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Desdén gubernamental por desapariciones en Guerrero

De mil 500 denuncias presentadas por desaparición de personas en Guerrero, a partir de 2006, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, ningún caso ha sido esclarecido, ninguno ha llegado a la sentencia y, en consecuencia, tampoco hay responsables en la cárcel

Texto: Zacarías Cervantes / Trinchera

Fotos: Heriberto Paredes

CHILPANCINGO, GUERRERO.- El hojalatero Arturo Casiano Alonso desapareció el 24 de junio de 2017 en la parte alta de la colonia PRD, al poniente de la capital del estado. Ese día, llegaba a su casa a bordo de su vehículo cuando se le cerraron dos camionetas en las que iban seis hombres con armas largas. Lo bajaron con violencia y se lo llevaron. Desde entonces, su esposa Teresa de Jesús Rivera Carvajal y sus hijos lo buscan, sin que hasta la fecha hayan encontrado el menor rastro de él.

Casiano Alonso tiene seis hijos: la mayor, de trece años, estudia el tercer año de secundaria. Le sigue otro de once que estudia primero de secundaria. El tercero tiene 10 años y estudia quinto de primaria; el cuarto tiene seis años y cursa primero de primaria; el quinto tiene cuatro años y va en segundo de kínder. Y la sexta tiene tres y está en primero de kínder.

La mañana del viernes 30, el de 10 años le preguntó a su madre que a dónde iba. Teresa le contestó: “a buscar a tu padre”. El niño no dudó y le pidió: “Entonces no voy a la escuela, déjame ir contigo a buscarlo”.

Es pasado 30 de agosto, durante un conversatorio realizado el Día Internacional del Detenido-desaparecido, en la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el niño se mantuvo en frente, en el estrado, con una cartulina con la fotografía de su padre, en sus manos.

Después, durante una marcha también caminó en medio, mostrando la fotografía con el nombre que él mismo escribió: “Arturo Casiano Alonso”.

Teresa de Jesús, la esposa del desaparecido, refirió que desde las primeras horas de la desaparición de su esposo presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero se quejó de que no le han informado nada, ni sabe si hay avances; incluso, no está segura de que hayan investigado para encontrarlo.

“Mi petición es que lo busquen; no se llevaron a cualquiera: es el padre de mis seis hijos”, clamó.

En medio de la violencia, el problema de los desaparecidos crece cada día; y para los defensores de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas se ha convertido en una tragedia nacional. No así para los gobiernos federal y estatal, que no hacen nada por investigar y localizar uno solo de los desaparecidos en diversas circunstancias.

El director del Centro de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, José Filiberto Velásquez, dice a Trinchera que de un total de mil 500 denuncias que se han presentado por desaparición de personas en Guerrero, a partir de que en el año 2006, el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado, ningún caso ha sido esclarecido, ninguno ha llegado a la sentencia y, en consecuencia, tampoco hay responsables en la cárcel.

El defensor de derechos humanos denunció que otra de las deficiencias que hay en el estado es la ausencia de trabajo para la identificación de los cuerpos, pues de los 751 que había a finales del año pasado, solo se han identificado a 100 y son las mismas carpetas de investigación que se han abierto, pero ninguno ha sido entregado a sus familiares.

Filiberto Velásquez menciona que esas mil 500 personas desaparecidas son las que reclaman los siete colectivos de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Chilapa y Huitzuco que pertenecen al Frente Guerrero por nuestros Desaparecidos.

A su vez, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, aclara que los mil 500 no es precisamente la cifra real de los desaparecidos en Guerrero, puesto que solamente en Chilapa se habla de 500, pero que muchos de los familiares no han presentado denuncia.

“Estamos hablando que, tal vez, el 80% de familiares de desaparecidos no han presentado denuncia, porque no confían en las autoridades, incluso tienen miedo porque saben que el crimen organizado se encuentra al interior de las fiscalías y que eso representa un riesgo de muerte”, declara.

Explica que el problema va creciendo, porque hasta el 2016, el Centro Morelos había registrado ciento tres desaparecidos de Chilapa, Zitlala, Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera, pero que a la fecha se habla de quinientos solamente de Chilapa.

Afirma que es prácticamente imposible tener cifras reales, porque muchas familias no se atreven a hablar por miedo.

Filiberto Velásquez asegura que la impunidad es lo que provoca que el problema siga creciendo.

Dice que la impunidad se reproduce en el país, puesto que las cifras oficiales indican que en México, de los 40 mil desaparecidos que hay desde los años setenta, durante la llamada Guerra Sucia, solamente hay 21 sentencias por desaparición forzada. “Eso nos muestra la realidad”, remarca.

