Una política de sustitución de cultivos de enervantes en México debe incorporar miradas integrales más allá del programa Sembrando Vida; también deben sustituir políticas represivas y de mano dura. Esta es la oportunidad para que los gobernantes adopten políticas de drogas basadas en evidencia científica, en el respeto a los derechos humanos y en la incorporación de una perspectiva de género y de justicia social

Por Amaya Ordorika Imaz* / @amaya_oi

El miércoles 17 de febrero de 2021, un periodista preguntó al Presidente en la conferencia de prensa matutina sobre los programas de sustitución de cultivos y le comentó sobre la iniciativa de algunas comunidades dedicadas a cultivos ilícitos en este sentido. En su respuesta, Andrés Manuel habló sobre la erradicación de cultivos, la resistencia comunitaria a ésta y la posibilidad de comenzar programas de sustitución de cultivos mediante el programa Sembrando Vida. 

En el texto anterior abordamos algunas reflexiones respecto a la continuidad de la erradicación forzada en México y sus impactos. Y en este texto, buscaremos profundizar en los aspectos a considerar para implementar un programa de sustitución de cultivos en nuestro país. 

La política de drogas global ha dividido al mundo en países productores y países consumidores de drogas y, principalmente desde Estados Unidos, se ha forzado y financiado la implementación de políticas de drogas altamente represivas en los países productores. No obstante, estas políticas han fracasado en casi todo el mundo al no lograr disminuir la oferta de plantas y sustancias psicoactivas, generando a la par consecuencias desastrosas en materia de derechos humanos.

Desde hace décadas se han buscado alternativas menos represivas para abordar este tema, reconociendo los impactos y las vulnerabilidades de algunas comunidades. En particular una población identificada como altamente vulnerable han sido las comunidades dedicadas al cultivo de plantas ilícitas y se ha comenzado a explorar la opción de programas para la sustitución de cultivos, ya sea como alternativa o de manera complementaria a las políticas de mano dura.

Perú, Colombia, Bolivia, Tailandia, Vietnam, Afganistán e India son algunas de las naciones que han implementado programas de sustitución de cultivos como estrategia de reducción de la oferta de drogas. Cada uno de estos países ha implementado modelos diferentes, respondiendo a contextos políticos y sociales diferenciados, teniendo resultados de mayor o menor éxito. 

De acuerdo con la publicación Procesos de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos a nivel mundial: un punto de partida para Colombia de la organización Elementa DDHH es posible agrupar estas experiencias de más a menos represivas. En el espectro de mayor mano dura identifica a Vietnam y Afganistán. En un punto intermedio se identificó el modelo implementado en Perú que por un lado reconoció los usos tradicionales y por el otro estableció fuertes penalizaciones a productores. Finalmente, la organización señala que los modelos implementados en Bolivia y Tailandia son los más cercanos a una política basada en la salud pública y el desarrollo. En los últimos dos casos los modelos se basan en intervenciones voluntarias que promueven el desarrollo integral de las comunidades. El modelo tailandés pone gran énfasis en la planeación e implementación de mano con las comunidades beneficiarias. 

En el 2018 se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Mujeres Campesinas, en el cual participaron dieciséis mujeres campesinas de Bolivia, Colombia, México y Perú y tres expertas en política de drogas con enfoque de desarrollo de Afganistán y Tailandia. Muchas de las mujeres campesinas participantes provenían de comunidades donde se han implementado programas de sustitución de cultivos. A partir de los testimonios y análisis que vertieron en el encuentro es posible retomar algunos aspectos que deben ser recuperados al pensar en un modelo de sustitución de cultivos para México.

1. El diseño, la planeación y la implementación debe realizarse de manera conjunta con las comunidades. De acuerdo con la experiencia en Tailandia, este elemento fue crucial para el funcionamiento y la adherencia al programa. En cambio, en otros países se ha señalado que al no tomar en cuenta a las comunidades el recurso destinado a estos programas se ha utilizado de manera ineficiente imposibilitando su funcionamiento. En particular, testimonios de cultivadoras de Perú coincidieron en la importancia de diagnosticar la organización económica, política y social de las comunidades, así como el acceso al agua y a ciertas tecnologías.

