Un tesoro de oro bajo un páramo enfrenta al gobierno de Ecuador con su pueblo. Mientras el presidente Noboa intenta eludir su responsabilidad, el pueblo se moviliza masivamente para defender su agua, desafiando una licencia ambiental que ignora consultas populares

Texto: Gabriela Ruiz Agila / en colaboración con Camaleón Medio

Foto: Rafael Idrovo Espinoza

AZUAY, ECUADOR. – En Kimsacocha, a más de 3 mil 500 metros de altura, el agua guarda un tesoro calculado en miles de millones de dólares. Según los informes técnicos de Dundee Precious Metals, en las entrañas de estos páramos se esconden hasta 2.6 millones de onzas de oro y 80 millones de libras de cobre, un patrimonio que al precio internacional del 12 de septiembre de 2025 supera los siete mil millones de dólares en metales contenidos.

La controversia estalló este mes porque esas cifras dejaron de ser un simple dato en los informes financieros de Toronto: se convirtieron en materia de disputa nacional. La consulta popular del 7 de febrero de 2021 prohibió la explotación minera en zonas de recarga hídrica, y según las organizaciones civiles que defienden el ambiente, la entrega de la licencia al proyecto Loma Larga amenaza a Kimsacocha, zona protegida. La entonces ministra de Ambiente, Inés Manzano, aseguró que dicha licencia se otorgó cumpliendo con los requisitos técnicos y legales tras una consulta acompañada por la OIT.

En julio de 2025, el proyecto minero Loma Larga, ubicado en Kimsacocha, provincia de Azuay, recibió la licencia ambiental del Ministerio de Ambiente —fusionado también en julio con el Ministerio de Energía y Minas—. Con este aval, la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM), propietaria del proyecto, puede avanzar hacia las negociaciones del acuerdo de explotación.

El incumplimiento del mandato popular ha enardecido el ánimo de los cuencanos, que se movilizarán el próximo 16 de septiembre contra las decisiones del gobierno nacional. La defensa del agua en la provincia del Azuay es una larga lucha que tiene a Kimsacocha como su más alto triunfo.

En medio de esa tormenta, el presidente Daniel Noboa, en entrevista con un medio local, dijo: «Estoy de acuerdo con los cuencanos. Si es que están convencidos con sus informes de que esto va a contaminar, perfecto» —dando a entender que escuchaba a los cuencanos. Y de inmediato abordó la probable demanda de arbitraje internacional de la minera:

«Solo estoy contando que, en el caso de que haya un problema a futuro, tienen que sustentar sus informes. Nada más… (hay una probabilidad) altísima (de que no se dé el proyecto) pero también hay una probabilidad de que haya problemas a futuro».

Horas antes, el gobierno solicitó al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay que remitieran los informes técnicos y adjuntaran al expediente sus resoluciones administrativas sobre los posibles riesgos de afectación al agua con respecto al proyecto minero a cargo de la empresa Dundee Precious Metals. De esta forma, el presidente Noboa no solo intenta deslindarse de la responsabilidad de su gobierno en el otorgamiento de la licencia, sino que además atribuye a los gobiernos locales la respuesta a una demanda de arbitraje.

Con ese anuncio, ¿Noboa busca bajar las tensiones? ¿O responde a una bien manejada estrategia para concretar el pago de una demanda de arbitraje? Ahora Kimsacocha es un frente nacional de lucha: ¿quién decide realmente cuánto vale y quién lo protege? ¿Puede el Estado autorizar una actividad minera que, según las comunidades, pondrá en riesgo su principal fuente de agua?

La defensa del agua en las urnas

En la provincia de Azuay hubo tres consultas populares que marcaron un antes y un después en la política minera local: Victoria del Portete (2011), Girón (2019), Cuenca (2021). Sin embargo, el gobierno persiste en desconocer estas decisiones soberanas y en vulnerar los derechos colectivos.

La consulta de Girón (marzo de 2019), convocada por el Cabildo y las comunidades del cantón, donde la población dijo masivamente «no» a la minería en Kimsacocha; el referendo local obtuvo altos porcentajes de rechazo.

