La Huasteca potosina es una zona con abundantes recursos naturales, entre ellos numerosos cuerpos de agua. En la zona existen megaproyectos que han sobreexplotado, acaparado y contaminado las aguas; causando daños a la salud de los pobladores y al medio ambiente.  

Texto: Marcela del Muro

Fotos: Mauricio Palos

AXTLA DE TERRAZAS, SLP.- Los habitantes de la Huasteca potosina recuerdan que mayo se distinguía de otros meses por sus chubascos, que aligeraban esa sensación bochornosa y sofocante de la temporada. Esas lluvias violentas y repentinas se han ido extinguiendo y, desde hace unos seis años, los quintos meses del año se han caracterizado por sus sequías.

La  Huasteca, al este de San Luis Potosí, es una zona con abundantes recursos naturales; entre ellos numerosos cuerpos de agua que bañan el territorio. 

Algunos ejidos cuentan con manantiales, varios pozos perforados y algún río que lo atraviesa; mientras otros no corren la misma suerte: sus norias se han resecado, sus ríos huelen mal por la contaminación o no reciben agua en las llaves de sus casas. Esto no es exclusivo de mayo, es una problemática que se ha ido recrudeciendo con los años y se extiende por meses. 

En la zona, algunas personas comentan que esta crisis hídrica es provocada por el cambio climático; sin embargo, la realidad es  más compleja. Empresas privadas han mercantilizado fuentes de agua y contaminado los ríos, las tierras y el aire. Esto ha provocado que los cultivos, el ganado y los peces -que son las formas de subsistir de muchas de las comunidades- cambien su anatomía, se enfermen y/o mueran. Los desechos industriales han traído graves problemas de salud a los pobladores. Y los gobiernos estatales y municipales no han hecho mucho por dotar de infraestructura o mantenimiento a las tuberías que suministran agua a los pobladores. 

«Las empresas energéticas, ganaderas, agroindustriales e inmobiliarias que hoy operan en la región, además de contaminar las aguas y causar daños a la salud de las personas y al medio ambiente, hoy acaparan más de 70 millones de metros cúbicos de agua al año de los ríos Moctezuma, Huchihuayan, Gallinas, Valles y Tampaón».

Rogel del Rosal, de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca

Quien habla es Rogel del Rosal, parte de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP); y agrega que esta es una cifra oficial, pero es muy posible que el volumen de agua sea aún mayor. 

“Todo el mundo cree que por estar verde la Huasteca, ya se convierte en el edén del turismo; esto está cargando diversas problemáticas; porque atrás de la industria turística vienen un montón de intereses de grupos de presión para apropiarse de las tierras”. Quien habla es Juan Felipe Cisneros, del Observatorio Indígena Mesoamericano     

Desde finales del año pasado se han anunciado proyectos que, dicen, «beneficiarán» a los huastecos. 

La empresa española Iberdrola informó que se ampliará su hidroeléctrica ubicada en Tamazunchale. Ahí mismo, el gobierno del Estado invertirá 65 millones de pesos en la creación de un parque acuático tipo Xochimilco, que forma parte del proyecto Riviera Huasteca, con el que se busca impulsar el turismo en el sur de la zona. 

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Todos estos planes serán acompañados de la modernización de la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, que forma parte de la carretera México-Laredo; y la ampliación del aeropuerto de Tamuín, el único en la huasteca potosina. 

Tamazunchale: entre excremento y agua de desecho industrial 

Un gran puente de un solo arco metálico sin pilares de soporte en la parte inferior, construido con la misma tecnología que la Torre Eiffel de París,  nos permite llegar o salir de la cabecera municipal de Tamazunchale, al sureste de San Luis Potosí. Es conocido como el Puente Moctezuma o puente metálico; fue construido en 1935 y forma parte del trazo de la carretera federal México-Laredo; esta fue la primera vía que conectó a la capital del país con la frontera norte. 

Esta emblemática construcción nos permite cruzar sin complicaciones por el caudaloso y agresivo río Moctezuma, cuyas aguas bañan una gran parte de la huasteca potosina y atraviesa por otros tres estados del país: Querétaro, Hidalgo y Veracruz. 

Aún no se sabe dónde; pero en algún lugar de esta gran rivera se instalarán cuatro muelles. Desde estos, los turistas podrán abordar a las chinampas que los llevarán a recorrer los parajes naturales del Moctezuma y desembarcar en la plaza principal de Tamazunchale.  

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que este Parque Acuático Tamazunchale sería “el primer destino turístico sustentable de México y Latinoamérica”. El Xochimilco potosino tendrá una inversión inicial de 65 millones de pesos; «contará con trajineras, venta de flores y de comida típica, artesanías, música regional, además tendrá locales comerciales y servicios sanitarios». También dará la oportunidad a los turistas de percibir las aguas fétidas y contaminadas que corren por el río.

El pasado mes de marzo, el nivel de agua bajó tanto que dejó al descubierto decenas de desembocadura de drenaje que dan al Moctezuma, denunciaron familias vecinas del caudal en Tamazunchale. 

En el 2019, la Cooperativa de Pescadores del Moctezuma denunció que los peces que nadaban por las aguas de los municipios Tanquián de Escobedo, Ébano y San Vicente Tancuayalab, al sureste del estado, se estaban muriendo; a raíz de los desechos de un ingenio azucarero que se encuentra en la comunidad de El Higo, en Veracruz. 

