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Desplazados levantan plantón en Palacio Nacional

Después de 39 noches en las banquetas de Palacio Nacional, tres alumbramientos, un fallecido y una serie de desencuentros con el gobierno federal, cientos de personas desplazadas de Guerrero levantaron su campamento. No regresan a sus comunidades, pero acordaron con el gobierno acceder a una renta y una despensa mensual mientras esperan las condiciones de paz necesarias para regresar a sus viviendas

Texto e imágenes: Arturo Contreras Camero

“Esperamos en poco tiempo llegar a casa”. Fueron las palabras de Crescencio Pacheco al anunciar que las casi 400 personas desplazadas de Guerrero que habían estado acampando frente a Palacio Nacional desde hace 40 días levantarían su plantón. Lo cierto es que no van a poder llegar a casa pronto.

El pasado 17 de febrero cientos de campesinos de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, en Guerrero,  llegaron a vivir en la banqueta junto al Zócalo. Ya no tenían a dónde ir. Huyeron de sus comunidades en la sierra porque grupos armados los corrieron.

Venían esperando encontrar un diálogo con el presidente y no esperaban quedarse mucho tiempo. Su demanda era clara: que se crearan las condiciones de paz necesarias para que pudieran regresar a sus tierras. Tarea nada sencilla.

Sus tierras están en medio de una de las zonas de mayor producción de goma de opio. Desde hace algunos años, eso los volvió en el escenario de disputas locales y enfrentamientos armados. Ellos creían que ese era el motivo de que les arrebataran sus hogares. Pero no. Desde 2017 el precio de la goma base cayó en 80 por ciento, por lo que su trasiego ya no era un negocio tan jugoso.

Para tener una explicación, Cresencio, que solía ser policía rural, tuvo que recrear la ruta de pueblos que el grupo armado que los desplazó fue trazando. La respuesta: siguen una veta de oro. El suelo en el que cultivan maíz y amapola está sobre minas ricas en oro, zinc y plata.

Como el negocio del opio había caído, los grupos armados buscaron un nuevo empleador. Y lo encontraron, según cuentan los habitantes y los abogados que los acompañan, en el trato con mineras, que buscan ‘limpiar’ sus tierras para convertirlas en minas.

Según cuentan, este grupo armado está formado por unas 3 mil personas, aunque ese número crece con cada pueblo que toman. Y a pesar de contar con la presencia del Ejército con un cuartel y diversos puntos de revisión cercanos, eso no los ha detenido.

Como pacificar la zona, o sea controlar a este grupo armado, necesita una estrategia de seguridad compleja que puede tomar cierto tiempo, los desplazados solicitaron, además, una reubicación temporal y una ayuda económica para pagar renta y alimento.

Después de varias reuniones, 39 noches en la calle, tres alumbramientos, un fallecido y una serie de desencuentros con el gobierno, ambas partes llegaron a un acuerdo:

Ellos regresarán a la cabecera de su municipio, donde se alojarán en un auditorio. Ahí, esperarán por lo menos dos meses a que el gobierno levante un censo, de eso depende acceder a un apoyo de renta y despensa que les será entregado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Pero para la pacificación de sus territorios aún tendrán que esperar más. Sin mucha claridad de cuánto. De acuerdo con lo que les dijeron, atacar el problema de seguridad recaerá en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Alfonso Durazo.

De mientras, lo que el gobierno les puede ofrecer son tres puestos de revisión en la carretera hacia sus municipios, que serán resguardados por la Policía Federal o por el Ejército.

A la par de este plan, la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobernación, diseñará un plan de atención integral para desplazados en el país, pues no existe a nivel federal una ley que atienda a cerca de 8 millones de personas que enfrentan este problema.

Para muestra un ejemplo: para que estos campesinos puedan acceder a los apoyos de renta que les otorgará la CEAV, necesitaban denunciar algún tipo de delito, pero como el delito de desplazamiento forzado no existe, tendrán que levantar denuncias por cosas como amenazas o robo.

Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.

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