La consulta de Cuenca (7 de febrero de 2021) —celebrada el mismo día de las elecciones nacionales— en la que más del 80 % de los votantes apoyó prohibir actividades mineras en zonas de recarga hídrica del cantón. Esas urnas fueron, para muchos habitantes, la escritura pública que blindaba el páramo; para otros, una alerta sobre límites jurídicos y competencias.

Desde 2008, la Constitución ecuatoriana reconoce que la naturaleza —la Pacha Mama— tiene derechos (artículos que regulan la protección de los ciclos, la estructura y las funciones del entorno natural), y establece que toda persona, comunidad o pueblo puede exigir a la autoridad el cumplimiento de esos derechos. Esa cláusula no es retórica: es el cimiento jurídico por el que comunidades y colectivos han interpuesto acciones y por el que consultoras, jueces y asambleas han interpretado la vigencia de la prohibición social.

El caso Yasuní actuó como un espejo nacional. En 2023, la ciudadanía votó en un plebiscito de efecto nacional para mantener crudo bajo tierra en parte del Parque Yasuní, y esa decisión añadió un precedente político: el electorado puede frenar el extractivismo en zonas de alto valor ecológico. Si en Quito hubo quien leyó ese resultado como una lección de límites, en Azuay la lección ya estaba inscrita en las calles y en las papeletas desde 2019 y 2021.

Hay, sin embargo, un entramado administrativo por el que se filtra el cumplimiento de estos derechos. La licencia ambiental —el permiso formal para explotar— la otorga la autoridad ambiental competente, el Ministerio de Ambiente que acaba de desaparecer o ser fusionado con el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, la autoridad nacional tiene la potestad administrativa para emitir o negar un permiso, aunque la fuerza política y la legitimidad social sigan en manos del pueblo que votó.

Cuando el expediente técnico llega a los escritorios del Estado, se convierte en una propuesta de inversión. Pero el otorgamiento de esa licencia ambiental para muchos cuencanos es una decisión administrativa que contradice la voluntad popular expresada en Girón y Cuenca.

El agua en Kimsacocha tiene voz

En la cartografía minera de Ecuador, Kimsacocha es el corazón húmedo del proyecto Loma Larga. Bajo esa planicie andina se encuentra la totalidad del yacimiento que Dundee Precious Metals rebautizó para su plan de explotación. En Toronto hablan de «Loma Larga» como una inversión; en Cuenca, la gente dice Kimsacocha para nombrar al páramo, las lagunas y los ríos que alimentan a medio Azuay.

«Loma Larga» es la marca corporativa de Dundee; «Kimsacocha» es el territorio del agua que los cuencanos sienten suyo. El proyecto Loma Larga no está «cerca» de las fuentes de agua, está dentro del ecosistema hídrico Kimsacocha del que depende la ciudad. Y por eso cada permiso que se firma en Quito o en los escritorios de burócratas se percibe en Cuenca como una amenaza concreta a sus grifos, sus acequias, sus tomas de agua potable.

«Nosotros no pedimos permiso para beber agua. El agua ya estaba antes que las concesiones», dice María Inés Loja, dirigente del Cabildo del Agua de Victoria del Portete, con su voz grave, como si se repitiera a sí misma en cada asamblea desde hace veinte años. Ella recuerda cuando, entre 2001 y 2003, el Ministerio de Energía y Minas otorgó tres concesiones mineras sobre lo que entonces era apenas un nombre técnico: Kimsacocha.

Una revisión de la cronología del proceso de regularización ambiental presentada por las autoridades en su comparecencia en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional (sesión ordinaria 037, el 10 de septiembre) hace evidente que se llevaban en paralelo la lucha por el agua en las comunidades de Girón y la recepción de propuestas de explotación minera en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas.

En 2021, la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) adquirió el proyecto Loma Larga, ubicado en la provincia ecuatoriana de Azuay, aproximadamente a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cuenca. Loma Larga contempla la construcción de una moderna mina subterránea con una vida útil de 12 años que la empresa compara con su proyecto en la mina Chelopech en Bulgaria, según explica el informe.

Y en ese mismo año, la autoridad ambiental emitió la viabilidad ambiental del proyecto Loma Larga. En 2022, el proyecto obtuvo el pronunciamiento favorable autorizando el proceso de participación ciudadana (PPC) en 2024, a pesar de que existían precedentes de consulta popular.

