Las y los jornaleros agrícolas en México se enfrentan al rezago educativo, la ausencia o falta de calidad de vivienda, y la falta de acceso a la seguridad social. Viven bajo condiciones de violencia estructural. Por esto México debe ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Por Claudia García y Maria Elena Camiro

Históricamente el estudio del derecho ha pertenecido solo a unas cuantas personas, por lo que el propósito de este texto es que todas podamos entender la importancia del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC) para la exigencia de nuestros derechos.

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son aquellos derechos que garantizan las condiciones económicas y sociales necesarias para que todas y todos tengamos una vida digna y en libertad; como el derecho a un trabajo, acceso a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano y a cuestiones como la vivienda, la alimentación, el agua y la cultura.

Existen diversos instrumentos que reconocen estos derechos a nivel internacional y regional, de los cuales el Estado mexicano es parte, y por lo tanto está obligado a incluirlos dentro de sus marcos normativos y políticas para su protección. Recordemos, que desde la Reforma de 2011 los tratados internacionales de derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscando que el Estado nos dé la protección más amplia de nuestros derechos. Entre estos instrumentos están el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (#PIDESC) de la ONU y el Protocolo de San Salvador de la OEA.

En el 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo, como complemento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que establece mecanismos de denuncia e investigación, para que las personas puedan acceder a la justicia a nivel internacional cuando se han violado sus derechos económicos y sociales, esto a través del envío de quejas y comunicaciones al Comité DESCA de la ONU. A la fecha, México no lo ha ratificado, por lo que no es posible que las personas mexicanas hagamos uso de esta herramienta.

Y no solo eso, es importante que México ratifique este protocolo ya que reafirmaría el compromiso del Estado para garantizar los DESCA y con ello “no dejar a nadie atrás”, pues son usualmente las personas en situación de vulnerabilidad quienes sufren mayores violaciones a sus DESCA, como lo son las personas en situación de pobreza, las comunidades y pueblos indígenas, las personas migrantes y las personas trabajadoras agrícolas.

En particular las y los jornaleros agrícolas en México se enfrentan al rezago educativo, la ausencia o falta de calidad de vivienda, y la falta de acceso a la seguridad social. Además, las violaciones a los DESCA de esta población se enmarcan en un contexto complejo de violencia estructural, donde cobra especial relevancia la ratificación del PF-PIDESC, al servir como un procedimiento de investigación a violaciones sistemáticas y que puede responder a la magnitud de los impactos que vive la población jornalera.

El acceso a la justicia para los casos de violación a los DESCA tiende a ser complicado, más cuando se trata de una población invisibilizada. Por ello, desde la desde la Alianza Campo Justo reconocemos la importancia de que existan herramientas para la justiciabilidad de los DESCA y provean a las personas de alternativas frente a recursos internos que no siempre son efectivos.

México no debe perder la oportunidad de saldar la deuda histórica con las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, y debería ser una prioridad ratificar el Protocolo Facultativo PIDESC, pues todos los derechos humanos deben ser protegidos por igual.

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