Texto e imágenes: Daniela Rea

Hace 10 años, José Antonio Robledo fue desaparecido en Coahuila. También Antonio Verástegui González y su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo. Ellos, como muchos más, son parte de las víctimas que el gobierno estatal de los Moreira provocó por tener vínculo con el crimen organizado

El 25 de enero del 2009 José Antonio Robledo Fernández, un ingeniero contratado por ICA, que trabajaba en el proyecto “El Fénix”, fue desaparecido y a la fecha, diez años después, su paradero no ha sido esclarecido por las autoridades federales.

Lupita Fernández y José Antonio Robledo, padres de Antonio, señalaron que su hijo denunció actos de corrupción al interior de la empresa ICA. “Mi hijo se volvió incómodo y un estorbo… No sabía que iba a ser su condena, para nada”, dijo en conferencia de prensa el señor Robledo Chavarría.

La empresa ICA no avisó a los padres del secuestro, a pesar de que era su empleado, pero la familia se enteró porque Toño hablaba por teléfono con su novia cuando fue sometido por varias personas.

Los padres de Toño comenzaron la búsqueda de su hijo desde los primeros días y el 28 de enero pusieron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (002/2009), que estaba a cargo de Jesús Torres Charles. Posteriormente, el 31 de enero del 2009, los padres pusieron una denuncia en la Unidad de Secuestros de la PGR en la ciudad de México.

Los señores acudieron a Coahuila para la búsqueda de su hijo. La madrugada del 6 de febrero del 2009, contó el señor Robledo en conferencia de prensa, los visitaron en el hotel donde se hospedaban el jefe de seguridad de ICA, Joaquín Benito del Ángel y dos personas que se presentaron como ‘miembros de los zetas’, Carlos Arturo Jiménez Encinas, (capturado en 2015, junto con Omar Treviño Morales, principal líder de dicho grupo criminal), y José David Galindo Flores, operador del cártel.

“Estos tipos ya llevaban toda la información de la denuncia que nosotros habíamos interpuesto en la Procuraduría Estatal de Coahuila y nos dijeron que si queríamos volver a ver a nuestro hijo no fuéramos con ninguna autoridad porque ellos controlaban autoridades locales y federales de Monclova, Saltillo y Monterrey”, dijo el señor Robledo.

En estos 10 años la investigación del crimen tiene casi 30 tomos, pero no hay pistas para dar con el paradero del joven.

A la fecha seis personas han sido detenidas y apresadas por su posible participación en el crimen contra Toño. Cuatro de ellas llevan 8 años presos (en próximas semanas se dará el cierre de instrucción). Las otras dos estuvieron presas y fueron liberadas: el primero, el empresario Carlos Enrique Haro Villarreal (a quien la familia señala como uno de los principales involucrados en el secuestro y desaparición de su hijo, pues él era el jefe de seguridad industrial y chofer de transporte de ICA); contra él la PGR tenía la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/025/2009, investigado por los delitos de portación de armas de fuego sin licencia, delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad, pero libró las acusaciones en su contra. El segundo, el jefe de seguridad de ICA, Joaquín Benito del Ángel, quien estuvo preso 5 años y medio y el 13 de marzo del 2017 salió libre; la familia apelo la resolución y se giró una nueva orden de aprehensión en su contra que no se ejecutó porque murió en mayo del 2018.

En la rueda de prensa la familia también denunció que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha resuelto la queja CNDH/1/2009/2989/Q que pusieron el 10 de abril del 2009 en contra de la Procuraduría (ahora Fiscalía) de Coahuila.

La investigación que hay en la desaparición de Antonio ha sido resultado del trabajo y la terquedad de la familia por encontrarlo, dijo Jorge Jiménez, de Museo de Memoria y Tolerancia, que acompaña a las familias en la búsqueda. “Han aprendido a hacer análisis de averiguaciones previas, a buscar rutas de investigación, mapear territorios, seguir protocolos de exhumación, para hacer mas eficaz su búsqueda hasta llegar a dar con personas que participaron en la desaparición de Toño y demás personas desaparecidas”.

“En el transcurso de esos 10 años se ha dejado en claro que en el proyecto El Fénix que estaba a cargo de ICA para Altos Hornos de México, en este proyecto, de más de 2 mil millones de dólares, invertían los zetas para lavar activos. Inclusive el líder estatal y local rentaba maquinaria pesada al proyecto. Por eso es que, según la experiencia de todos estos años, la empresa, la PGJ de Coahuila (que ahora es Fiscalía) y el grupo de los Zetas estaban coludidos”, dijo la señora Guadalupe Fernández.

Las organizaciones a Federación Internacional de Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entre otras, publicaron el informe “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, en el que se evidencia la complicidad de las autoridades locales con los zetas.

“Durante el periodo de 2009 a 2011, Los Zetas consolidaron su control territorial en gran parte de las zonas en las que operaban en Coahuila y siguieron mantuvieron un objetivo de control y expansión territorial por medio del miedo. Sus métodos militares junto con la utilización indiscriminada de la violencia como medio de control, reforzó la capacidad del cartel para llevar a cabo un ataque contra la población civil. Durante ese periodo de 2009 a 2011, las diferentes fuerzas de seguridad públicas, bajo el mando del gobierno de Coahuila, actuaron en colaboración con los Zetas. La colusión y corrupción llevó a que altos mandos del gobierno de Coahuila implementaran una política de apoyo y comisión de crímenes con Los Zetas, mientras que paralelamente comunicaban sobre su supuesta lucha en contra de esos grupos”, dice el informe.

Ese informe se realizó con la evidencia de 32 casos de desaparición y ejecución extrajudicial. Entre esos casos está la desaparición de Antonio Verástegui González y a su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que el pasado 24 de enero también cumplió 10 años.

Diez años de la desaparición de Verástegui González

Este 24 de enero también se cumplieron 10 años de la desaparición de Antonio Verástegui González y a su hijo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo. La desaparición sucedió en Parras, Coahuila, por hombres que portaban chalecos de la Agencia Federal de Investigación.

La familia Verástegui González denunció el crimen ante el agente del Ministerio Público del fuero común, el cual les dijo que había desplegado un operativo para la búsqueda, pero eso no sucedió, según la misma familia denunció en un blog publicado en el aniversario de la desaparición (Aquí se puede revisar el blog).  Después presentaron una denuncia a nivel federal “teniendo nulos resultados en una investigación realizada por agentes de la AFI”.

«Han pasado diez años desde la desaparición forzada de Toño y de Toñín, a lo largo de este tiempo hemos realizado innumerables acciones para dar con su paradero sin tener un resultado efectivo. Agotamos cada pista y presionamos para que el Ministerio Público hiciera y siga haciendo su trabajo», publicó la familia Verástegui González.

“Como familia no solo hemos contribuido a la investigación penal, que lamentablemente en muchos sentidos se perdió por las deficiencias del Ministerio Público, sino que también nos organizamos con otras familias para fundar Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), con la esperanza de contar con más apoyo en la búsqueda”.

“Nos hemos enfrentado a una procuraduría de justicia que solo busca cerrar el caso y no investigar a quienes se ha señalado como responsables. La colusión del Ministerio Público con los criminales ha resultado en la pérdida de evidencia o testimonios que pudieron ayudar a encontrar a Toño y Toñín. La tolerancia de los gobernadores Humberto Moreira Valdez, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez, ante las graves omisiones del Ministerio Público y otras autoridades sólo contribuyeron a la perpetuación de la impunidad”, denunció la familia Verástegui González en el blog.

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