El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dice que vamos a la baja en las desapariciones y fosas. Pero las desapariciones no paran. Y las familias se desesperan  con la emisión de lineamientos que les ponen cada vez más obstáculos: “No nos están viendo como víctimas”

Texto: Isabel Briseño y Daniela Pastrana

Fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- Son apenas 6 kilómetros de distancia, pero parece que se trata de dos países distintos.

En el Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, habla de un país en el que van a la baja la localización de fosas clandestinas y los reportes de personas desaparecidas o no localizadas (no menciona el factor pandemia). En el que avanzan las búsquedas y localizaciones de personas “con el muy valioso trabajo que realizan los familiares, las organizaciones que los acompañan”. En el que algunas  fiscalías de los estados han fortalecido sus sistemas forenses y de identificación.

“No queremos cantar victoria, creemos que esto va avanzando bien, estamos teniendo buenos resultados, hay respuestas importantes por parte de los gobiernos y las fiscalías de los estados y esto tendrá que ir rindiendo mayor fruto”, dice Encinas, durante la conferencia presidencial.

Karla Quintana, la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas de México, lo secunda. Dice que sólo este año se han realizado 293 jornadas de búsqueda, en más de 228 municipios. Que el gobierno ha dado en tres años más de mil 90 millones de pesos de subsidios a las comisiones estatales de búsqueda, y que gran parte de esos recursos se han usado para fortalecer las acciones forenses. Que en marzo se realizó la primera exhumación de 148 cuerpos en un panteón municipal en Torreón, la acción más grande hasta ahora del Proyecto Coahuila, que es “el primer proyecto de exhumación y de identificación masiva”. Que se realizan gestiones para que en noviembre venga al país el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

Dentro de la misma ciudad, afuera de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), familiares de personas desaparecidas de distintas regiones del país reclaman que los nuevos lineamientos para las búsquedas de personas, publicados el 5 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación, son violatorios de sus derechos.

Las familias reunidas aquí vienen de Morelos, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua y el Estado de México. Van llegando durante el día y reclaman que las nuevas disposiciones los revictimizan y se olvidan del concepto de buena fe. 

María Guadalupe Rodríguez Narciso, por ejemplo, busca a su hijo Josué Molina Rodríguez, desaparecido el 4 de junio del 2014 en Chilpancingo. Viene de Guerrero, uno de los estados más pobres del país. Y lamenta que las autoridades les exijan facturas para darles los recursos que requieren las búsquedas, pues en muchos lugares donde se realizan no hay condiciones para cumplir los requisitos fiscales.

“Es un crimen lo que están haciendo con nosotros, no nos están viendo como víctimas”, dice. “En mi estado las autoridades están vinculadas con el crimen organizado y por eso no hay avance en las investigaciones, la policía es la que levanta a nuestros familiares.

Hermelinda Ruíz Compean quien ha buscado 10 años a su hijo Roberto Córdoba Ruíz desaparecido en agosto del 2010 en Aldama Tamaulipas, completa la sentencia: 

“Lo buscan o me dan con que irlo a buscar”, dice la mujer, convencida de que su hijo está vivo y la espera. “Parece que está, vivo, parece que está en Nayarit, y no puedo ir a buscarlo porque ya me acabé el dinero, sé que no es su trabajo ir a buscarlos, pero sí dar los recursos para nosotras poder ir a las búsquedas”.

Las familias dicen ser conscientes de que debe existir un lineamiento que justifique el gasto, pero piden que dicho lineamiento esté acorde a las necesidades de las familias. 

Más tarde, las recibe una comisión integrada por Eric Martín, director General de Vinculación; Homero Alvizar, director General de Administración: Alejandro Jiménez, director de la Asesoría Jurídica Federal, y Grisel Galeano, de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

A ellos, los familiares les exponen casos en donde hay adeudos de los recursos aprobados, falta de atención a los reembolsos tramitado. Y en general, lo difícil que es cumplir con los requisitos para acceder a los beneficios que la ley les otorga; 

Acuerdan una nueva reunión este viernes. Estas son algunas de sus demandas:

• No a la facturación.
• No al estudio social, hecho sin criterio, ni expertos en la materia y sin informar a las familias del dictamen y el por qué de la negación.
• No al kilometraje para búsquedas y facturación de las mismas 
• No a la canasta básica 
• No a la medición del tiempo de los traslados
• No a lineamientos sin las familias 
• No a pagos atrasados  
• No al parlamento cerrado 
• No a la revictimización secundaria 
• No al retroceso 
• No a la exposición de la integridad de cada víctima 
• No a la falta de atención médica 

Crisis, exclusiones y preocupaciones

Alejandro Encinas y Karla Quintana participan en la conferencia diaria del presidente. Muestran gráficas, enlistan acciones, saturan de números, pero no profundizan en ninguno de los temas del diagnóstico.  

Por ejemplo, en la declaración de Quintana de que “existe una crisis en materia forense. Tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar. Más del 90 por ciento de los cuerpos se encuentran dentro de los servicios médicos forenses que pertenecen a las fiscalías tanto la General de la República como de los estados y algunos tribunales”.

También queda muy suelto el reclamo a la iniciativa de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República que proponía excluir de participar en el Sistema Nacional de Búsqueda y otros mecanismos de derechos humanos. 

“Desde la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales y las familias, se sigue manifestando la necesidad y la obligación de garantizar el derecho a un parlamento abierto, estamos en espera de la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y manifestamos también todavía algunas preocupaciones sobre esta iniciativa. Los próximos días serán fundamentales para la construcción de lo que tenemos que seguir impulsando en materia no sólo de búsqueda, sino de investigación también de los delitos en materia de desaparición de personas”, dice la funcionaria.

Destaca tres búsquedas que continúan en el Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas. Pero no explica las posibles causas de esas historias de terror.

“Nos encontramos actualmente trabajando en el Gran Canal del Estado de México y también de manera muy coordinada con las autoridades estatales e incluso municipales Tenemos información de varias personas desaparecidas que podrían lamentablemente estar sin vida en el canal (…). En Guanajuato estamos trabajando en El Sauz de Villaseñor, cerca de Celaya, hasta el momento llevamos exhumados 21 cuerpos en 16 fosas clandestinas, que se suman a los más de 204 cuerpos exhumados el año pasado (…) En Abasolo, Tamaulipas, sólo en tres días tuvimos un hallazgo con más de 20 kilogramos de fragmentos de restos óseos con exposición térmica, que se suman a las decenas, si no es que centenas de kilos de restos óseos que tenemos recuperados en el noreste del país”.

Encinas dice que las mujeres representan el 24.8 por ciento de las personas desaparecidas, pero cuando se desagrega la información a niñas, adolescentes y menores de 18 años, el porcentaje sube al 55.65 por ciento. “Este es un dato que debe preocuparnos, estamos haciendo un trabajo específico no solamente en materia de búsqueda en vida, sino atacar el fenómeno de la trata de personas”, dice, sin abundar en el tema de la trata.

El 62 por ciento de las niñas adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México  “Es donde estaremos concentrando todavía mayores esfuerzos para tener resultados en el corto plazo”, jura el subsecretario.