Pacientes de enfermedades catastróficas han padecido desde hace dos años la falta de medicamentos para sus tratamientos. Y aunque para el 2021 el gobierno federal hará compras “eficaces y transparentes” con apoyo de la ONU, los usuarios siguen en la incertidumbre sobre la garantía para cuidar su salud

Texto: Ximena Torres y Christian Cantero / Zona Docs

Imágenes: Zona Docs

“Con la salud no se juega”, se escuchó a inicios de año en las calles de Guadalajara en 2020. Así como ya lo habían hecho en otros estados del país, el 30 de enero un grupo de personas enfermas de cáncer y hemofilia marcharon junto con sus familiares por el desabasto de medicinas de las que depende su vida.

Fueron del Parque Morelos al Palacio de Gobierno de Jalisco para exigirle al gobernador del Estado, Enrique Alfaro, y al Secretario de Salud, Fernando Petersen, que hicieran lo necesario para que en los centros de salud pública no faltaran los fármacos prescritos en sus recetas. Para entonces, algunas personas ya usaban cubrebocas. Ya eran población en riesgo aún antes de la llegada de covid-19. 

Aquel 30 de enero las autoridades de Jalisco prometieron 8 millones de pesos para comprar las medicinas que hacían falta. Era un fondo que cubriría los siguientes dos meses de abasto, en lo que llegaban los tratamientos que el gobierno federal debía mandar. Los señalaron a ellos como responsables del problema. 

Pasaron más de dos meses y la medicina llegó a cuentagotas, o nunca llegó a algunos centros de salud. Entonces las personas con cáncer volvieron a marchar de La Minerva a Casa Jalisco el 3 de julio, ya con los hospitales inundados de coronavirus. Y, de nuevo, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social Jalisco ofreció dinero para mitigar el problema: el 6 de octubre entregó 10.5 millones de pesos a nueve asociaciones civiles para que compraran medicina lo que restaba del año. 

E director de la asociación civil Nariz Roja aseguró que el desabasto ha matado a muchas más personas de las que puede contar con los dedos. “Un paciente con cáncer sin medicamento es un paciente que se va a morir”, dijo Alejandro Barbosa. Pensar en conseguir el medicamento por fuera del sistema de salud pública es imposible para la mayoría. Alejandro pone el ejemplo del tratamiento para el cáncer de mama: cuesta 40 mil pesos y se aplica cada 25 días. 

Y así como el cáncer, hay otros padecimientos que implican un gasto fuerte que en cuestión de meses dejarían a la mayoría de las familias mexicanas en quiebra; 66 de esas enfermedades están en el catálogo del Consejo de Salubridad General y, por lo tanto, el tratamiento que implica lo paga el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).

El desabasto

La hemofilia forma parte del catálogo. Después de la manifestación de enero pasado, en la que participaron pacientes que la padecen, sus medicamentos no volvieron a faltar en los hospitales de la Secretaría de Salud. Pero Carlos Gaitán, presidente de la asociación Unidad y Desarrollo Hermanos con Hemofilia, contó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la escasez de tratamientos de coagulación se repite cada año durante los últimos meses y 2020 no fue la excepción. Las compras anuales de fármacos que hace el gobierno federal nunca son suficientes para llegar a diciembre. 

El desabasto de antirretrovirales para los pacientes con VIH/Sida también llevó a las personas a manifestarse el 19 diciembre del 2019 afuera de la Delegación del IMSS Jalisco. Leonardo Espinosa, director de Cohesión de Diversidad para la Sustentabilidad A.C. (Codise) dijo que para ese entonces tenían 145 denuncias de personas que no habían recibido medicamentos como truvada, para aminorar la carga del Virus de Inmunodeficiencia Humana en su cuerpo, que también es una enfermedad catastrófica.  

A partir de la acción pública, Codise creó un vínculo con el servicio de Dirección de Vinculación del IMSS y en 2020 fue a este organismo a quien se dirigió para denunciar casos de desabasto. A veces el contacto era directo y a veces a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, pero solo con ese trámite burocrático pudieron asegurar que algunos pacientes recibieran sus medicamentos. No hubo manera de reanudar los estudios de carga viral y CD4 (los glóbulos blancos que combaten infecciones). Los centros de salud estaban volcados en la atención de covid-19 y algunas citas las reprogramaron para febrero del 2021. 

Algo similar les sucedió a las personas con trasplantes renales en el IMSS. Rocío Tabares de Una Oportunidad de Vida relató que una combinación entre el desabasto, la desatención y la pésima calidad de los medicamentos llevó a pacientes y organizaciones a manifestarse el 2 de septiembre del 2020 afuera del Centro Médico de Occidente. 