2. Detener las políticas punitivas y persecutorias de las comunidades dedicadas a los cultivos ilícitos, pausar la erradicación de cultivos ilícitos y generar acuerdos paulatinos de erradicación con las comunidades. Dos aspectos que impactan directamente en la adherencia a los programas de sustitución de cultivos, de acuerdo con los testimonios, son la falta de confianza en el Estado y sus instituciones y el temor de quedarse sin ingresos en caso de que el programa no funcione o en lo que les comienza a generar ingresos alternativos. Así mismo, el continuo asedio a las comunidades cultivadoras por parte de fuerzas estatales solamente intensifica la desconfianza en el Estado y sus instituciones. Es por esto que resulta fundamental no exigir la erradicación total de los cultivos como condicionante para incorporarse al programa. Por el contrario, los testimonios y los datos oficiales coinciden en la importancia de incorporar mecanismos de reducción paulatina de los cultivos ilícitos, así mismo señalan que la erradicación concertada es lo que mejor funciona. A la vez, resulta fundamental realizar un diagnóstico sobre los impactos de las diferentes técnicas de erradicación en la tierra, agua y salud de las comunidades.

3. Determinar en conjunto con cada comunidad los cultivos por los que se sustituirán los cultivos ilícitos. Pareciera obvio la importancia de considerar que las condiciones ambientales y técnicas de las comunidades puedan sostener la producción de los nuevos cultivos, no obstante, la implementación de algunos modelos no consideró este aspecto, dejando a las comunidades sin su ingreso previo y sin un ingreso alternativo. Es necesario considerar cuántas cosechas se dan al año y cuánto tiempo toma el cultivo para obtener la primera cosecha. En particular esta última pregunta ha sido obviada. Los testimonios de cultivadoras señalan que los programas de sustitución de cultivo les obligan a renunciar a su ingreso mediante los cultivos ilícitos sin tomar en cuenta que pueden pasar meses, e incluso más de un año en algunos casos, para poder levantar la primera cosecha del cultivo alternativo. 

4. Planificar de antemano, en conjunto con las comunidades, las ventas del cultivo sustituto. El abandono por parte del Estado en el que se encuentran muchas comunidades ha resultado en que no haya la infraestructura necesaria para poder desplazar sus productos para la venta. En este sentido, los cultivos ilícitos presentan una ventaja puesto que comúnmente son los compradores quienes se hacen cargo del transporte. Así mismo es necesario contemplar la rentabilidad del nuevo cultivo: ¿En cuánto se vende la cosecha? ¿Hay un mercado para ella al que pueden acceder las comunidades? ¿Es necesario introducir una diversidad de cultivos para no saturar el mercado? 

5. Incorporar una mirada integral que no esté centrada en los cultivos, sino en el bienestar de las comunidades. Muchas de las comunidades cultivadoras se encuentran en condiciones de mucha inseguridad y de falta de acceso a educación y salud. Así mismo es necesario revisar las condiciones de tenencia de la tierra y generar condiciones para garantizar el acceso a la propiedad de la misma. Para el funcionamiento de los programas de sustitución de cultivos resulta fundamental establecer indicadores más allá de la reducción de hectáreas con cultivos ilícitos, que puedan mirar y evaluar si existe una efectiva mejora en las condiciones de vida de las comunidades. De acuerdo con la experiencia de Tailandia, esto ha sido un aspecto fundamental para garantizar la adherencia al programa. Los testimonios de las cultivadoras destacaron que es fundamental que se incorpore una perspectiva de género que contemple aspectos como la tenencia de la tierra, el acceso a programas sociales, el derecho a recibir el pago por su trabajo directamente y la doble, o en ocasiones triple, jornada laboral de las mujeres (trabajo doméstico, trabajo en el campo y trabajo de organización comunitaria). Aunado a esto, las cultivadoras señalaron la importancia de contemplar medidas de seguridad para las comunidades que deciden adherirse a los programas de sustitución de cultivos.
6. Considerar que la sustitución de cultivos no reduce la necesidad de transitar hacia la regulación de los cultivos ilícitos y que son modelos necesariamente complementarios. Mientras no transitemos hacia la regulación de la cannabis y la amapola, seguirán existiendo cultivos ilícitos de ambas plantas con la finalidad de abastecer a un mercado altamente lucrativo. La historia nos ha demostrado que la meta de eliminar completamente la oferta de estas plantas y sus productos secundarios no está basada en la realidad. Resulta urgente que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de regular los mercados entorno a ambas plantas y cese inmediatamente la violencia que ejerce contra personas cultivadoras, personas que venden al menudeo y personas usuarias de dichas plantas.

Es positivo que el gobierno federal mexicano esté contemplando implementar programas de sustitución de cultivos pero si queremos que sean exitosos necesitan incorporar una mirada más integral e ir más allá del programa Sembrando Vida, así como ser sustitutos y no complementos de las políticas represivas y de mano dura. El Presidente afirmó al inicio de su sexenio que la guerra contra las drogas quedaba en el pasado, su gobierno está a tiempo de dar los pasos necesarios para volver esa afirmación una realidad. Es momento de que México adopte políticas de drogas basadas en evidencia científica, en el respeto a los derechos humanos y en la incorporación de una perspectiva de género y de justicia social.

*La autora es coordinadora general de Incidencia Política