Ninguna entidad en México se libra de la desaparición de personas. En Matehuala, San Luis Potosí, familiares de víctimas de desaparición realizaron un volanteo y marcha para conmemorar el Día de la Víctima de Desaparición Forzada y para recordar que desaparecer no es normal

Texto: Marcela del Muro

Fotos: Mauricio Palos

MATEHUALA, SAN LUIS POTOSÍ.- Juan Carlos Martínez Hernández no se esfumó de pronto. A Juan Carlos se lo llevaron: el 1 de abril del 2017, unos jóvenes con armas largas lo detuvieron, encañonaron y subieron a una camioneta en la carretera de El Naranjo, San Luis Potosí. No fueron suposiciones, esta acción está clara, existen videos de automovilistas que circulaban por la zona que lo corroboran.

La familia de Juan Carlos no ha podido comprobar si hubo participación de policías o militares, pero lo sospechan, por la revictimización que sufrieron, además, de las omisiones y negligencias en la investigación: cuando se realizó la denuncia, el agente del Ministerio Público asignado solicitó a la familia que llevaran las armas para confirmar el hecho y, días después, se le pasó el plazo para solicitar los videos de la Red Nacional de Caminos (RNC), los cuales se borraron del sistema. Ante la presión y desesperación de la familia, la respuesta del agente fue: que él le daba la misma importancia si se perdía una bicicleta o se perdía una persona.

Por estas razones, la familia puso una queja ante Contraloría Interna del Estado, que aún continúa en proceso.

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La desaparición forzada se entiende como la privación de la libertad por obra de agentes del Estado o con autorización, complicidad o  apoyo del Estado, seguido de la negatividad o negligencia para reconocer dicha privación.

Este crimen en México no es nuevo. Durante la Guerra Sucia, en la década de los setenta, fuerzas gubernamentales desaparecieron a opositores al régimen:  estudiantes, maestros, trabajadores, líderes sociales. Hasta la fecha, no hay unanimidad en la cifras de desaparición en estos años. 

Treinta años después, el terror se desencadenó con más fuerza por la “Guerra contra el narcotráfico”, en el 2006, declarada por el ex presidente Felipe Calderón, cuando soldados y policías cometieron torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país; aunque para esos años, una gran suma de desapariciones fueron perpetradas por el crimen organizado.

La desaparición forzada es un crimen silencioso y, muchas veces, negado; por esa razón, es complicado tener pruebas para reconocer una desaparición como tal. En San Luis Potosí existen líneas de investigación, dentro de los expedientes, que apuntan a esta práctica. Este es el caso de Perla Guadalupe Padrón Castillo y José Alberto Gallegos Torres.   

A Perla Guadalupe y José Alberto no se los tragó la tierra. A ellos se los llevó un comando: el 14 de junio del 2013, mientras Perla y su familia dormían, irrumpieron violentamente en su casa, ubicada en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Los hijos y la suegra de Perla fueron testigos. 

Tere, mamá de Perla, se enteró por una llamada telefónica. Desde entonces, cuida a sus nietos y busca por todos lados a su hija.

Los primeros años fueron los más difíciles, tenía miedo y sentía que no podía confiar en nadie, sobre todo, porque no se trabajaba en la averiguación. Ante la negativa del Ministerio Público, ella comenzó la investigación por su cuenta y se percató que no era la única que atravesaba por este dolor.

Fueron pasando los días, meses y años, Perla y José Alberto no han regresado a casa, pero Tere tiene avances y más claridad. Hace un año trasladaron el caso a la Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en la capital del estado, reconociendo que la desaparición forzada es una línea muy clara y contundente en la investigación.

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El 30 de agosto, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, el único grupo de la búsqueda en el estado, conformado por más de 300 familias que sufren la ausencia e incertidumbre por la desaparición de algún ser querido, realizaron una sesión de “volantaje” en la plaza Juárez, en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí.

Una mesa repleta de fichas de búsqueda recibía a los asistentes. Los miembros del colectivo  pedían apoyo a la ciudadanía para la pesquisa de sus familiares: con datos que los ayuden en sus investigaciones, en la viralización de las fichas de búsqueda o, simplemente, con empatía para su lucha.

Madres, hermanas, esposas, sobrinos en compañía de miembros de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda repartieron varios cientos de volantes y marcharon para sensibilizar a la ciudadanía, para recordarles que desaparecer no es normal.

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