El Gil fue detenido por primera vez en septiembre de 2015, en el municipio de Taxco, Guerrero, estuvo recluido cuatro años en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Después, se convirtió en testigo protegidos de la FGR con el seudónimo de “Juan”

Texto: Kau Sirenio 

Foto: Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – A cuatro semanas de que se cumplan los 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron anoche a Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, señalado de participar en la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014. 

De acuerdo con fuentes federales, el Gil era testigo colaborador de la FGR. Sin embargo, fue traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México para ser puesto a disposición del juez que lo requiere. En marzo de este año, Gildardo López Astudillo fue señalado de ordenar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

López Astudillo se amparó contra la orden de aprehensión y su ejecución librada por el juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.

¿Quién es el Gil?

El Gil fue detenido por primera vez en septiembre de 2015, en el municipio de Taxco, Guerrero. Estuvo recluido cuatro años en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

En 2019 fue liberado gracias a un juez federal con sede en Tamaulipas que desechó las pruebas que aportó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por considerar que se obtuvieron de manera ilegal.

Después, se convirtió en testigo protegido de la FGR, con el seudónimo de “Juan”. Este hecho generó divisiones entre la fiscalía de Guerrero y la UEILCA de la Fiscalía General de La República, sí como con la Covaj.

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López Astudillo es señalado como líder del grupo de civiles armados conocido como “Guerreros Unidos”, y demandó la protección de la justicia federal al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que le dio un plazo de cinco días al promovente para que aclare observaciones, en el entendido que de no desahogarlas, se tendrá por no presentar la demanda.