La Camara de Diputados aprobó la ley que busca garantizar las consultas a comunidades indígenas y afromexicanas sobre las decisiones que les afecten y las reconoce como sujetos de derecho y personalidad jurídica

Texto y foto: Kau Sirenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 466 votos a favor la Cámara de Diputados aprobó la Ley general de consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en lo general. En un debate por la reserva de 17 artículos y el artículo sexto transitorio, las bancadas partidistas fijaron postura y votaron en lo particular con 309 a favor y 146 en contra.

La ley busca que a los pueblos y comunidades indígenas y afro se les pregunte si están de acuerdo con los proyectos de desarrollo en sus regiones, así como en las leyes que les afecten. Así, todo lo relacionado con los pueblos indígenas se les tiene que preguntar.

“No tan solo tenemos que votar esta ley, sino que tenemos que abrogar el artículo 2 constitucional por un nuevo 2 constitucional, porque así solo estamos clamando en el desierto. En política tenemos que reconocer los derechos de los pueblos indígenas”, dijo el veterano diputado Porfirio  Muñoz Ledo, en la sesión transmitida por la plataforma Zoom.

La diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de asuntos indígenas, presentó la iniciativa, aprobada en las comisiones unidas de Gobernación y Población, y la de Pueblos Indígenas el 13 de abril.

La legisladora dijo que el dictamen es resultado de 10 foros de consulta y un parlamento abierto, para que los representantes de las comunidades originarias, especialistas, académicos y organizaciones civiles opinaran respecto de la expedición de la ley de consulta.

La aprobación del dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en versión de los diputados durante el debate, garantiza el derecho de opinar de forma previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

“La falta de legislación reglamentaria en materia del derecho a la consulta ha perjudicado de manera significativa los derechos y el patrimonio material e inmaterial, la seguridad y la identidad de los pueblos y comunidades indígenas; ante ello los indígenas han tenido que acudir a la judicialización para hacer valer este derecho, lo que ha obligado a la intervención de las autoridades judiciales, que han emitido sentencias favorables a sus reclamos; en este sentido, destacan las tesis aisladas constitucionales XXVII/2016 (10a.) y XXIX/2016 (10a.), publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de junio de 2016, que resuelven a favor del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados bajo los mandatos constitucionales y los estándares del derecho internacional en la materia”, señala el dictamen que aprobaron los legisladores. 

Recurso pendientes

La discusión de los diputados se centró más en el presupuesto y se alejaron del contenido del dictamen que aprobaron. 

La diputada Araceli Ocampo Manzanares reservó los artículos 3, 81 y el sexto transitorio. Los diputados de Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Revolucionario Institucional reclamaron que no se contemple el presupuesto para la aplicación de la ley al momento de que se ponga en marcha. 

Por su parte, Ocampo Manzanares, de Morena, defendió su artículo en reserva: “No estamos negando el presupuesto, el propósito del sexto transitorio es que se vayan asignando recursos de manera gradual y que se tome en cuenta esta emergencia sanitaria. Además, la ley contempla que todos los estados tienen la obligación de asignar presupuesto, pero que se haga de manera gradual”.

Vendría después la lectura de los artículos en reservas de los diputados de oposición, rechazadas por mayoría, mientras que la propuesta de Morena tuvo los votos necesarios. 

La diputada Mayusa Isolina González Cauih, del PRI, fue la que más artículos reservó: 5, 7, 8, 12, 13, 20, 44 y 46. Lejos de convencer a sus compañeros, se enredó con la palabra “comunalidad”, a la que quiso se sustituyera por “pluralidad epistémica indígena” concepto que ni los propios intelectuales indígenas tienen en su radar. De ahí que la mayoría rechazó su propuesta.  

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez del PRI reservó los artículos 5, 10, 12, 17, 49 y 79, además planteó definir el concepto de Autoridades comunitarias.  Mientras que Rubén Cayetano García, de Morena, propuso que se eliminara artículo 90 que planeta la procedencia de juicio de amparo, a los que dijo que es incorrecto establecer la procedencia del juicio de garantía, porque la protección está garantizada en la ley de amparo.

La Cámara de Diputados envió la iniciativa al Senado para su análisis y aprobación.