Es difícil saber si una exposición más honesta de las preocupaciones por la crisis climática por parte de organizaciones civiles hubiese producido un resultado distinto en la votación sobre la reforma constitucional en materia eléctrica. Probablemente no, pues los legisladores que se opusieron defienden intereses más que ideas o principios, o la rechazaron en venganza al sentirse impotentes como oposición. Pero, al menos como sociedad, nos merecemos otro nivel de debate y menos manipulación en torno a lo ambiental

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En el ecologismo (o ambientalismo) existen distintas corrientes. Si las entendemos como discursos (formas compartidas de ver el mundo construidas a través del lenguaje) la diversidad es aún mayor. Para analizar lo que ocurrió en más de medio año de discusiones sobre la reforma constitucional en materia eléctrica —votada por una mayoría de los diputados este domingo pasado pero desechada al no lograr la mayoría calificada— podríamos identificar dos grandes corrientes. Para la primera me apoyo en el economista ecológico y activista catalán Joao Martínez Alier, quien en un seminal libro (El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración, 2009) acuñó el término ecologismo de los pobres o ecologismo popular. 

A diferencia de otros ecologismos, preocupados únicamente por la integridad de los ecosistemas y la vida silvestre, el ecologismo popular se preocupa por la (in)justicia ambiental, que si bien considera a la naturaleza pone al centro a comunidades afectadas y a los movimientos de resistencia frente al despojo y la contaminación.

«No somos ecologistas, defendemos nuestro territorio» es una consigna comúnmente escuchada por parte de comunidades indígenas y campesinas que padecen de manera directa los efectos depredadores de nuestro sistema económico y de estructuras políticas poco democráticas que ponen los intereses económicos de los poderosos por encima de lo público y lo comunitario.

El ecologismo popular también existe en ciudades y se expresa en demandas por condiciones adecuadas de vivienda, acceso al agua y al saneamiento, a fuentes seguras de energía, además de tarifas justas y asequibles por parte de los pobres urbanos que en un país como el nuestro suelen ser mayoría. En los movimientos que conforman el ecologismo popular a nivel urbano o periurbano juegan un papel importante organizaciones barriales, sindicatos y asambleas (por ejemplo, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales). El ojo está en la injusta distribución de los bienes ambientales (tierra, agua y aire limpios, por ejemplo) así como de los males: contaminación, exposición al riesgo, etcétera. Se trata de mujeres y hombres, niños, jóvenes y ancianos que buscan ser reconocidos plenamente como ciudadanos y demandan participar en la toma de decisiones sobre lo que afecta a la sociedad y en particular a las comunidades más vulnerables.

Existen movimientos de todo tipo en el ecologismo popular, pero al centro está una defensa no del medio ambiente en abstracto sino de las condiciones que permiten la vida de todas las comunidades humanas y no humanas. Suelen ser movimientos politizados mas no desde la teoría, sino a partir de la vivencia pues padecen en carne propia la marginación, la explotación, la degradación y el despojo.

En estos tiempos en México parece irse conformando otro ecologismo, uno con raíces y luchas distintas. Proviene de sectores que no padecen de manera directa los efectos más nocivos de nuestro sistema económico y que, a diferencia de las comunidades empobrecidas y marginadas, rurales o urbanas, suelen tener mayor acceso a estructuras de poder así como influencia a través de medios masivos de comunicación, incluyendo las redes sociales.

No tienen por qué ser ecologismos antagónicos, pero no son la misma cosa. Los puentes entre ellos requieren de la sensibilidad y el compromiso de los no afectados directamente, lo cual es un problema cuando sus integrantes no son politizados o peor aún, cuando son apolíticos, pues de ahí deriva su lectura simplista de los problemas, así como las soluciones que se impulsan -con frecuencia parciales o que agravan las injusticias sociales.

