos por militares, como prueban las cámaras del ECU-911, un video que la Fiscalía negó inicialmente mostrar a las familias.
Tras la detención de los niños, las autoridades aseguraron que los liberaron, pero grabaciones internas y testimonios posteriores revelan golpes, amenazas, disparos al aire y registros audiovisuales hechos por los propios militares. Eran vísperas de Navidad y los cuerpos de Josué e Ismael, de 15 y 14 años; Nehemías Arboleda, de 15 años; y Steven Medina, de 11, fueron encontrados incinerados y abandonados en un pantano cercano a la base de Taura.

La investigación pasó de “secuestro” a “desaparición forzada” y luego a presunción de ejecución extrajudicial, tras hallazgos forenses. Las audiencias exhibieron contradicciones, versiones coordinadas entre los militares procesados y silencios administrativos.

Hubo intentos institucionales de dilatar, negar o neutralizar la responsabilidad militar. Se activaron campañas de desprestigio contra los niños para “justificar” el crimen en un contexto de seguridad militarizada. El gobierno de Noboa se resistió a reconocerlo como crimen de Estado, alineando el relato oficial con la protección de las fuerzas de seguridad.

Los nuevos testimonios mostraron disculpas parciales, reconocimiento de agresiones, uso de celulares para grabar y órdenes superiores para deformar los hechos. Este caso revela un patrón: violencia estatal, encubrimiento institucional y criminalización de las víctimas como estrategia de defensa, porque los acusaron de robar, los llamaban “angelitos” con vínculos a los grupos delincuenciales. Los niños eran deportistas y vivieron su infancia en comunidad.

Diecisiete militares fueron vinculados al proceso. John Henry Z. E., subteniente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), es señalado por varios militares y colaboradores eficaces como quien ordenó la detención de los menores, dio la orden de trasladarlos a una zona rural en Taura, y sería quien habría liderado las agresiones físicas (golpes, correazos, amedrentados con disparos al piso cerca de sus cabezas), traslado forzado y abandono de los niños en ruta a Taura.

Este lunes, 8 de diciembre, la Fiscalía pidió hoy 34 años y ocho meses de prisión para los militares involucrados en el delito de desaparición forzada, la máxima pena. En 10 de las 43 desapariciones forzadas las víctimas son menores de edad, según el podcast “¿Dónde están los 43?”.

La violencia es la principal causa de muerte en niños

Según reportes de organizaciones de derechos humanos y datos de monitoreo, la violencia contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo generalizada. El 2025 cerrará como el año más violento en la historia del Ecuador. La tasa de homicidios se proyecta en más de 50 por cada 100.000 habitantes, con un promedio diario de 25 muertes violentas, lo que equivale a una víctima por cada hora.

Los homicidios son la principal causa de muertes en niños y adolescentes en Ecuador. Hasta 2021, la primera causa de muerte era por accidentes de tránsito. Los datos del Ministerio del Interior y organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), lo confirman.

En el primer semestre del año, los homicidios en este grupo etario se incrementaron en un 76,3 %, pasando de 376 a 663 entre 2024 y 2025. Dentro de este grupo, los adolescentes de entre 15 y 19 años continúan siendo las principales víctimas. “Desde 2020 se observa una tendencia al incremento de la representación de los NNA víctimas de homicidios entre 10 y 14 años, alcanzando un total de 35 en 2025, en comparación con los 6 registros de 2020”, indica el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) en su reporte de 2025. Estas cifras refuerzan las crecientes preocupaciones sobre su posible vinculación con organizaciones criminales.

Pero hay reportes que también evidencian la falta de acción de la función judicial para investigar y sancionar los delitos contra la integridad sexual en contra de niñas, niños y adolescentes cometidos en instituciones públicas, privadas y en general. Así consta en el informe de fiscalización presentado en noviembre por la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.

Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 368 en agosto de 2024, que declara como política nacional prioritaria la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo, estableciendo un plan hasta 2030 con enfoque en prevención, atención y acceso a la justicia, coordinado por una mesa interinstitucional.

Otro reporte alarmante es la documentación de 14 casos de abuso sexual que involucran a sacerdotes, documentados por el informe Violencia sexual clerical en Ecuador: cartografía de la impunidad, realizado por la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe. Las familias de las víctimas deben enfrentar el pacto de silencio institucional que se forma para proteger el prestigio de nombres y figuras públicas.

Según Sybel Martínez, ocho niños, niñas y adolescentes son abusados sexualmente cada hora en Ecuador. Solo entre enero de 2018 y junio de 2023, la Fiscalía General del Estado ha reportado 52.051 denuncias, de las cuales 2.500 obtuvieron sentencia, mientras que al menos siete familias desistieron de sus denuncias. El nivel de impunidad llega al 95,85%.

La infancia no puede esperar

A lo largo de los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa —tres administraciones distintas en ocho años—, el país ha acumulado promesas, planes y marcos de protección para la infancia y adolescencia. Pero la realidad para miles de niñas, niños y jóvenes ecuatorianos ha sido trágica: desnutrición, enfermedades, muerte, violencia, desaparición, tortura, homicidios.

Daniel Noboa, al asumir la presidencia, declaró: «Invito a todos a trabajar juntos contra los enemigos comunes de la violencia y la miseria». Afirmó que vería a la juventud como “sinónimo de fuerza para derrotar los desafíos” del país. Estas promesas —salud, nutrición, protección, seguridad— fueron reiteradamente expresadas como compromisos de Estado. Promesas que en muchos casos quedaron lejos de la realidad para cientos de niñas, niños y adolescentes. Se requiere voluntad política real, inversión sostenida, transparencia, priorización de la niñez, presencia estatal en territorios vulnerables, mecanismos de protección efectivos, justicia y reparación.

Dentro de la Proforma 2026, que asciende a 46.255 millones de dólares, no hay una etiqueta clara para “infancia y adolescencia”, la desinstitucionalización de un ente especializado, y existen preocupaciones sobre la ejecución efectiva. Por tanto, no existe una garantía real de que estos recursos alcancen adecuadamente a niñas, niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales, indígenas o vulnerables dentro de la aplicación de políticas públicas.