La capital del país vive un momento inédito de inseguridad, herencia de Miguel Ángel Mancera. Pero el gobierno actual no parece entender su responsabilidad. El discurso de cero tolerancia a la corrupción es inútil si no se acompaña de un cambio de fondo en la estrategia de seguridad y limpieza de las corporaciones policíacas 

@anajarnajar

La historia es devastadora: desde hace más de dos meses tres jóvenes, empleados de la sucursal Lindavista de Sanborn´s, están desaparecidos.

Su rastro se perdió cuando salieron de su trabajo, a las 10 de la noche del 29 de noviembre. Desde entonces nada se sabe de ellos. Las autoridades poco han hecho para encontrarlos.

El caso fue revelado por mi compañero José Ignacio de Alba. Una de las partes centrales es la ausencia de apoyo para las familias de las víctimas.

La empresa propiedad del magnate Carlos Slim poco ha hecho, si acaso algún comentario de condolencia. Y la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México parece haber enterrado el asunto.

El caso es una muestra de la profunda crisis de seguridad en la capital del país. El mismo sitio que en los años duros de la guerra contra el narcotráfico se mantuvo como un santuario contra la violencia.

Ya no más. Miguel Ángel Mancera, el anterior jefe de Gobierno, permitió que se consolidaran las bandas de delincuencia organizada en prácticamente todo el territorio de la ciudad.

El abogado, doctor en derecho, siempre lo negó. Preocupado por sostener los negocios de sus socios, colaboradores y los propios, ignoró las señales de alarma ante la inseguridad creciente.

Mancera heredó una ciudad en crisis. Pero el actual gobierno no parece capaz de encontrar el remedio. Ante los episodios de violencia su respuesta ha sido lenta, insensible por momentos.

La decisión de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum de mantener un bajo perfil político, para no hacer sombra a la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, empieza a causar conflictos, más serios de los que se pretendía evadir.

Un problema inicial es no entender la naturaleza del Distrito Federal. Y repetir errores.

En 1997, cuando se eligió a Cuauhtémoc Cárdenas como el primer jefe de Gobierno de la capital, el nuevo gobierno encontró un desastre en la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad.

Pero en lugar de aplicar una política de cambio real Cárdenas prefirió mantener un esquema similar al que ya existía.

Hubo, eso sí, cambio en algunos mandos. Pero el resto de la estructura, los viejos policías y mafias de agentes judiciales se mantuvieron intocados.

La estrategia de administrar el conflicto se mantuvo en los gobiernos siguientes, inclusive el período de López Obrador cuando fue alcalde. En la administración de Marcelo Ebrard hubo un cambio, cuando se estableció un sistema de cuadrantes para la vigilancia de cada barrio.

El momento coincidió con la profundización de la guerra del impresentable Felipe Calderón. La capital se mantuvo al margen de la violencia que invadió al país.

Todo se perdió con Mancera, y ahora el actual gobierno mantiene la misma línea de seguridad. No se ve, por ejemplo, un esfuerzo por mejorar la “justicia de barandilla”, como se conoce en el mundo de los abogados a los juzgados cívicos y las agencias del Ministerio Público.

Policías y fiscales mantienen la costumbre de obstaculizar al máximo la presentación de denuncias. Los casos de falsas consignaciones –especialmente de personas en situación de pobreza- son cotidianos.

En este escenario ocurrió la desaparición de los jóvenes empleados de Sanborn´s. 

La lentitud en las investigaciones, la inutilidad de las cámaras que filmaron los últimos momentos en que se supo de ellos pero sobre todo el silencio y ausencia de las autoridades no son buenas noticias.

Ya hubo un caso de desaparición forzada en el actual gobierno, cuando a Marco Antonio Sánchez se lo llevaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y apareció días después, aturdido, en el Estado de México.

No se sabe de sanción alguna a los responsables. Como tampoco en el caso de Daniela Ramírez, asesinada tras abordar un taxi en el sur de la capital. 

Ni tampoco en las decenas de denuncias cada día por asaltos a pasajeros en el transporte urbano. Las rutas, horarios y hasta el sobrenombre de los ladrones se publican en los diarios. Pero la policía no parece enterarse.

La estrategia de cero tolerancia a la corrupción es impecable. Pero no basta. Se necesitan acciones más contundentes, emprender de veras una limpieza en el sistema de justicia de la capital. 

Es cierto, por el momento se requiere de la experiencia de policías e investigadores. Pero sería bueno hacerles entender –pero sobre todo hacerlo- que sus días de delincuencia y asociaciones delictuosas están contados.

No bastan las buenas intenciones. Entre los católicos es frecuente escuchar una frase, a propósito del malentendido sobre la tolerancia de Jesús a pecadores y malintencionados.

Dios, dicen, “nos quiere buenos. No pendejos”.

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