Cuando el Gobierno central otorgó la licencia ambiental, muchos cuencanos sintieron que se estaba ignorando un mandato popular. Por eso, a pesar de que el presidente Noboa ahora anuncia que no seguirá con Loma Larga, la lucha por el agua continúa.

Movilizaciones en Cuenca: “Kimsacocha no se toca”

«Nosotros fuimos a Girón en 2019 y votamos No. Fuimos a Cuenca en 2021 y votamos No. Dos veces el pueblo ha dicho que en las zonas de recarga hídrica no queremos minería», recuerda Diego Espinoza, joven dirigente del Cabildo. Los porcentajes están en los archivos del CNE: en Girón, más del 86 % votó en contra de la minería; en Cuenca, más del 80 % prohibió la actividad en áreas de recarga hídrica.

La lucha por el agua no es de hoy; se trata de un proceso de años, como registra el Observatorio de Conflictos Socioambientales. Durante la Asamblea «Por el Agua: Sin Oro se Vive, Sin Agua se Muere», se expusieron preocupaciones sobre contaminación por arsénico, plomo y mercurio, uso intensivo de agua en zonas con déficit hídrico y riesgos por relaveras en páramos, según el informe técnico presentado por la empresa municipal Etapa de Cuenca sobre Kimsacocha.

El personal médico especialista del Hospital de Solca-Cuenca emitió un pronunciamiento dirigido a la ciudadanía y a las autoridades sobre los efectos de la minería en la salud pública, particularmente en relación con la presencia de metales pesados en el agua y su vinculación con el cáncer. De acuerdo con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la exposición prolongada a contaminantes derivados de la minería puede incrementar el riesgo de distintos tipos de cáncer.

Para el martes, 16 de septiembre, los Colectivos en Defensa del Agua por Kimsacocha convocaron a la marcha bajo el lema: «Kimsacocha no se toca». Primero se hará una ceremonia ancestral con los abuelos y yachaqs en San Roque, desde donde avanzará por La Condamine, Tarqui, Sucre y Bolívar hasta la Plaza San Francisco, explicó Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). «Esta será la marcha más grande que se haya visto. Cuenca tendrá a su quinto río diciendo: Quimsacocha no se toca», expresó.

La Curia y varias organizaciones también se suman, destacando que el ecosistema de Quimsacocha es vital para el ciclo del agua y la identidad territorial.

La Universidad del Azuay, así como la Universidad Católica de Cuenca, suspendieron clases y se sumarán a la marcha «en solidaridad con la comunidad y en defensa de la libertad de pensamiento». Los colectivos feministas y ambientales, así como defensores de derechos humanos, en sus redes sociales se han pronunciado y participarán.

El Ministerio de Educación emitió la Circular n.º MINEDUC-CZ6-2025-00059-C solicitando «vacaciones escolares» para «facilitar la participación» y, en la misma comunicación, advierte que el Código Penal en su artículo 346 tipifica la paralización de servicio público; en este caso, «no se podrá suspender clases» por ningún motivo.

El 11 de septiembre, el presidente Noboa entregó mil 100 becas de posgrado en el Teatro Pumapungo. Por si todo esto fuera poco, el 12 de septiembre, el presidente Noboa dio paso al proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay en Cuenca, que generará 21.8 MW y garantizará agua potable hasta 2050.

Los intentos para desalentar la participación ciudadana no están funcionando. Se agravan con las continuas decepciones. Declararon personas no gratas a los asambleístas que se supone deben representar el mandato popular: Camila León y su alterno Diego Matovelle, porque se opusieron a que María Luisa Cruz, actual ministra de Ambiente, comparezca ante la Asamblea para responder preguntas sobre el proyecto minero Loma Larga.

Camila León mermó la participación de la asambleísta de oposición Mónica Palacios, impidiendo que haga uso de la palabra cuando en la Comisión de Biodiversidad explicaba que la primera dama, Lavinia Valbonesi, recibió donaciones de la empresa minera Dundee Precious Metals para su proyecto Ana.

