Las empresas que donan ultraprocesados (desde gaseosas y snakcs) en América Latina pueden acceder a privilegios fiscales, que les permiten deducir el pago de impuestos. Un reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico y PopLab, identificó que mientras que Brasil pone un tope del 2% para estas deducciones, Colombia permite hasta un 37%. En México es 7% y en Perú, 10%. Según expertos, estos incentivos fiscales solo promueven el mayor consumo de productos ultraprocesados, lo que impactará en la economía, con el aumento de las enfermedades  no transmisibles y, por lo tanto, de los costos en salud pública

Por Elena Miranda y Kennia Velázquez / Pop Lab

Las empresas de alimentos ultraprocesados no solo usan la donación de sus productos como parte de una estrategia de marketing para alcanzar nuevos consumidores, también les permite presentar estos gastos para deducir el pago de impuestos. La Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico analizó la legislación que promueve estos beneficios fiscales en la industria. 

En Perú, México, Colombia y Brasil las normas que permiten esta deducción no están relacionadas a la calidad nutricional de los productos que se donan y que están dirigidos, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables, como niños y niñas, adultos mayores en situación de pobreza. Este sector de la población es, además, uno de los que más altos riesgos de diabetes presenta.

En Latinoamérica, el porcentaje de deducción de impuestos a la que puede aspirar una compañía que dona bebidas con alto contenido de azúcar es el mismo que para una que entrega carne, vegetales, frutas o menestras.

El análisis realizado para esta investigación a los topes para estas deducciones identifica grandes diferencias. Colombia es el país con el tope más alto: las empresas que donan productos alimenticios (de cualquier tipo) pueden deducir el pago de impuestos hasta un 37%. 

En el caso de Perú, el país permite una deducción de impuestos de hasta el 10% de los ingresos netos de la empresa que dona alimentos, pero esta no debe superar el 1.5% del valor de sus ventas netas anuales de alimentos. 

En México, esta deducción se permite hasta el 7% de la renta imponible a las personas y empresas. La situación en Brasil es diferente, tiene el límite más restrictivo: solo se permite deducir hasta el 2%.

La cantidad de dinero de las deducciones de impuestos para los donantes no es pública, porque la reserva tributaria protege la información de los contribuyentes y las empresas beneficiadas no difunden estas cifras.

Desde Perú, Abilia Ramos, lideresa de las ollas comunes –una red autogestionada por mujeres para garantizar la alimentación de familias más pobres–, considera injusto que las empresas que les donan bebidas gaseosas y papas fritas reciban el mismo beneficio que aquellas que les dan arroz, frijoles y otros insumos nutritivos que necesitan en sus cocinas.

“No nos hacen ningún favor a nosotros. El Estado les reduce impuestos. Al reducir, ellos tendrían que entregar alimentos de calidad (…) No van a entregarnos gaseosas ni galletitas. Eso no alimenta”, comenta Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del Perú. 

Otras lideresas tienen una percepción similar. A Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, le parece contradictorio que el mismo gobierno que las capacita para que preparen alimentos saludables beneficie a empresas que les dan comida chatarra. 

Sin embargo, reconoce que cuando les donan alimentos ultraprocesados, aunque saben que no son buenos, los aceptan y reparten entre los comensales. Por ello, Palomino, Ramos y otros dirigentes de ollas comunes han solicitado a las autoridades del Estado peruano que revisen la legislación sobre impuestos y donaciones.

Las millonarias deducciones

Como parte de esta investigación, la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, estimó –con el apoyo de expertos tributarios– los montos máximos de las deducciones que estas compañías podrían obtener en base a los porcentajes que establece la ley y la información que estas empresas declaran sobre sus donaciones en los reportes financieros y memorias anuales. 

Por ejemplo, en Perú, una de las compañías que más dona es Arca Continental Lindley, empresa que embotella y comercializa las marcas de Coca Cola en Perú. El tope de la deducción en impuestos a la que podría aspirar por sus donaciones realizadas en 2022 sería de S/ 10.08 millones (USD 2.6 millones). 

Esta reducción equivale al 10% de sus ingresos netos (S/ 110 millones) y está debajo del monto límite establecido por la ley, que es del 1,5% (S/ 38.2 millones) de sus ventas netas reportadas ese año, que ascendieron a S/ 2 mil 546.5 millones.

El año pasado, Arca Continental Lindley fue reconocida por el Banco de Alimentos Perú –registrada como una organización sin fines de lucro– como una de las empresas que más dona. Esta compañía donó al Banco de Alimentos y a la Asociación de las Bienaventuranzas, más de 500 mil litros de sus productos.

En 2020, Coca-Cola Perú (que además de su refresco insigne tiene las marcas de gaseosas Inca Kola, Fanta, Sprite, Del Valle Frugos, Powerade y San Luis) figuró entre las 10 empresas que más productos procesados donaron.

