Los legisladores que hablaron en el congreso durante la aprobación de la ley de consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas primero pensaron en los votos. Sin embargo, se espera que las comunidades puedan hacer frente a proyectos extractivos que han saqueado y contaminado su territorio

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En el último estirón de la LXIV Legislatura, los diputados aprobaron el dictamen de la ley general de consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Legislación que los pueblos indígenas esperaban desde hace muchos años, pero la correlación de la fuerza política detuvo el dictamen durante años en el Congreso. 

La demanda del movimiento indígena sobre el acceso a derecho a la consulta de los pueblos indígenas es para armonizar la ley mexicana con tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en 1989, y desde 1992 es obligatorio en México. En 2001 se reconoce constitucionalmente en el artículo segundo. 

Durante años, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos no contaban con este derecho que les permitiera hacer frente al agandalle del gobernante en turno, para decidir sobre su desarrollo comunitario y el uso de suelo de su territorio que fue concesionado a la minería sin que fueran consultados. 

Durante la sesión los legisladores defendieron el dictamen antes de ser votada en lo general. Pero, los 466 votos se diluyeron hasta los 309 sufragios en la reserva de los artículos en lo particular. Los diputados de oposición argumentaron a favor de los pueblos indígenas como nunca en la historia de México. 

Lo triste y vergonzoso de los diputados de Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) que subieron una y otra vez a la tribuna con el propósito de quedar bien con las poblaciones indígenas, se les olvida que el partido que representan se opuso durante siglos, para que los indígenas tuvieran voz y voto en la más alta tribuna de la nación.

Es más, aprobaron la ley minera y de energía sin consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Ahora se subieron a la palestra de la democracia y defensores de los derechos humanos de los que antes les negaron representación en la toma de decisión.

Por su parte los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el debate, mostraron su doble discurso con las poblaciones indígenas. Hicieron creer que son incluyente en el derecho de la consulta, pero, el partido que defienden, busca colonizar a los pueblos indígenas con candidatos mestizos que no tienen arraigo comunitario en los distritos I, II, V y XI en Chiapas, y V distrito de la Montaña de Guerrero.

Así las cosas. La ley general de consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es un reclamo histórico de los pueblos, porque es un instrumento de defensa de su territorio, plan de desarrollo y representación política. 

Ahora bien, hay avance, no se puede negar, pero los partidos políticos que hablaron en la tribuna de la nación lo hicieron con mezquindad y no de buena fe, porque primero pensaron en los votos que pueden obtener en las urnas el 6 de junio.   

A pesar de que los diputados buscan votos para sus partidos, no se puede negar que el dictamen que se votó en la cámara baja está encaminado hacia el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a formar parte de las decisiones de Estado relacionadas con el diseño, aprobación y aplicación de políticas públicas sobre su desarrollo. Ojalá que los senadores analicen y aprueben esta ley.

Lo único rescatable del dictamen es que plantea temas a consultar cómo: “La ejecución de obra pública, la expropiación de tierras, el otorgamiento de concesiones para la exploración y explotación de recursos propiedad de la nación existentes en sus tierras y territorios, la imposición de modalidades a las propiedades de los núcleos agrarios, los programas sectoriales o especiales de atención a los pueblos y comunidades indígenas, las acciones específicas de los tres órdenes de gobierno, las autorizaciones y permisos para el aprovechamiento de los recursos biológicos y genéticos existentes en sus tierras y territorios asociados al conocimiento tradicional, la instalación de depósitos de residuos peligrosos o rellenos sanitarios que se ubiquen en tierras que pertenezcan a los pueblos y comunidades indígenas, los programas sectoriales o especiales de atención a los pueblos y comunidades indígenas, los actos administrativos de los tres órdenes de gobierno que afecten o puedan afectar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a libre determinación y autonomía, y las iniciativas de ley o reformas legislativas que afecten o puedan afectar los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas”.

Además: “En virtud de que existen normas específicas para la integración del Plan Nacional de Desarrollo que ya consideran la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, se ratifica que la consulta, deberá realizarse en los términos que establecen los ordenamientos respectivos. El mismo trato de respeto a las normas locales se otorga para el caso de los planes de desarrollo estatal y municipal”.

Se espera que, con esta ley, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas puedan hacer frente a proyectos extractivos que han saqueado y contaminado el territorio indígena. Además de que repare los daños ocasionados.