El fallecimiento de Luis Echeverría coincide con el desmoronamiento del PRI; ocurre cuando la FGR investiga a su dirigente nacional y la UIF al último presidente emanado de sus filas

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Luis Echeverría Álvarez tenía siete años cuando Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, cimiento del otrora todopoderoso PRI.

A los 24 años, recién egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, se afilió al partido oficial, que justo ese año adquirió la denominación de Partido Revolucionario Institucional, después de haberse convertido de PNR (1929-1938), en Partido de la Revolución Mexicana, PRM (1938-1946) y, finalmente, en el PRI que conocemos hasta nuestros días.

Durante el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952), Echeverría fue secretario particular del dirigente priista Rodolfo Sánchez Taboada, un militar que después se lo llevó a trabajar a la Secretaría de Marina. 

Echeverría transitó el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) entre la Secretaría de Marina, la SEP y el CEN del PRI, y en 1958, ya con Adolfo López Mateos como presidente, fue nombrado subsecretario de Gobernación, cuando el secretario era Gustavo Díaz Ordaz.

Cuando Díaz Ordaz llegó a la Presidencia, en 1964, nombró a Echeverría secretario de Gobernación y, en 1969, cuando él tenía 47 años y el PRI cumplía 40, fue destapado como candidato del PRI a la Presidencia de la República. 

Fue el primer burócrata que, sin un solo cargo de elección popular en su biografía, llegaba a la máxima magistratura.

Marcado por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en 1968, y el Halconazo del Jueves de Corpus, en 1971, Echeverría es conocido como el presidente de la Guerra Sucia, la etapa de represión en la que el régimen priista mostró el rostro más cruel de la “dictadura perfecta”.

En 1976, con 54 años de edad, Echeverría entregó el poder a José López Portillo y hasta 1978 ocupó puestos diplomáticos. 

Después se retiró y limitó sus apariciones públicas a unos cuantos actos políticos del PRI, eventos sociales y funerales.

Perseguido por su pasado, se confinó en su residencia de San Jerónimo, desde donde enfrentó el juicio abierto en el 2001 por la Fiscalía Especializada para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, por su participación en la represión de los años 60 y 70.

En su largo retiro, vivió los sexenios de López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo; la derrota del PRI, en el 2000, y dos sexenios panistas; el regreso del PRI de la mano de Enrique Peña Nieto, en 2012, y la nueva derrota del tricolor en 2018.

Durante casi 30 años guardó silencio sobre los crímenes atroces de los que se le responsabilizó como exsecretario de Gobernación y expresidente, hasta que en 2002 la FEMOSPP lo citó a declarar.

En dos ocasiones se giraron órdenes de aprehensión en su contra, que libró mediante amparos, un arresto domiciliario, polémicas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, finalmente, la prescripción de delitos.

La justicia mexicana no alcanzó a ponerlo tras las rejas, pero el juicio popular fue contundente: a Echeverría se le considera un criminal que, gracias a la red de complicidades de la clase gobernante, gozó de impunidad y de una pensión que cobró durante casi medio siglo.

Murió enfermo y solo, pues su esposa, María Esther Zuno, falleció en diciembre de 1999, cuando él tenía ya 77 años y el PRI acababa de cumplir 70.

El día del funeral de su esposa, cuando se le preguntó qué iba a hacer ahora, respondió con una mueca y dijo: “me dedicaré a lo mismo, a madrugar todos los días; seguiré haciendo un poco de deporte y leyendo todos los periódicos. Ya por costumbre leemos todo, escuchamos todo”.

A sus cien años (cumplidos el pasado 17 de enero), si su salud se lo permitía, Luis Echeverría pudo haberse enterado de la debacle del PRI, y de que el antiguo partidazo es hoy un partidito en decadencia, que depende del PAN (paradojas de la historia) para seguir viviendo.

Su muerte ocurre justo cuando el dirigente actual de su partido, Alejandro Moreno, es investigado por la Fiscalía General de la República, y el último presidente priista, Enrique Peña Nieto, por la Unidad de Inteligencia Financiera.

La corrupción, símbolo máximo de la política priista, persigue a sus más conspicuos dirigentes e integrantes.

El fallecimiento de Echeverría coincide con el desmoronamiento del PRI, y bien podría ser el preámbulo de la muerte del partido que, de seguir como va, podría no llegar vivo al centenario de su fundación, en 2029.

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Echeverría no está en la lista de los expresidentes a los que Andrés Manuel López Obrador responsabiliza del desastre nacional. No forma parte del club de los neoliberales, e incluso muchas de las conductas del actual mandatario recuerdan al hombre de la guayabera.

Es paradójico, pero la izquierda que llegó al poder gracias al impulso inicial de los movimientos estudiantil, obrero, popular, campesino y sindical que combatieron al PRI de Echeverría ha decidido exonerarlo, cuando no emularlo.

El juicio a expresidentes, promovido mediante una consulta fallida, solicitada y boicoteada simultáneamente por López Obrador en 2021, no tocaba a Echeverría.

La consulta, y la propaganda de la consulta, se centraban en Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y finalmente no sirvió de nada, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación enredó la pregunta; la Cámara de Diputados aprobó una ley que envió la consulta a una fecha distinta de las elecciones federales y luego negó los recursos para instalar las casillas suficientes, y el titular del Ejecutivo se la pasó diciendo que él votaría en contra de enjuiciar a sus antecesores.

La Consulta Popular del 1 de agosto de 2021 no tuvo los 39 millones de participantes requeridos para que fuera vinculante en términos constitucionales; sin embargo, de las 6 millones 663 mil personas que votaron, 6 millones 511 mil lo hicieron a favor del esclarecimiento de hechos del pasado.

Eso bastaría para que el gobierno de López Obrador emprendiera acciones legales -serias y formales- para aclarar el pasado y enjuiciar a expresidentes.

Ya no alcanzó a Echeverría, pero al resto sí podría, si existieran indicios suficientes, pruebas, indagatorias y procesos conducidos con legalidad y transparencia. Es decir, si hubiera voluntad política y profesionalismo en la Fiscalía y la UIF. 

No bastan los dichos de Pablo Gómez en una mañanera para acreditar la voluntad de la 4T de esclarecer el pasado; hace falta pasar del escándalo mediático a la discreta y eficaz acción de la justicia.