En Perú, Colombia y México, para acceder a los beneficios fiscales, las personas o empresas tienen que hacer donaciones a beneficiarios autorizados por sus respectivas autoridades tributarias. Solo en el caso de Brasil pueden donar a cualquier organización de la sociedad civil de interés público. 

Desde Brasil, la nutricionista Ana Paula Bortoletto, señala que la deducción de impuestos con las donaciones necesita más reglas específicas sobre la calidad de los alimentos entregados. 

“Hay industrias que tienen posibilidad de hacer donaciones de alimentos saludables, mínimamente procesados, que son fundamentales como aporte de una alimentación adecuada y saludable, pero, por motivos de conveniencia, costos y recursos, optan por donar ultraprocesados”, dice la también investigadora de la Comunidad de Práctica Latinoamérica y Caribe Nutrición y Salud (Colansa), iniciativa que promueve políticas públicas para sistemas alimentarios más saludables.

Además de la deducción de impuestos, estas compañías de productos ultraprocesados también tienen otros beneficios. Las empresas ahorran costos, pues ya no gastan en almacenar productos que han perdido su valor comercial (próximos a vencer o con problemas con el empaque o etiquetado) ni en transportarlos para incinerarlos, tal como lo destacó la gerente del Banco de Alimentos Perú, Daniela Osores, en una entrevista del 2020 en el diario El Peruano.

Las empresas también pueden incrementar sus ventas con campañas que promueven temporalmente la comercialización de determinado producto y, ofrecen destinar un porcentaje del dinero de cada unidad vendida a donaciones. Un ejemplo de ello es una campaña realizada por la multinacional Mondelez, en coordinación con el Banco de Alimentos Perú, que ofrecía entregar una ración de alimentos para 3 mil personas pobres financiados con un porcentaje del dinero recaudado por las ventas de galletas, chocolates, chicles y otros productos FIELD en un supermercado peruano, entre julio y agosto de 2024.

Mondelez y las multinacionales Coca-Cola, Grupo Bimbo, Kellogg’s y Nestlé figuran entre los 44 principales donantes de productos para la Red Global de Bancos de Alimentos, que agrupa a más de 700 bancos de alimentos de más de 50 países, entre los cuales figuran los de Perú, México, Brasil y Colombia, según el informe anual 2023 de esta organización. 

Las donaciones que realizan las empresas de productos ultraprocesados forman parte de sus acciones de responsabilidad social corporativa, aunque muchas veces parecen más campañas de publicidad y marketing. 

Desde Perú, el experto en publicidad, Juan José Tirado explica que el marketing busca un beneficio en las ventas y en el negocio de la empresa, mientras que la responsabilidad social corporativa se orienta a mejorar la reputación de la empresa. “Mientras uno está más enfocado en la parte comercial, el otro está en la reputación. Sin embargo, sumados, generan la imagen corporativa de la empresa”, agrega.

A diferencia de la publicidad, Tirado explica que el impacto de la responsabilidad social corporativa no se mide en dinero sino que debería medirse en reputación porque no se refiere a transacciones sino a relaciones. Por ello, destaca que las acciones que tienen más éxito son las que impactan en la vida cotidiana de la gente, las que hacen que mejoren sus vidas.

Ingresos en aumento

Algunas de estas empresas de productos y bebidas ultraprocesadas han mejorado sus ingresos y ganancias en los últimos años. De acuerdo a sus reportes financieros anuales en todo el mundo, Coca-Cola ganó USD 10 mil 714 millones en 2023, 12% más que el año anterior. Mientras que, en el mismo tiempo, Kellogg’s obtuvo ganancias por USD 110 millones, 540% más; Mondelez obtuvo USD 4 mil 371 millones, 82.5% más; y Nestlé generó USD 12 mil 700 millones, 20.9% más que el año anterior.

“Las prácticas de marketing de la industria de productos ultraprocesados se han normalizado, a pesar de que ayudan a crear entornos no saludables, sirven como tácticas de lavado corporativo y desplazan las culturas alimentarias tradicionales, y, como resultado, explotan a comunidades vulnerables y al ambiente”, señala un informe del 2022 elaborado por The Global Health Advocacy Incubator, una organización que promueve políticas públicas para proteger la salud en 30 países. 

Desde Argentina, Verónica Schoj, vicepresidenta para el Programa de Salud Alimentaria de esta organización, recomienda que los Estados no se limiten a regular el marketing de productos ultraprocesados en medios tradicionales. “Se requiere también una regulación amplia, que alcance a las estrategias de sponsoreo de eventos deportivos y culturales, a los programas de responsabilidad social corporativa, el patrocinio y la publicidad engañosa en los paquetes”, alerta.

Verónica Schoj explica que “la pandemia de Covid-19 puso sobre la mesa la necesidad de establecer marcos regulatorios robustos para que no se done cualquier cosa. Si se va a donar un alimento que va a una población vulnerable, esta debe garantizar su derecho a una alimentación saludable. El Estado es responsable de no aceptar cualquier donación”, precisa.

