El análisis de las 133 órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump deja ver que éstas no son improvisadas. Las órdenes son parte de un plan prediseñado que, aún con la resistencia política en los tribunales de Estados Unidos, marcará la ruta de los próximos 47 meses

Por Félix Santana Ángeles

En un acto sin precedente en la historia de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha firmado 133 órdenes ejecutivas que, a juzgar por la velocidad de su lanzamiento, parecieran no tener sentido, dejando en evidencia un Estado contradictorio y disfuncional que dirige a la primera potencia económica y militar del mundo, como estertores que advierten el renacimiento del Estado fascista norteamericano.

Sin embargo, es necesario profundizar el análisis para que las contradicciones del Donald Trump de 2017 (en su primer período de gobierno) que firmó un Tratado de libre comercio con México y Canadá, no lo confundamos con el Donald Trump de 2025 que desconoce todos los acuerdos y cobra aranceles a esos mismos sus socios comerciales del 25%, al igual que a China, su verdadero adversario comercial.

El mismo Donald Trump que el 6 de noviembre de 2012 pedía un juicio político para inhabilitar a Barack Obama por ser el responsable de las caídas por dos días seguidos del índice bursátil Dow Jones, pero que es distinto al Donald Trump del 4 de marzo de 2025, quien de manera deliberada derriba tres índices bursátiles: el Dow Jones, Nasdaq y Standard & Poor’s, al anunciar cobros arancelarios que, en lugar de brindar prosperidad a sus votantes, parecen iniciar un sombrío capítulo de una profunda recesión económica.

Más allá de los contradictorios comportamientos, dignos de ser revisados con un especialista desde un diván, es necesario analizar con documentos en mano cada una de las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump durante su primer mes de gobierno. Con esta idea se ha diseñado una base de datos en la que se concentran fechas, responsables, plazos y objetivos de cada orden ejecutiva, con la finalidad de clasificarlas y comprender hacia dónde dirige sus pretensiones el actual gobierno norteamericano, partiendo de la lógica de que no es un gobierno esquizofrénico, sino todo lo contrario: estamos siendo testigos de la implementación de un plan diseñado con antelación y ejecutado conscientemente o no, por quienes actualmente despachan desde la Casa Blanca.

63 órdenes refieren asuntos internos, como nombramientos de funcionarios del gobierno federal, remisiones al Senado para su ratificación, congelamiento de plazas, contrataciones de nuevos burócratas, derogación de órdenes ejecutivas del gobierno de Joe Biden, parálisis de sistemas de regulación, delineamiento de estrategias energéticas y tecnológicas, resarcimiento de sistemas de transparencia en el uso del anterior gobierno federal para espiar a opositores políticos, aplicación de indultos para liberar a sus partidarios que participaron en el violento asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, así como a dos policías blancos implicados en la muerte de un joven afroamericano en Washington DC, y la trazabilidad de su nueva política de salud y educación.

Las otras 56 órdenes ejecutivas, que equivalen al 47% del total, tienen una naturaleza de extraterritorialidad que impacta al sistema multilateral como el de las Naciones Unidas, por lo que resulta pertinente el reclamo que hizo Luiz Inácio Lula Da Silva, en su calidad de Presidente de Brasil, a Donald Trump, a quien acusa de querer convertirse en un emperador del mundo y remata con el reclamo de que fue electo para gobernar Estados Unidos, no el mundo.

Bajo el pretexto de impulsar una política comercial de la que se beneficie a Estados Unidos primero, se han emitido 15 órdenes ejecutivas para combatir el “comercio injusto y desequilibrado” del cual Norteamérica ha perdido millones de dólares en su balanza comercial, por lo que es necesario imponer aranceles a México, Canadá y China del 25% y 10% de manera generalizada, los cuales, después de complejos procesos de negociación, han quedado en pausa.

Sin embargo, han sido firmes con los impuestos por la importación de acero y aluminio y han solicitado la realización de análisis sobre la importancia estratégica para proteger la adquisición de cobre, sin dejar de lado el incremento de impuestos por los servicios digitales vendidos en el extranjero, que desde su punto de vista se encuentran sobre regulados, ya que limitan el flujo de datos fronterizos, les obligan a financiar producción de tecnología local y tienen que pagar por el uso de la red de internet en diferentes partes del mundo. Adicionalmente, han impedido que China continúe realizando inversiones en tecnología de vanguardia, propiedad intelectual y apalancamiento en industrias estratégicas norteamericanas.