Un paciente trasplantado, quien prefirió no dar su nombre por las amenazas que otros han recibido al denunciar, contó que el problema empezó en noviembre de 2019 cuando el IMSS cambió la marca de los inmunosupresores que tomaba de Laboratorios Pisa a los de la farmacéutica Laboratorios RAAM de Sahuayo. Su cuerpo empezó a rechazar el riñón que le habían donado y su doctor le pidió que dejara de tomar la nueva marca. Ahora mantiene su tratamiento con donaciones, pero cuando se terminen su “stock” tendrá que pagar 17 mil 500 pesos cada mes durante toda su vida para comprar los fármacos, porque su enfermedad crónica no se considera catastrófica. 

La Reconversión Hospitalaria por covid-19 en el Centro Médico y otras clínicas empeoró la situación de los y las pacientes renales porque también provocó que se cancelaran las citas y los estudios de laboratorio que se deben hacer cada tres meses. En este escenario, las personas se enteran del rechazo de sus trasplantes hasta que ya es muy tarde. Rocío Tabares sabe de cinco personas que murieron de enero a noviembre del 2020 por esta situación. 

El Mapeo Nacional de Desabasto de Medicinas tiene registro de otros medicamentos que han hecho falta. En esta plataforma digital del Colectivo Cero Desabasto, Jalisco es el cuarto estado con más reportes de desabasto: 120 de febrero del 2019 a enero del 2020. Solo en el primer mes de 2020 los y las ciudadanas del estado hicieron 22 denuncias, aunque por los testimonios de los entrevistados se calcula que hay muchas más. En la entidad hace falta tratamiento para parkinson, alergias, epilepsia, fibromialgia, hipertensión, migraña y las enfermedades mencionadas anteriormente. 

La política por encima de la salud 

El primer día del 2020 quedó marcado por la llegada del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI): un nuevo organismo público que reemplazó el Seguro Popular y que pretende ofrecer servicios de salud universales y gratuitos a las personas sin seguridad social. En esa transición también llegó FONSABI como reemplazo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 

El cambio causó muchas discusiones. En Jalisco la principal fue el control que el Gobierno Federal tomaría sobre la infraestructura, equipo y personal de salud que antes estaba en manos de los estados. En las primeras semanas del 2020 la negativa de Enrique Alfaro para adherirse al nuevo Instituto preocupó mucho a quienes dependen de los servicios de salud pública para combatir sus enfermedades. Ya de por sí las Reglas de Operación del FONSABI provocaron incertidumbre durante todo el año porque se publicaron hasta el 3 de noviembre con cuatro meses de retraso. 

Finalmente, el 17 de febrero del 2020 Enrique Alfaro firmó el “Convenio de Coordinación y Colaboración Integral para el Sistema de Salud para el Bienestar” como la primera acción de su ruptura con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Jalisco se comprometió a ofrecer servicios de salud universales y gratuitos sin adherirse al INSABI, aunque las compras de medicamentos quedaron en manos de la Federación. 

En este contexto de compra de medicamentos por parte de la Federación, es posible entender que el desabasto no es exclusivo del 2020, “ni es un tema de salud pública”, insistió Alejandro Barbosa de Nariz Roja. La escasez de medicinas en Jalisco se debe al desmantelamiento del sistema de Compra Consolidada del IMSS (CC-IMSS) y a las sanciones que el Gobierno Federal impuso a algunas farmacéuticas mexicanas desde 2019. Dos conflictos de escala nacional. 

El reportaje “La atrofia del abastecimiento de medicinas en México” publicado en 5to Elemento Lab por David Rodríguez explica que a finales del 2018, la nueva administración federal suspendió parte de la CC-IMSS para abastecer el 2019 y luego eliminó el proceso por completo. Este consistía en la compra de medicamentos e insumos médicos para todas las instituciones de salud en México y funcionaba desde 2013. El argumento para desmantelarlo fue que el sistema estaba repleto de corrupción.  

De acuerdo con Leonardo Espinosa de CODISE, lo que no consideró el Gobierno Federal es que con la CC-IMSS se llevaban a cabo tanto la compra de medicamentos, como su distribución en todos los centros de salud del país, a través de empresas especializadas. Todo el proceso estaba calendarizado con un año de anticipación y al eliminarlo era necesario implementar un nuevo sistema de manera inmediata, porque de este dependía la vida de millones de personas que necesitaban los medicamentos. 