De la misma forma, se declararon personas no gratas a los asambleístas de ADN: Adrián Castro y Anthony Becerra por su nulo accionar ante las amenazas de contaminación y pérdida de los páramos azuayos. La mañana del 7 de agosto de 2025, sobre el río Tomebamba en el puente Juana De Oro, apareció un cartel contra la minería que dice: «Noboa minero, nuestra agua no se envenena, Quimsacocha no se toca».

Chevron, un antecedente legal pero inmoral

¿En qué escenario podría hablarse de Kimsacocha como un plan perfecto para alcanzar el pago de un laudo arbitral?

En la misma entrevista del 12 de septiembre donde el presidente Noboa anunció que el proyecto Loma Larga de Dundee Precious Metal no continuará, abordó la condena de la Corte Permanente de La Haya contra Ecuador dentro de un largo litigio con Chevron que inició en 2011.

Ecuador deberá pagar 800 millones «que atrasan las negociaciones de aranceles con Estados Unidos», afirmó. El valor que reclamaba la petrolera Chevron fue de 2 mil millones de dólarees; empresa que compró a Texaco en 2001 y heredó el litigio. Chevron demandó al Ecuador en 2009 ante la Corte de La Haya argumentando violación al Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador.

Texaco operó en Ecuador entre 1964 y 1990 en consorcio con la petrolera estatal Petroecuador, tiempo en el cual vertió más de 80 000 toneladas de residuos tóxicos y derivados de combustibles. Es un ecocidio comparable con Chernóbil en la Amazonía ecuatoriana en un área calculada de 500 mil hectáreas.

Las comunidades demandaron a Texaco en 1993 a nombre de 30 mil afectados, sobre todo de los pueblos indígenas. El tribunal arbitral falló en agosto de 2018 dándole la razón a Chevron a pesar de los cientos de testimonios y pruebas de destrucción de la biodiversidad, enfermedades como el cáncer y pérdidas. El caso Chevron ha tenido un manejo político y, en la peor situación, se impone el laudo arbitral por el incumplimiento de un contrato.

Por eso, en el escenario de una posible demanda, ¿qué podría reclamar Dundee y cuánto podría pedir? Daños por inversiones ya realizadas (CAPEX y OPEX), por lucro cesante o beneficios futuros perdidos, intereses, costes y gastos de arbitraje, una posible compensación. Por ejemplo, en el caso Crystallex vs. Venezuela, el tribunal otorgó no solo los USD 250 millones invertidos, sino más de mil 200 millones de dólares por lucro cesante, calculando el valor neto presente del proyecto.

En junio de 2023 (ratificado en 2024), el gobierno del Ecuador firmó con Dundee Precious Metals un Acuerdo de Protección de Inversiones (IPA) para el proyecto Loma Larga que incluye descuento del 5 % sobre la tasa del impuesto a la renta, fijada en el 20 %. El propio gobierno le dio un instrumento legal a la empresa minera para que, en caso de cancelación o cambios adversos, puedan ir a arbitraje internacional a exigir compensación en International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) —organismos del Banco Mundial—, o United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) —organismo de la ONU—.

Tomando en cuenta que los informes y prensa indican que el proyecto Loma Larga refiere USD 420 millones de inversión (CAPEX aproximado) en los primeros cinco años y en informes técnicos se menciona también el contenido de metales (2,2 millones de onzas de oro, 80 millones de libras de cobre), el valor bruto del metal contenido supera entre 7 mil y 8 mil millones de dólares a precios actuales (oro ~2 mil 400/onza, cobre ~4.5/lb).

Son las propias compañías —que a través de informes técnicos NI 43-101 y luego auditados por agencias estatales—. El estudio de factibilidad de 2020 indica que Loma Larga «tiene el potencial de producir un promedio anual de aproximadamente 200 mil onzas de oro en sus primeros cinco años de operación. Se espera que la vida útil de la producción minera sea de aproximadamente 170 mil onzas de oro por año».

En caso de laudo adverso como Chevron, el responsable es el Estado ecuatoriano, no el municipio ni la prefectura. Aunque se trate de competencias locales, a efectos de arbitraje el «Estado» es uno solo y responde por actos de cualquier nivel de gobierno.