El uso indiscriminado de aranceles como mecanismos de presión política les ha permitido combinar dos elementos adicionales como la seguridad interna y el control de la migración. Es así como se han emitido 12 órdenes ejecutivas, bajo la óptica de su seguridad nacional, para impedir que adversarios extranjeros controlen redes sociales como TikTok, adquiriendo control de la plataforma que tiene más de 170 millones de usuarios en el planeta.

Además, han restaurado la pena de muerte para la protección de la seguridad pública y reiterado su respaldo a la Segunda Enmienda que les brinda su derecho a poseer y portar armas de fuego.

Adicionalmente, han designado a nueve cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras, como la venezolana Tren de Aragua, la salvadoreña Mara Salvatrucha o las mexicanas Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo y Cárteles Unidos, así como la organización nacionalista y antiimperialista que opera en Yemen, Ansarolá, también conocidos como Houthies, e imponer sanciones contra la República Islámica del Irán por desarrollar misiles balísticos intercontinentales como armas nucleares.

Se ha ordenado la restauración de la fuerza de combate de los Estados Unidos, concluyendo las contrataciones realizadas bajo las políticas de diversidad, equidad e inclusión que, desde su óptica, brindaban preferencias a las razas, etnia, color y credo. Además, han reincorporado a miembros del ejército norteamericano que fueron despedidos por no vacunarse contra el COVID y se ha instruido diseñar e implementar el sistema antimisiles denominado “Cúpula de Hierro para América”.

Finalmente, se ha ordenado realizar un inventario y análisis de casos judiciales pendientes que involucren a instituciones de nivel superior y aleguen violaciones a los derechos civiles relacionados o derivadas del antisemitismo en los campus, en el marco de las protestas contra el gobierno israelí por el genocidio en Gaza, con el argumento de tomar todas las medidas necesarias para combatir el antisemitismo.

En materia de migración emitieron 10 órdenes ejecutivas por medio de las cuales precisan el papel del ejército norteamericano en la protección de la integridad territorial de Estados Unidos a lo largo de sus fronteras, contra amenazas de invasión, incursiones ilegales de ciudadanos extranjeros y otras actividades delictivas transnacionales que amenazan la paz. Para ello, se solicitó un Plan de Comando Unificado que asigna al Comando Norte de Estados Unidos la misión de sellar sus fronteras.

Argumentan que durante los últimos cuatro años han sufrido una invasión a gran escala, donde millones de inmigrantes ilegales han ingresado a su país, incluidos posibles terroristas, espías extranjeros, miembros de cárteles, pandillas, organizaciones criminales transnacionales violentas y otros actores hostiles con intenciones maliciosas, que trafican narcóticos letales.

Ante ello, la actual administración movilizará todos los recursos y autoridades para detenerlos, establecerá muros físicos y barreras vigiladas con tecnología y personal para disuadir y prevenir la entrada de extranjeros ilegales, detener a extranjeros bajo sospecha de violar la ley, examinarlos y evaluarlos “al máximo grado posible” para expulsarlos de su país, presentar cargos penales contra aquellos que intenten cometer ataques terroristas, amenacen su seguridad o adopten una ideología de odio.

Para operar eficazmente, no se reconocerá más la ciudadanía americana por nacimiento, se suspenderá el Programa de Admisión de Refugiados a Estados Unidos y eliminarán todos los programas de alimentos, refugio o cualquier tipo de apoyo a los extranjeros ilegales. En este contexto, se promulgó la Ley S.5, “Ley Laken Riley”, que brinda mayores herramientas para expulsar a migrantes por cometer delitos menores como robo en tiendas o agredir a policías durante su arresto, y se ordenó ampliar a su máxima capacidad el Centro de Operaciones para migrantes en la estación naval de Bahía de Guantánamo en Cuba.

Si bien la emisión de las órdenes ejecutivas del presidente Trump en su primer mes de gobierno han sido bien recibidas por sus seguidores, al ver cristalizar sus promesas de campaña en acciones de gobierno, la implementación de varias de ellas ha sido objetada ante los tribunales, donde han encontrado la mayor resistencia.

Su desenlace, profundidad y magnitud todavía no está definido.

También es importante recordar que durante su campaña política el presidente Trump se distanció del “Proyecto 2025”, que contiene la agenda de políticas de corte conservador diseñada por Heritage Foundation, donde es evidente que más del 60% de las órdenes ejecutivas emitidas en su primer mes de gobierno reflejan de manera total o parcial sus propuestas. La agenda contenida en más de 900 páginas, que plantea la expansión del poder presidencial, hace viable prever que los próximos 47 meses de este segundo mandato podrían profundizar en la implementación del proyecto que, políticamente, ha sido negado de manera reiterada, pero en la vía de los hechos se ha convertido en una hoja de ruta del gobierno del presidente Trump.