El gobierno federal envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley Minera, una de las que ha representado más violaciones a derechos de comunidades indígenas y rurales; incluye acortar la duración de las concesiones de 50 a 15 años y que la minería ya no sea considerada una actividad de utilidad pública con preponderancia sobre otras. 

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto:  Foto: Alejandro Rodríguez / Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó la propuesta del gobierno federal para modificar varias leyes, entre ellas la Ley Minera, la de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

La propuesta, un documento de 110 páginas, destaca el respeto a los derechos humanos, a la salud, el agua, el medio ambiente y la vida de personas que viven en zonas mineras. Según dice, busca poner un alto a los abusos y privilegios de esta industria. 

Por ejemplo, quita la prioridad y el carácter de utilidad pública de esta actividad. En su artículo sexto, la ley actual establece que la minería es preferente sobre cualquier otra como construir viviendas o escuelas, destinar el terreno a la agricultura, al manejo forestal o cualquier otra, y permite que se entreguen territorios comunitarios e incluso áreas naturales protegidas para la explotación minera. 

El colectivo #CambiémoslaYa, que aglutina a organizaciones civiles, comunidades afectadas por la minería y varias universidades estatales y que ha promovido una reforma a esta ley, ha señalado que, a pesar de que la minería es considerada una actividad de utilidad pública, es de las que menos contribuye a la recaudación de impuestos, por lo que sus ganancias se quedan en empresas extranjeras. En el 2019, el ingreso que obtuvo el Estado por la minería representó 0.13 por ciento de la recaudación total del gobierno federal; en 2020, fue de 0.32 y en 2021 de 0.97 

El texto enviado por el presidente también recorta la duración de las concesiones mineras, que era de 50 años, prorrogables a 100, a solo 15 con la posibilidad de duplicar el lapso por una sola vez. También reorganiza el proceso de trámites de una concesión, anteponiendo un concurso público y los estudios pertinentes para que el Estado pueda declarar zonas de reserva de ciertos minerales antes de otorgar la concesión; un poco como lo que sucedió con la declaratoria de reserva nacional del Litio. 

Revocará el derecho de privados que, al tener una concesión minera, pueden expropiar terrenos y aprovechar aguas subterráneas sin ningún tipo de rendición de cuentas o concesión de agua. 

La Ley Minera vigente fue aprobada en 1992 y forma parte de un extenso marco jurídico que incluye la Ley de Aguas Nacionales y la reforma al artículo 27 de la Constitución (que permite la venta de tierras ejidales y comunales), que fue creado para facilitar la entrada de las empresas extranjeras a los territorios para la explotación y extracción de los bienes naturales del país.

Obligará a las empresas mineras a pactar contraprestaciones económicas con las personas y comunidades dueñas de los terrenos y a que estas sean consultadas antes de entregar una concesión. 

Arturo Contreras

Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.