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Desplazamiento forzado: vacío estatal

Textos: Lydiette Lydiette Carrión y Arturo Contreras

Imágenes: María Fernanda Ruíz

Solo en 2017, la cifra de personas que migraron por desplazamiento forzado en México es equivalente a la población de Nayarit, en la mayoría de los casos que documenta la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos tienen responsabilidad las autoridades estatales. Víctimas exigen seguridad para regresar a su lugar de origen.

Víctimas de desplazamiento forzado interno en México exigieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como representantes de la ONU y la Fundación Panamericana para el Desarrollo considerar que el crimen organizado no es el único factor que provoca violencia en el país y que se reconozca la responsabilidad de los gobiernos, autoridades e incluso empresarios, de esta problemática social.

En esta demanda coincidieron miembros de las familias Ponce Ríos y Orozco Medina durante la presentación del libro “Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cualitativo al desplazamiento interno forzado en México”, por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en el que exponen que en todos los casos de desplazamiento hay responsabilidad de autoridades estatales y en este libro se describen los casos.

Solo en 2017, la cifra de personas que migraron de su lugar de origen en México es de 1,133,041, un número que es mayor al número de habitantes del estado de Nayarit y menos que el de Tlaxcala. Así, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas Guerrero, Jalisco, Baja California y Coahuila, son los estados que más personas desplazadas registran en los últimos 8 años, arriba de 250 mil.

Al final de la conferencia, de entre el público se levantó Laura María Orozco, integrante de una familia dedicada al negocio del aguacate, quienes fueron desplazados de Michoacán, su lugar de origen, y cuya historia también describen en el informe. La joven dijo: es necesario decir que en México no sólo hay un problema de delincuencia organizada, sino un problema de macrocriminalidad en una tríada de políticos, empresarios y gobierno criminal. “Y México ha evadido su responsabilidad con el pretexto del crimen organizado”.

También habló Jacobo Ponce Ríos, cuya familia de más de 60 miembros tuvieron que huir de Chihuahua y expresó algo similar: hay una absoluta y probada complicidad entre los grupos criminales con las autoridades estatales.

Abigaíl Cruz Ortega, por su parte, una joven de la comunidad de San Miguel Cajonos, en el estado de Oaxaca, expuso su caso: la desaparición forzada de 3 integrantes de la comunidad.

En su turno, Victoria Tauli-Corpuz, tercera Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, enfatizó que en el caso de los pueblos indígenas, el desplazamiento forzado interno obedece en muchas ocasiones a la imposición de megaproyectos.

Además, dijo, el impacto del desplazamiento en grupos indígenas es bien distinto, debido a su relación con la Tierra. “Pierden su identidad”. En la mesa se encontraba también Chantal Chastenay, de la embajada de Canadá, quien aseguró que su país se encuentra preocupado por este fenómeno. Cabe recordar que una de las principales demandas de diversos pueblos indígenas, ha sido detener los megaproyectos de minería a cielo abierto que empresas canadienses efectúan en territorio mexicano.

La problemática fue expresada por la mañana por más de 100 personas que piden al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que tome acciones para replegar al grupo armado que hoy se encuentra viviendo en las casas de por lo menos 60 familias. Son pobladores de ocho comunidades del municipio de Leonardo Bravo y otra del municipio de Zitlala, en Guerrero, que desde los primeros días de noviembre del año pasado fueron desplazados de sus pueblos por lo que ellos mencionan, son miembros del crimen organizado.

“Si regresamos nos matarán o nos desaparecerán”, dice una manta dirigida al presidente, Andrés Manuel López Obrador. Detrás de ella, acampan en plena banqueta afuera de Palacio Nacional. El gobierno les recibió a las 8:30 de la mañana. Las familias se instalaron afuera de palacio nacional, esperando una cita con el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.

“Este va a ser un plantón indefinido hasta que se cumpla, al menos, el punto uno de nuestro pliego” asegura Manuel Olivares, una de las personas desplazadas. “Hoy mi casa, como la casa de todos, está ocupada”, asegura.

Políticas públicas contra el desplazamiento

La relatora especial para desplazados internos de la ONU, enfatizó la necesidad de que los países tengan una política escrita para hacer frente. Sin embargo, como narró en su turno Gustavo de Alba, de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, en la región no se reconoce la presencia del desplazamiento forzado. En esta práctica de omisión, “México no está solo”; únicamente Honduras cuenta con una legislación “sin dientes”, que reconoce el fenómeno. Esta falta de reconocimiento bloquea la producción de información y la posibilidad de atacar el problema en todas sus causas.

Por su parte, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH, recalcó la ausencia de análisis o estadísticas oficiales sobre el desplazamiento forzado interno; no hay diagnóstico oficial.

Brenda Pérez, directora del área de Desplazamiento Forzado de la CMDPDH, desglosó el informe, un análisis cualitativo de cinco casos individuales y colectivos, con 104 personas víctimas de desplazamiento forzado, en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Nayarit.

De los cinco casos, cuatro dejaron sus hogares de manera reactiva, es decir, cuando ya habían sufrido atentados contra su vida, homicidios, secuestros, despojo, amenazas. Sólo en un caso la familia dejó el estado de forma preventiva. Hasta la fecha ninguna víctima ha podido regresar a su hogar.


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Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).

Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.

Foránea de corazón. Periodista audiovisual que se emociona cuando las personas le cuentan sus historias. La fotografía le da infinita felicidad y el periodismo es la vía por donde conoce y cuestiona al mundo.

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