Una iniciativa de ley promovida por los diputados de Morena en la Ciudad de México busca modificar el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, que entró en vigor apenas el 10 de febrero. De este modo, podría eliminarse la recién adquirida obligación de las autoridades capitalinas para la reubicación de las personas desalojadas de las viviendas que habitan

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Archivo/ Arturo Contreras

Una iniciativa firmada por el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, presidente del Congreso de la Ciudad de México, pretende anular las obligaciones que las autoridades tienen en la reubicación de las personas que son desalojadas a la fuerza de las viviendas que habitan.

El artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México –que entró en vigor apenas el 10 de febrero pasado- establece que toda persona que sea lanzada, o que sufra un desalojo forzado, deberá ser atendida por el gobierno para su reubicación dentro de un radio de 15 kilómetros.

La iniciativa fue promovida por el diputado de Marena, Temístocles Villanueva, y suprimiría estas obligaciones contenidas en la ley, en cuya creación participaron más de 51 organizaciones sociales, activistas y académicos en conjunto con autoridades de la ciudad.

El pasado 6 de marzo, la Coalición Internacional del Hábitat, una organización que en México ha trabajado desde hace unos años junto con el Movimiento Urbano Popular, lanzó un comunicado en el que exhortaba a los diputados locales a repensar el cambio en la ley.

De acuerdo con sus recomendaciones: “El artículo 60, que ha sido trabajado en coordinación con la propia comisión de Derechos Humanos de la Cámara, hace suyos los estándares internacionales en la materia”, y cambiarlo significaría “un retroceso en materia de Derechos Humanos, lo que de por sí conlleva a una violación del principio de no regresividad en relación con los alcances en materia de derechos humanos”.

Como apoyo a esta petición, la Coalición Internacional del Hábitat junto con un grupo de vecinos sostuvo una reunión privada el pasado viernes 12 de abril con el diputado Villanueva, quien forma parte de la comisión de Derechos Humanos del congreso de la Ciudad.

La petición del grupo de ciudadanos incluye que en el texto de la ley se disponga que el gobierno, en el máximo de sus posibilidades pueda asegurar la permanencia en las colonias de las personas despojadas o lanzadas lo más cercano posible a su lugar de origen, sin contar si son 15 kilómetros o no.

“Yo vivía en el centro”, asegura una de las vecinas que asistieron a la reunión, “si me reubican dentro de estos quince kilómetros, podría llegar a Ecatepec (en el Estado de México)”.

De acuerdo con María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Coalición internacional para el Hábitat, la reunión con el diputado fue fructífera, pues aceptó las sugerencias al artículo hechas por los ciudadanos, y comprometió su palabra para incluirlas en los cambios finales a la ley, que se discutirá pronto en la propia comisión de Derechos Humanos.

En los últimos 10 años, en la ciudad se han registrado un promedio 3 mil desalojos por año. Muchos de ellos suceden en predios cuya propiedad carece de certeza jurídica y que, sin embargo, son ocupados por personas que, ante la ausencia de un dueño legal, permanecieron habitando ahí sin pagar renta.

Muchos de estos condominios o edificios de departamentos son desalojados para que empresas inmobiliarias puedan apoderarse de los edificios para remodelarlos y venderlos a precios mucho más elevados de su valor original, lo que vuelva casi imposible a sus ocupantes originales volver a habitar en ellos, pues sus ingresos no permiten pagar rentas tan altas.

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