Desde 2017 no se detenía a personas que espíen o proporcionen información a grupos delincuenciales sobre las actividades de funcionarios de seguridad pública y del estado en Sinaloa, como ocurrió el pasado 8 de enero

Texto: Marcos Vizcarra / Revista Espejo

CULIACÁN, SINALOA.- En junio de 2012 apareció un video con un mensajero conocido por el gobierno estatal, tenía señas de haber sido torturado. Era un policía estatal que frente a una cámara señaló al gobernador Mario López Valdez como cómplice del grupo criminal Cartel de Sinaloa.

El hombre apareció asesinado días más tarde y aunque todavía no se alcanzaba a procesar toda esa información, la administración de López Valdez enviaba una iniciativa para condenar todo ese tipo de mensajes e incluir a quienes dieran información de las actividades de seguridad a grupos criminales.

Inició una persecución contra hombres y mujeres a los que llamaron ‘halcones’ o ‘punteros’, pero solo hasta 2017. Ahora se retoma, con una nueva estrategia de seguridad estatal, enfocada no en personajes, sino en el modelo de negocio, el de narcomenudeo.

El 8 de enero de este año se presentó un caso ante un juez local. Se trata de un hombre que fue detenido por la Policía Estatal Preventiva.

Ese hombre estaba en un lugar abandonado, donde veía desde una ventana con unos binoculares hacia la Novena Zona Militar. Desde ahí enviaba mensajes con su teléfono y hacía anotaciones en una libreta para registrar la hora en la que entraban o salían vehículos del cuartel.

“El hecho de que se judicialice estamos sentando un precedente y estamos actuando en consecuencia”, señaló el secretario de seguridad en Sinaloa Cristobal Castañeda Camarillo.

La información que recababa ese hombre y la que retoman más hombres y mujeres es dada a grupos criminales, ya sea para frustrar operativos o para atacar cometer algún delito.

—¿Los ‘halcones’ han frustrado operativos?

—Estamos seguros de que sí.

El delito de “halconeo” se incluyó en el Código Penal de Sinaloa en 2013 con una reforma solicitada por el gobierno de Sinaloa. Se impuso una pena entre los 4 años y seis meses hasta los 15 años de prisión.

El gobierno estatal envió esa iniciativa de reforma al Congreso local en junio de 2012, dos días después de que apareció un video donde se acusaba al gobernador Mario López Valdez y funcionarios de proteger al Cartel de Sinaloa.

El Código Penal establece penas para quien aceche, vigile, espíe o proporcione información sobre las actividades oficiales o personales que realicen o pretendan realizar los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones.

También para quien ingrese, altere o acceda a información de las instituciones de seguridad pública, o aceche y vigile en cualquier lugar tendiente a evitar la captura de algún delincuente o miembro de una asociación delictuosa u organización criminal.

En el dictamen se enfatizó que el “halconeo” es un sistema de inteligencia básico de los grupos criminales.

Datos del Poder judicial de Sinaloa publicados en los informes anuales establecen que desde 2017 no se tenía un caso similar en los juzgados. Ese año se atendieron 3 crímenes relacionados con el “halconeo”.

En 2016 fue un solo caso; en 2015 fueron dos; para 2014 se atendieron cuatro casos; y en 2013 fue uno.

Castañeda Camarillo explicó que gran parte de la operación de quienes se dedican al “halconeo” utilizan radios de comunicación con frecuencias de las policías. Algunos de esos radios, incluso, fueron dados por policías.

“En estricto sentido, los radios Matra están asignados a una corporación. Nosotros hacemos una investigación y obviamente se le vincula a proceso y se le comparte esa información a la Fiscalía General”.

-¿Hay una mercado negro de radios Matra?

-No debe de haber. Que nosotros sepamos, no. En el último de los casos actuaremos en consecuencia. El Matra no es un artículo que sea exclusivo de las fuerzas de seguridad, los tiene Protección Civil, los tiene Cruz Roja, los tiene las corporaciones de seguridad municipales, entonces cuando se detecta un Matra… cuando son propiedad del Estado se tiene un registro que está asignado a una corporación, si se conecta con alguien se genera una investigación por parte de asuntos internos sobre a quién fue asignada”.

—¿Se ha detectado antes?

—Solamente un caso, el año antepasado y fue en Mazatlán.

No hay, sin embargo, un solo policía o elemento procesado y presentado ante jueces, solo quedó en una advertencia por un delito que se busca combatir de nueva cuenta.

*Esta nota fue realizada por REVISTA ESPEJO, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de A Pie. Aquí puedes leer la original.