En meses pasados, funcionarios de la Secretaría de Salud tomaron muestras de sangre y orina a los habitantes afectados por el peor derrame minero de México. Esto, porque las autoridades perdieron centenares de expedientes…

Texto: Lydiette Carrión

Foto de portada: JESÚS BALLESTEROS/ EXPRESO/CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO.- Con los afectados por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre, las autoridades  siempre han actuado a medias. A más de siete años del que es considerado el peor desastre ambiental ocasionado por la minería en México, no ha habido una sola ocasión en la que los pobladores no tengan que presionar para que autoridades y empresa resarzan el daño. 

El último agravio fue por parte de la Secretaría de Salud federal y la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS). La primera no asistió a la última reunión y  no ha entregado los análisis de sangre y orina que hicieron a los habitantes en noviembre de 2021. 

El segundo tiene “perdidos” al menos 381 expedientes médicos de salud.  

El 6 de agosto de 2014, una presa de jales (así se les llama a las de deshechos mineros) de Buenavista del Cobre  derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Tinajas, afluente de los ríos Bacanuchi y Sonora. Este es el peor desastre en la historia de la minería en México. Hasta la fecha los habitantes del lugar sufren las consecuencias.

Sin documentos

“Yo creo que esas personas nunca supieron que tuvieron metales pesados en la sangre”, explica en entrevista telefónica a un miembro de los comités. 

En 2018 aproximadamente, cerró la clínica del UVEAS, la cual se encontraba en la región para atender a los afectados del derrame. En diciembre 2019, el secretario de Salud federal que iba entrando, Jorge Alcocer visitó la región y habló de los expedientes médicos. Entonces, como parte de la visita, las autoridades abrieron la clínica. Ahí abandonados como archivo muerto hallaron varios cientos de expedientes de la administración estatal pasada, a cargo entonces de Enrique Claussen.   

Para 2021, aproximadamente en octubre, funcionarios de la Cenaprece fueron a sacar muestras de sangre a la población. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) es un órgano que pertenece a la Secretaría de Salud federal.

Los funcionarios sacaron sangre y “nos informaron que no había expedientes. ¿Dónde están los expedientes? Se van a echar la bolita, pienso yo”, agrega un habitante.

–¿Entre quiénes se echarían la bolita?

–Tanto el gobierno del estado como del gobierno federal. No sé qué instancia nos tenga que dar estos expedientes. Solo hay una persona que tiene su expediente, pero tuvo que luchar vía derechos humanos. Pero las demás personas que fueron atendidas en el UVEAS, nunca tuvieron sus expedientes.

Los habitantes de la cuenca presumen que esos 381 expedientes extraviados habrían estado en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y de Atención a la Salud (UVEAS), pero no es seguro. La única certeza es que sus expedientes médicos están perdidizos. 

Transparencia en la sangre, en el agua

Uno de los compromisos para la reunión que se acaba de efectuar era la de entregar los análisis de sangre. Pero la Secretaría de Salud no asistió. Por todo ello, los  Comités de Cuenca Río Sonora exigieron a las autoridades federales que entreguen los resultados de diversos análisis de sangre y orina que fueron practicados a los afectados por el derrame tóxico de la mina Buenavista de Cobre.

Un vecino advierte:

La gente no se creía que iban a tomar las muestras de sangre, porque la gente no creía en el gobierno. Pero otra vez un atraso… muchas personas vuelven a perder la confianza. Se quedan como: ‘ay, ya nos vieron la cara otra vez’. A lo mejor no es con mala intención, pero estos retrasos  generan también desconfianza. Enseguida una piensa: a lo mejor los análisis salieron mal, y no nos quieren decir. Y ya vuelves otra vez a desconfiar en el gobierno.

 

Don´t drink the water

Los comités también exigieron transparencia respecto a los análisis químicos del agua, ya que las autoridades no entregaron los análisis de metales pesado. 

El pasado 20 de enero, informaron los Comités en un comunicado, se reunieron con autoridades federales y estatales. A este encuentro acudió una representación de los Comités, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores; Margarita Lobato y Homey Bon Santoyo, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Norma Ramírez, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); y Sergio Morales, de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson)”. 

Se suponía que en esta reunión, las autoridades informarían sobre los resultados de las muestras recolectadas en pozos durante noviembre de 2021. Esto es importante para los habitantes de la cuenca, ya que  en agosto de 2021 (y a siete años del derrame) los niveles de metales pesados superaban las normas mexicanas e internacionales en algunos pozos; entre los que se encuentran  el Tahuichopa, San José de Baviácora, La Labor. 

Sin embargo, el 20 de enero pasado, las autoridades solo entregaron resultados con las características físicas, pero no los análisis de metales pesados. 

“Para las y los miembros de los Comités, resulta lamentable que en esta reunión no contamos con la presencia de la Secretaría de Salud, ni se nos hayan entregado los resultados de los exámenes de sangre y orina realizados en noviembre y diciembre de 2021 por parte de este sector”, informaron en un comunicado. 

En noviembre pasado, el gobierno federal anunció el Plan de Justicia para Cananea. Este busca atraer cierto desarrollo social y resolver el tema de la contaminación del agua y el saneamiento por la contaminación con metales pesados. 

Sin embargo, y esto fue denunciado por los habitantes en su momento, el Plan fue proyectado sin consultar a los afectados por el derrame ni a los vecinos. 

“Nos parece lamentable y una falta de respeto y sensibilidad el haber realizado este evento con las autoridades de más alto nivel sin nuestra participación, es decir, sin la presencia en la mesa de las comunidades afectadas directamente por el peor desastre ambiental minero en la historia de nuestro país y que, en cambio, sí hayan invitado a la empresa responsable de esta tragedia, Grupo México, la cual sigue operando impunemente”; así lo advirtieron los comités en un comunicado.

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