Durante la pandemia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se pronunciaron sobre la importancia de que la acción humanitaria se realice sin causar daños colaterales. 

Y es que, como varios estudios han señalado, existe una relación estrecha entre el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas con el incremento de la diabetes y el cáncer.

Guías recomiendan no consumir ultraprocesados

Para apoyar la formulación de políticas nacionales sobre alimentación y nutrición, más de 100 países de todo el mundo han elaborado guías alimentarias que brindan recomendaciones sobre alimentación y estilos de vida saludable. 

Un análisis comparativo de estas guías expone las diferencias entre los países. Mientras que las de Perú, Colombia y Brasil hacen referencia a los niveles de procesamiento de los alimentos, eso no ocurre en México. 

Perú y Brasil recomiendan evitar el consumo de alimentos ultraprocesados para prevenir enfermedades; y Colombia no usa estos términos, pero sugiere evitar los “productos de paquete”. 

En Brasil, las guías alimentarias son reconocidas por más de una institución pública y se alinean con políticas públicas existentes; mientras que en México estas carecen de reconocimiento; en Colombia no están articuladas con otras políticas, pero sí se aplican en diversos sectores; y, en Perú, solo son de aplicación obligatoria en el sector salud.

El exviceministro de Salud del Perú, Enrique Jacoby –que participó en la elaboración de las guías alimentarias de este país en 2019–, explica que estas recomendaciones deben aplicarse en los establecimientos del Ministerio de Salud, pero no no son obligatorias –paradójicamente– en otras instancias del gobierno. 

Es por ello que en el Perú hay entidades del Estado que promueven y distribuyen donaciones de productos ultraprocesados, que están dirigidos a la población más vulnerable.

Por ejemplo, entre las donaciones que reciben los niños y adultos mayores de los Centros de Atención Residencial del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, figuran aquellas de la compañía Backus y Johnston –del grupo AB Inbev, multinacional con sede en Bélgica que produce cervezas y bebidas azucaradas no alcohólicas–. 

La última donación fue en marzo de 2024, cuando entregó más de un centenar de bebidas azucaradas, tal como lo evidencia una resolución de donación del Inabif, que agradeció a la empresa “por su generosa contribución”.

Enrique Jacoby opina que las donaciones de productos ultraprocesados deberían ser prohibidas en poblaciones vulnerables, para ser coherentes con las guías alimentarias que el Estado ha elaborado. “Son malos, causan daño, y menos aún para dárselos a los niños”, advierte el médico especialista en nutrición y salud pública, que promovió la elaboración de la Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes en el Perú, promulgada en 2013.

Ante el hambre y la desnutrición, Jacoby considera que la entrega de productos ultraprocesados no se justifica, ni siquiera con el argumento de que es un “salvataje” al hambre. “Es mentira decir que frente al hambre, cualquier cosa puede ayudar. Puede ayudar transitoriamente, una mañana, una tarde, pero entregados regularmente, a través de un sistema de distribución como el Banco de Alimentos en el Perú, es inaceptable”, afirma.

Una opinión similar tiene la nutricionista Ana Paula Bortoletto, quien advierte que el avance de la inseguridad alimentaria, con hambre y desnutrición entre la población más vulnerable es una oportunidad que está siendo aprovechada por la industria de ultraprocesados para garantizar más consumidores para sus productos. 

En ese sentido, resaltó que los incentivos fiscales solo promueven el mayor consumo de productos ultraprocesados, lo que impactará en la economía, con el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles y, por lo tanto, de los costos en salud pública.

Para esta investigación se solicitó entrevistas con representantes regionales de empresas mencionadas para conocer su visión acerca de sus actividades de responsabilidad social corporativa. En Coca-Cola dijeron que no daban entrevistas, en Nestlé señalaron que su vocero estaba ocupado en un evento y tanto Grupo Bimbo como Kellogg ‘s no respondieron a los pedidos enviados a sus correos electrónicos. También se pidió una entrevista con el Banco de Alimentos Perú, pero no fue concedida.

En junio de este año, el Congreso colombiano aprobó una ley que incentiva la donación de alimentos y otorga beneficios tributarios de hasta 37% en la deducción de impuestos a empresas y almacenes que donen a los bancos de alimentos. Antes, el tope era el 25% del valor de las donaciones.

Otro país que está en camino de aumentar el descuento de impuestos para los donantes de alimentos es Brasil. En octubre de este año, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado aprobó un proyecto de ley que incrementa del 2% al 5% la deducción de la base de cálculo de la Contribución Social sobre la Ganancia Neta para las empresas que donen comida. La iniciativa aún debe ser refrendada por el pleno del Senado y la Cámara de Diputados.

Este trabajo fue publicado originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.