En lugar de eso en noviembre del 2018 se creó una “Unidad de Administración y Finanzas” coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo el nuevo procedimiento de compra, y se dedicaron los primeros cinco meses del 2019 para pensar cómo suplir la cadena de distribución. 

La decisión se tomó en junio, cuando el desabasto por la suspensión de las compras en 2018 ya afectaba a los pacientes. El primer cambio fue que los contratos de medicamentos y distribución se hicieron por separado. Al dar los resultados 62.23% de los contratos para comprar medicinas quedaron desiertos. Y para la distribución se dividió al país en siete regiones. En cada una, las autoridades contrataron a tres empresas sin un proceso de competencia, entre ellas había empresas de transporte de carga convencional y de mudanza. 

También en marzo de 2019, el Gobierno Federal vetó a tres empresas por presuntas prácticas monopólicas: Fármacos Especializados, Maypo y DIMESA, que distribuyeron más del 60% de los medicamentos en México durante 2018. Dos meses más tarde se ordenó el cierre de varias líneas de producción de Laboratorios Pisa porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó que la empresa no contaba con el certificado vigente de buenas prácticas de fabricación.

A partir de entonces comenzó una guerra en la que Pisa decía que el cierre de sus líneas le impedía cumplir con los medicamentos que el Gobierno Federal ya había comprado, y las autoridades aseguraban que el argumento era un chantaje del laboratorio para que le permitieran seguir operando. Mientras, las personas con cáncer ya padecían los primeros momentos del desabasto, porque como explica Alejandro Barbosa de Nariz Roja, Pisa producía 29 medicamentos oncológicos, que representaban el 90% del abasto de tratamientos para el cáncer en México. 

En el proceso de compra de genéricos para 2020 sólo se asignaron contratos para el 65.55% de los medicamentos. Los demás se compraron de manera directa, sin competencia. Los tratamientos de patente se compraron hasta marzo del mismo año. 

Ante el sistema fallido y desabasto que se denunciaba en todo el país, sobre todo por los pacientes con cáncer, en marzo el Gobierno Federal compró a Argentina, España, Francia, India y Estados Unidos más de 500 mil piezas de 21 medicamentos para quimioterapias. El gasto fue de 91 millones de pesos y según lo que denuncia Alejando Barbosa, por la urgencia de entregarlos, no se hicieron los controles de calidad necesarios. 

La Secretaría de la Función Pública terminó por eliminar a Laboratorios Pisa de la competencia. El 21 de octubre del 2020 vetó a la empresa de cualquier adquisición pública federal por 30 meses y le impuso una multa de un millón 170 mil pesos por entregar información falsa para lograr un contrato con el IMSS en 2017.

2021, la incertidumbre

El 2021 es una nueva apuesta que, de nuevo, implica mucha incertidumbre. El 31 de julio del 2020 el Insabi firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para que ese organismo internacional, especializado en hacer “adquisiciones públicas eficientes y transparentes”, se encargue de las compras consolidadas de medicamento y material de curación entre 2021 y 2024. Para ello se hará una inversión de aproximadamente seis mil 800 millones de dólares, de los que la UNOPS cobrará el 1.25%.

Sólo para 2021 se comprarán mil 372 tipos de medicamentos y 800 tipos de material de curación. La entrega de patentes y medicamentos de abasto crítico empezará en enero, y el abasto regular de genéricos hasta abril del 2021. A diferencia de cómo se hacía antes, las farmacéuticas de todo el mundo pueden competir por los contratos, no sólo las nacionales. Y la distribución será responsabilidad del Insabi. 

Esa es la parte del sistema en la que quedan más dudas. El mismo 31 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Laboratorios Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex) sería la empresa encargada de la distribución. David León Romero se ocuparía de la dirección. Sin embargo, el 20 de agosto se difundió un video en el que León Romero aparece entregando dinero al hermano del presidente con supuestos fines electorales, por lo que dejó el cargo.

Organizaciones como Nariz Roja no están dispuestas a dejar la vida y la salud de las personas a la improvisación un año más. Por eso, el 9 de noviembre se acercaron a los y las legisladoras locales, para pedirles que en el Presupuesto de Egresos de Jalisco en 2021 se etiquete en la propuesta de presupuesto 200 millones de pesos para los fármacos oncológicos y 15 millones para un acelerador médico lineal para tratamientos para el cáncer: otros pacientes se muestran más positivos con el nuevo plan de abasto. Esperan que el tema de los medicamentos deje de ser un enfrentamiento político que a algunas personas les cuesta la vida.

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Este trabajo fue publicado originalmente en ZONA DOCS que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.