Las familias migrantes viven duelos en silencio pues su dolor es invisible ante la sociedad. José y Elizabeth han aprendido a que el dolor es parte de sus migraciones, además de la incertidumbre de volver o no a sus comunidades de origen.

Por: Isabel Margarita Nemecio Nemesio*

José y Elizabeth salieron de su comunidad de origen en la región de La Montaña de Guerrero, en diciembre de 2022, les acompañaba su bebé de nombre Javier. Durante diciembre y enero la familia iba diario a trabajar al corte del cultivo de chile, su trabajo era “rotativo” porque no dependían de un patrón (empleador) permanente, cada día o semana se empleaban con uno distinto e iban a laborar a distintos campos agrícolas que se ubican al sur del estado de Sinaloa.

A mediados de enero de 2023, el bebé comenzó a enfermar, José y Elizabeth lo trasladaron a una clínica del IMSS, pero su estado de salud no mejoró, fue canalizado al Hospital General de Mazatlán, duró hospitalizado unos días. pero los médicos determinaron que era urgente trasladarlo al Hospital Pediátrico de Culiacán. Permaneció una semana hospitalizado pero su estado de salud no presentó mejoría, los médicos le comentaron a José y Elizabeth que su bebé tenía neumonía, lo entubaron y su corazón estaba muy afectado. El bebé falleció la madrugada del domingo 5 de febrero, después de que presentó diversos infartos, su corazón no resistió, tenía siete meses de nacido.

El hospital realizó los tramites y puso a la familia en contacto con una funeraria local que les cobraba la cantidad de 11 mil pesos para trasladar el cuerpo de su hijo a la zona agrícola donde están rentando, para enterrarlo en el panteón municipal. Pero José sólo contaba con 500 pesos en su bolsillo, porque los pocos ahorros que tenía los gasto en medicamentos, consultas, traslados y alimentos durante esos días que su bebé estuvo hospitalizado.

Marcos, el papá de José se traslado en su vehículo particular del sur de Sinaloa hasta Culiacán, para acompañar a su hijo y a Elizabeth, él tampoco tenía dinero, tuvo que pedir un préstamo entre sus paisanos para la gasolina de su vehículo. Cuando los médicos les confirmaron del fallecimiento del bebé, la trabajadora social del hospital les comentó que era necesario hacer el traslado en una carroza, pero ante la situación económica de la familia, las autoridades del hospital cedieron ante la petición de Marcos, de “llevarse la cajita de su nieto (que le habían dado en el hospital) en su carro”, quedaron en darle un pase, pero al final solo le entregaron las pertenencias y autorizaron la salida del cuerpo.

A la salida de Culiacán, elementos de la policía estatal del estado detuvieron a Marcos, le comentaron que no podía llevar en esas condiciones el cuerpo de su nieto. Después de 30 minutos de suplicar que los dejaran continuar su camino, los policías les permitieron seguir su trayecto.

La mañana del 6 de febrero el cuerpo del bebé Javier fue sepultado en un panteón municipal cercano a la localidad donde la familia renta un cuarto, que se ubica cerca de los campos agrícolas donde van a trabajar. La familia tuvo que solicitar un apoyo de 3 mil pesos para poder pagar “el pedazo de tierra donde lo enterraron”.

A este duelo silencioso, la familia ha acumulado tristezas y sufrimientos que son invisibles ante los ojos de las demás personas, el año pasado su primer hijo falleció a los 21 días de nacido, también ocurrió en Sinaloa y la historia es casi similar. José y Elizabeth han aprendido a que el dolor es parte de sus migraciones, que migran no solo para trabajar y ahorrar algo de dinero, sino que también está la incertidumbre de no saber si regresaran a su comunidad de origen. Han aprendido que tendrán que ofrendar a sus dos hijos en Día de Muertos a más de mil 200 kilómetros de distancia, que sólo podrán visitarlos y llevarles flores cuando migren de nuevo a Sinaloa porque no tuvieron el dinero suficiente para trasladar sus cuerpos a La Montaña, a su comunidad.

Qué tiene que cambiar en el sistema para que hechos tan desafortunados y dolorosos como los que han enfrentado José, Elizabeth, Marcos y demás familiares, no se repitan, primero que los centros o módulos de salud a donde acuden las familias jornaleras estén bien equipadas, con la finalidad de garantizarles una atención inmediata e integral, que los trámites administrativos sean accesibles para asegurar los traslados y canalización de pacientes sin demora, que se les asegure siempre el acompañamiento de un traductor/intérprete que pueda transmitir sin tecnicismos la situación médica de los pacientes que están internados o que requieren de una cirugía, para que los familiares comprendan desde su contexto multicultural esos detalles médicos.

Que exista una coordinación interinstitucional e interestatal entre las instancias de salud de los estados de origen y los estados receptores de personas jornaleras, para garantizar el apoyo de traductores, así como apoyos humanitarios o de emergencia (contingencia) que garanticen económicamente a las familias jornaleras los recursos necesarios para cubrir gastos hospitalarios y funerarios. Que establezcan convenios las autoridades de salud con funerarias locales para que los costos sean accesibles para las familias jornaleras, y que puedan ser sufragados por las autoridades. Que el estatus migratorio y su condición como trabajadores/as agrícolas no sea un impedimento burocrático para la realización de trámites ante el sistema de salud.

Que se brinde capacitación al personal médico y en general del sistema de salud, para que puedan brindar un acompañamiento de contención psicoemocional a las familias jornaleras que atraviesan por duelos ante la pérdida de algún familiar, porque los viven en el silencio y el olvido, porque los vuelven parte de lo cotidiano cuando regresan de nuevo al trabajo a los campos agrícolas, y cuando retornan a sus comunidades de origen. Contar con estas garantías mínimas también son un derecho, aprender acompañar sus duelos y que se sientan acompañados es también un derecho al que deben acceder las familias jornaleras, y eso, es un pequeño cambio en el sistema.

*Colaboradora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC, organización integrante de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, para la Alianza Campo Justo.