San Quintín no solo enfrenta el problema de los jóvenes, sino que también afecta a las familias que tienen que sortear la falta de agua y electricidad en sus viviendas. Es momento de que la justicia llegue para los jornaleros, los niños siguen esperando

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Hace ocho años en el Valle de San Quintín miles de jornaleros cerraron la carretera transpenínsular para demandar cosas muy sencilla: cese al trabajo infantil y al acoso sexual a las mujeres en los surcos, así como aumento salarial. La protesta de los trabajadores del campo fue sofocada por el gobierno del estado. 

Los obreros agrícolas lograron que las niñas y niños dejaran los surcos, pero ahora enfrentan otro problema mayor: la falta de guardería infantiles. El cuidado de los niños queda a cargo de los hermanos mayores, de algún familiar o vecinos, que en muchos de los casos los niños o adolescentes terminan como víctimas de violencias o abusos sexuales. 

Un día, una profesora que pidió reserva de su identidad contó: “Se han incrementado casos de violencia física y sexual en niños y niñas. Los que presentan problemas más graves son niñas y niños de tres a catorce años. La tasa de población de doce a catorce años tienen primaria incompleta”. 

Las desigualdades que enfrentan las jornaleras y jornaleros ponen en riesgo el desarrollo integral de sus hijos por su condición indígena. A la población indígena que viaja de Guerrero, Chiapas y Oaxaca se les limita acceso a la educación y derecho a una identidad pertinente con entorno cultural de origen.

El bajo salario que reciben los trabajadores obliga a muchas madres de familia a incorporarse como jornaleras en los campos agrícolas. El 69 por ciento de niños de trece y catorce años que trabajan en los campos de San Quintín no tienen acceso a derechos fundamentales como: alimentación, salud, familia, justicia y el uso de su lengua materna. 

La falta de espacios recreativos deportivos y culturales ha llevado a los jóvenes a la drogadicción, y embarazos prematuros en mujeres adolescentes. Este problema pone en mayor conflicto a los padres adolescentes, porque tienen que enrolarse en el campo laboral, pero no se les permite trabajar por ser menores de edad. 

Otros problemas que enfrentan los jornaleros que trabajan en los campos de San Quintín son la transición demográfica y económica, que como consecuencia ha modificando la relación familiar. La mujer asume obligaciones laborales que ponen en riesgo su estado de salud, durante el embarazo o lactancia.

San Quintín no solo enfrenta el problema de los jóvenes, sino que también afecta a las familias que tienen que sortear la suerte todos los días para tener agua en su vivienda. En las comunidades de este municipio de nueva creación también tienen que caminar a oscuras porque no hay electricidad. 

Sin embargo, los colonos no tienen red eléctrica porque no tienen posesión de los terrenos donde están asentados. La tarea es la legalización del terreno para que las familias indígenas y migrantes puedan tener acceso al agua, electricidad y construyan vivienda digna. 

Uno de los programas de los gobiernos estatal y federal sería la legalización del dominio de la tierra, así como aperturas de guarderías, espacios recreativos y atención directa hacia los jóvenes sin dejar de lado el aumento salarial. Si esto no ocurre en estos años que le falta al actual gobierno federal, entonces habrá una deuda pendiente. 

Se requiere dar acompañamiento a los 90 mil migrantes que viven en el Valle de San Quintín como: Díaz Ordaz, Benito Juárez, Emiliano Zapata, donde la población indígena rebasa el 40 por ciento. Los ñuu savi (mixtecos) de Oaxaca y Guerrero es la población más numerosa, le siguen los trinquis, nahuas, zapotecos de Oaxaca. 

Debe de partir desde el diseño de políticas públicas para acabar con la discriminación, la explotación laboral por los empresarios agrícolas en el Valle de San Quintín. Es momento de que la justicia llegue para los jornaleros que hace siete años exigieron no quedar en el olvido.  Porque los niños siguen esperando que la justicia les llegue.