Volvamos al tema de lo energético y la reforma eléctrica. Los partidos de oposición PRI, PAN, PRD y MC usaron tramposamente una narrativa ambiental para rechazar la propuesta de reforma y en los hechos defender la reforma energética de 2013 de Enrique Peña Nieto. Y lo pudieron hacer gracias a la despolitización mostrada por diversas organizaciones que les brindaron un andamiaje para sus medias verdades y llanas mentiras. Desde estas organizaciones le apodaron Ley Combustóleo, pese a que son incapaces de demostrar que esta iniciativa tenía algo que ver con incrementar o perpetuar el uso de carbón y del muy nocivo combustóleo en la generación eléctrica. Repitieron una y mil veces que la iniciativa iba en contra de las energías ‘limpias’ (mal llamadas así pues no existe tal cosa), de entre las cuales tramposamente borraron a las hidroeléctricas (por ser de la CFE, claro). Les importó poco la evidencia de los múltiples abusos cometidos por generadoras extranjeras y grandes corporaciones que operan en México, que en conjunto son los únicos beneficiados de la reforma energética del Pacto por México. El tema de la soberanía energética, al centro de la iniciativa, mereció poco menos que desprecio en su narrativa de combate a la crisis climática. Para la organización Nuestro Futuro, por ejemplo, el tema de la soberanía energética es “un asunto ideológico, una pérdida de tiempo” (Nora Cabrera Velasco en pódcast Al Habla).

Estos actores perdieron una inmensa oportunidad de involucrarse con pueblos indígenas y comunidades que padecen los efectos nocivos de los mega parques eólicos y solares impulsados por Felipe Calderón desde que fue secretario de Energía, lo que hubiese permitido ayudar a problematizar la transición energética para conducirla por una ruta más justa. ¿Conveniencia? ¿Ignorancia? ¿Mala fe? Solo los participantes de esas organizaciones sabrán por qué hicieron lo que hicieron como lo hicieron.

Mientras tanto, comunidades y organizaciones campesinas e indígenas de Oaxaca, Yucatán, Puebla, San Luis Potosí y Baja California buscaron el diálogo y la interlocución directa y abierta con la Presidencia de la República y trabajaron con legisladores para mejorar la iniciativa presidencial. En términos generales el reclamo consiste en el reconocimiento del sector social y comunitario en la transición energética, pues éste había quedado nuevamente perdido entre ‘lo público’. No sin tener dudas sobre dicha interlocución e incluso teniendo desconfianza por el papel que la CFE ha tenido en el pasado, invirtieron tiempo, discutieron y redactaron propuestas sustentadas de cambio al texto de la iniciativa, ya sea sobre los artículos constitucionales a modificar o para leyes secundarias. Con enormes esfuerzos se hicieron presentes en los foros del parlamento abierto y expresaron una y otra vez sus planteamientos.

Pocos medios de comunicación cubrieron su magnífica labor, una que de aprobarse la reforma eléctrica que ellas y ellos enriquecieron habría sentado las bases no solo para recuperar la soberanía energética (en materia eléctrica) sino para asegurar una transición energética justa y más democrática en el país. Mientras tanto, organizaciones del ecologismo ¿anti-popular? recibieron toda la atención de los medios y sus narrativas con frecuencia simplistas y poco honestas le dieron a la oposición el único argumento defendible ante la opinión pública. ¿O iban a admitir esos legisladores que defendían intereses corporativos o que cedían ante las presiones de energéticas extranjeras y sus cabilderos?

Así, desde el ecologismo popular, sin reflector alguno, organizaciones indígenas y campesinas dialogaron y se abocaron a mejorar la propuesta de reforma eléctrica, mientras que, desde este otro ecologismo, principalmente urbano y (más) privilegiado, se buscó que no prosperara la reforma constitucional  -y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que le antecedió- mediante campañas mediáticas y litigio estratégico. 

Como expresé antes es posible que no habría hecho una diferencia en la aprobación de la reforma eléctrica, pero no estoy seguro de que no influyó en el resultado. En todo caso, es fundamental que individuos y organizaciones de la sociedad civil preocupadas genuinamente por la crisis climática ejerzan la autocrítica y se politicen, pues perseguir sustentabilidad ambiental sin justicia social carece de sentido.