El perverso discurso de minería legal versus minería ilegal

El relato de la minería legal se impulsa por actores proinversión minera y algunos opinadores para justificar el otorgamiento de permisos y licencias como el concedido al proyecto Loma Larga. «La minería es el futuro sino lo matamos» dice Alberto Acosta-Burneo citando al Banco Interamericano de Desarrollo (BID): «En Ecuador existen grandes oportunidades para dar un salto cualitativo y cuantitativo para alcanzar el estatus de país de ingresos altos. Tres son los sectores claves: agricultura, minería y turismo».

Esta es la vía «segura» para explotar recursos y evitar la minería ilegal, que es violenta, contaminante y organizada por actores criminales como los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) a los que combate el gobierno de Noboa en su guerra interna.

El presidente Noboa asegura que «la minería ilegal financia a quienes se oponen al Gobierno», declaraciones que dio en el marco de su visita a Cuenca para impulsar el proyecto hidroeléctrico Yanuncay. «Opositores que mienten a los cuencanos, nosotros no vamos a permitir que se les mienta. Nosotros gobernamos pensando en el futuro y en dar soluciones de largo plazo», explicó.

El discurso de los políticos insiste en la «minería legal» para negar riesgos y argumentar que la alternativa de la minería ilegal es peor.

¿Es casualidad que en los mismos días salieran los indígenas del pueblo waorani a declarar en rueda de prensa el ingreso de miembros del grupo delincuencial ‘Los Choneros’ al Parque Nacional Yasuní para actividades de minería ilegal?

Al mismo tiempo, los opinadores y «medios digitales» que aparecen en redes sociales impulsan cifras sin argumentos ni sustento técnico. Por ejemplo, «la probabilidad del 76 % de que exista minería ilegal en Quimsacocha si no se da paso a la minería legal o que el costo de cuidar a Kimsacocha es de USD 1 millón anual».

La revisión y análisis de estos contenidos evidencia que forman parte de una estrategia que tiene por objetivo posicionar a la minería legal como la única alternativa que le queda a los azuayos para no caer en las garras de la delincuencia organizada. Se dirige la discusión a un debate de seguridad en lugar de uno ambiental que garantice el cuidado del agua y la reserva de Kimsacocha.

Este escenario es tremendamente peligroso, sobre todo para las defensoras y defensores de derechos humanos y ambiente, como se ha visto en los exhortos de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW).

Kimsacocha será la voz de la protesta nacional

En octubre de 2024, Amnistía publicó una alerta sobre abusos y opacidad en políticas de seguridad, casos de amenazas, intimidación, enjuiciamientos judiciales a líderes ambientales y comunitarios. Algunos han sido procesados o incluso sentenciados en relación con su defensa del agua o del territorio minero, como en el caso de Las Naves, provincia de Bolívar.

HRW publicó una carta en mayo de 2024 al presidente Daniel Noboa denunciando que la declaración de «conflicto armado interno» facilitó violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad, incluyendo al menos un presunto asesinato extrajudicial, arrestos arbitrarios, malos tratos, detenciones sin acceso a juez. HRW también ha documentado detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza y violaciones a derechos políticos.

El Departamento de Estado de EE. UU. publicó su informe anual sobre Derechos Humanos («Country Report 2024») donde señala que Ecuador tiene reportes creíbles de «ejecuciones arbitrarias o ilegales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; arresto o detención arbitrarios; y restricciones a la libertad de expresión y medios».

Por los elementos expuestos, y la eliminación del subsidio al diésel declarada por el presidente del Ecuador este viernes 12 de septiembre en la noche, se avizoran manifestaciones y descontento de la ciudadanía. Comunicados de los gremios de transportistas anuncian un paro de transporte público el lunes 15, al que se suman docentes, estudiantes y trabajadores. Los gremios empresariales y de la industria han dado todo su respaldo al gobierno nacional.

El martes 16 de septiembre, Kimsacocha será la voz de la protesta nacional y la inconformidad con las políticas del gobierno de Daniel Noboa. Una vez más, el pueblo ecuatoriano protesta contra la aplicación agresiva del plan de ajustes del Fondo Monetario Internacional.