Recuerda que una de estas sentencias, la de Rosendo Radilla, es de carácter internacional y no hay ningún culpable sentenciado o detenido.

Señala que el gobierno no solamente no hace su trabajo en cuanto a la investigación para la localización de los desaparecidos, sino que tampoco cumple con la identificación de los cuerpos que se encuentran en los semefos.

“Se necesitan campañas permanentes de ADN; se han hecho campañas temporales, pero queremos que sea una campaña permanente para que los familiares puedan realizarse la toma de muestras y realizar el cotejo con los cuerpos que se encuentran en los semefos”, demanda.

Explica que el problema es que el Semefo depende de dos instituciones, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Salud, “y el recurso que ha llegado a ellas se ha desviado”.

Subraya que por más intención que tenga la Fiscalía para tener el Cementerio Estatal Forense mejor equipado de Latinoamerica, “para nosotros sería mejor que no existiera porque representa la impunidad, por los graves delitos que han ocurrido desde la década de los setenta”.

Dice que la propuesta de los colectivos de familiares es que el Semefo sea un organismo independiente, con recursos propios, “sin que esté dependiendo de la Secretaría de Salud, donde sabemos que los recursos se quedan, se sientan en ellos y se los meten en los bolsillos”.

Agrega que la Fiscalía General de la República (FGR) ha dado millones, antes del Proyecto 751, para los trabajos de identificación de cuerpos, pero que no han llegado al Semefo, y que eso se refleja en que no hay materiales ni capacitación en el personal para una investigación de calidad.

Pero las autoridades no solamente no hacen nada por encontrar a los desparecidos, sino que también quieren desaparecer por decreto las cifras que en los hechos van en aumento, no así en las estadísticas.

La última actualización de la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), colocó a Guerrero en el primer lugar a escala nacional con 325 personas desaparecidas registradas en el fuero federal. Le siguen Veracruz con 207, Tamaulipas con 141, Michoacán con 54 y la Ciudad de México con 53.

En cuanto al registro en el ámbito del fuero común, ocupa el décimo lugar con mil 482 personas desaparecidas, después de Tamaulipas, con 5 mil 990; Estado de México, con 3890; Jalisco, con 3362; Sinaloa, con 3027; Nuevo León, con 2895; Chihuahua, con 2186; Sonora, con 2159; Puebla, con 2069, y Coahuila, con 1753.

Las cifras corresponden al total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero federal y del fueron común iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y abril de 2018, y que permanecían sin localizar al corte del 30 de abril de 2018.

Pero a partir de entonces, la base de datos permanece sin actualizarse en la página del RNPD.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) realizó por última ocasión la actualización de la base de datos del RNPD, hasta el 20 de abril del año pasado, y a partir de entonces correspondería a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas la publicación de la subsecuente base de datos de conformidad con la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,

A partir del actual gobierno, el RNPD está “extinto”, pues luego de que por ley la Secretaría de Gobernación (Segob) dejó de actualizar la base de datos para que la Comisión Nacional de Búsqueda tomara estas funciones, la página no se ha vuelto a actualizar desde abril de 2018.

Yolotzin Martínez Corales, del Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, dice: “Desgraciadamente, tenemos casos de familias que no tienen denuncia alguna; si a nosotros que tenemos denuncias no nos dan el derecho a garantizarnos justicia, menos a las personas que no tienen denuncias”.

Agrega que no solamente son desaparecidos los que están contados por tener denuncias, sino que también hay familias que por miedo al propio gobierno y a las instituciones que brindan la seguridad no han hecho esas denuncias. “Entonces por eso no podemos tener una cifra exacta”, recapitula.

Manuel Olivares Hernández revela que los propios colectivos no cuentan con un concentrado real de los desaparecidos. “Cada colectivo tiene sus cifras y las va actualizando y ni de manera oficial partimos de datos reales”, reconoce.

En Guerrero, sin embargo, los colectivos están trabajando para concentrar las cifras: “cuando menos, como Frente, tener datos duros propios, porque finalmente hay una contradicción entre los datos que manejan la sociedad civil, las organizaciones y las instituciones de gobierno”.

En la página oficial del SESNSP, en donde se publican los casos del fuero federal y común, se menciona que la última actualización fue el 30 de abril del año pasado.

A partir de que el Registro de datos se extinguió, la organización Data Cívica consideró que “es preocupante, porque no solo se desconoce la información sobre cuántas personas han desaparecido en los últimos meses, sino que la lucha contra este delito puede ir a ciegas, ya que no se tiene una buena base datos para atacar la problemática”.

Este trabajo fue publicado originalmente por Trinchera, política y cultura, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes consultar aquí la publicación original

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