Pero eso no es todo, la polémica empresa  Iberdrola Energía Tamazunchale, que opera en la zona la termoeléctrica de ciclo combinado más grande de Latinoamericana, consume 8 millones 774 metros cúbicos de volúmen de agua al año y descarga 19 mil 008 metros cúbicos al día al Río Moctezuma, según el título de concesión 09SLP111787/26IADL13 del registro de la Comisión Nacional del Agua.

En el 2003, durante el sexenio de Vicente Fox, el entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, promovió la creación de una central termoeléctrica de ciclo combinado en Tamazunchale, como parte de su Plan de Desarrollo Energético Nacional. La operación de la planta se concursó internacionalmente,  la empresa española Iberdrola ganó la licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le otorgó un contrato de generación bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE), que tiene una duración de 25 años. 

La termoeléctrica comenzó a construirse en 2005. Rogel del Rosal, el defensor de la tierra que forma parte del COCIHP, menciona que hubo problemas desde la obtención de las tierras.

“Primero se intentó privatizar las tierras mediante el Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales), pero necesitaban el consenso de la Asamblea Ejidal de Cuixcuatitla. Entonces la empresa Protama, propiedad de Claudio X. González, compró mil hectáreas de tierras agrícolas que después vendió a sobreprecio a la CFE”, del Rosal comenta que X. González solo vendió una fracción del terreno y el resto quedó a nombre de su empresa familiar. 

Esta planta de generación eléctrica de ciclo combinado comenzó a operar en junio del 2007. Está compuesta por dos módulos de generación,  los cuales cuentan con dos turbinas de gas y una turbina de vapor y, según informa Iberdrola, tiene una capacidad de mil 200 MW. Ni un solo MW se queda en la zona huasteca; aunque, al momento de su instalación, se prometió que bajaría el costo de la electricidad en la zona. 

Durante estos 15 años de operación, los más de 28 mil productores de café, cítricos, frijol, maíz, piña y jamaica que trabajan en los alrededores de la termoeléctrica han visto malformaciones, falta de crecimiento o pérdida total de sus plantaciones, en parte por la contaminación, pero también por la falta de agua.   

El 6  de abril de este año, una turbina 500 toneladas viajó por las reducidas carreteras huastecas desde el puerto de Tampico, Tamaulipas, hasta la termoeléctrica de Tamazunchale. Causó asombro a los automovilistas que la toparon en la carretera, pero la noticia no trascendió. 

Unas horas antes, la madrugada del 5 de abril, un grupo de civiles con armas largas entró a Tamazunchale y tomó la avenida principal; los delincuentes catearon locales comerciales, autos y personas. El miércoles 6, Tamazunchale quedó desierto: los negocios y las escuelas cerraron, la población llena de miedo se encerró en sus casas. Gobierno del Estado informó que dicho convoy armado solo iba de paso, sin embargo, la delincuencia y desaparición de personas no ha cesado en el municipio. 

Un mes después, Iberdrola anunció la ampliación de su termoeléctrica en Tamazunchale, para generar 514 MW: “Requerirá una inversión de 350 millones de dólares y proveerá el equivalente a las necesidades de energía de un millón de mexicanos. Se estima que durante su construcción generarán más de 1,500 empleos y se invertirán 20 millones de pesos en acciones sociales”. 

Generar trabajos para los locales ha sido una promesa que se hizo desde la construcción de la planta. Sin embargo, los locales han denunciado que los puestos generalmente son ocupados por personas foráneas y son pocos los que llegan a tener puestos en áreas como mantenimiento, limpieza o vigilancia.  

Tamuín: contaminación de agua, aire y tierra generan cáncer

Ernesto Marquez Torres es habitante del ejido Las Palmas, perteneciente a Tamuín, municipio al noreste de San Luis Potosí. Él recuerda que en el 2019, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, inquietados por el aumento de casos de cáncer en la zona, sacaron muestras de sangre de 100 personas de la localidad; Ernesto, asegura, “todos tenían cantidades alarmantes de arsénico, mercurio, cadmio y plomo”. Pero, los médicos universitarios jamás regresaron a dar seguimiento. 

En este pequeño ejido se concentran tres grandes empresas: una planta de Cemex; la Termoeléctrica del Golfo y la Termoeléctrica Peñoles, que pertenecen a la empresa AES México. Ernesto denuncia que estas tres compañías son las culpables de la contaminación del agua, el aire y la tierra que están provocando que los casos de cáncer aumenten en el ejido. 

No lo dice solo él, Abraham Sánchez Rodríguez, funcionario del DIF estatal, afirmó que Tamuín es una “zona roja” por la cantidad de niños, jóvenes y adultos con cáncer. En entrevista con el medio local Amanecer Huasteco, declaró que es una problemática que no le compete a la institución donde labora, pero no le es indiferente. 

“Consideró que, debido a la gran cantidad de casos, el sector salud debería investigar a fondo las causas que están incrementando los casos de cáncer entre la población”, dijo Sánchez Rodríguez al medio local. 

Para Ernesto existen muchos factores que han contaminado los cuerpos de él, su familia y sus vecinos. “Tenemos el peor aire y la peor agua. Si tienes una pileta, amanece con una capa de ceniza de coque, que se usa para las termoeléctricas. Cemex y las termoeléctricas agarran agua de los ríos Tampaón y Choy, y después vuelven a aventar sus desechos a ellos. Esas aguas son las que consumimos y usamos para regar”. 

La salud de los pobladores del ejido Las Palmas es de primera importancia, pero los problemas iniciaron desde antes, con la expropiación de tierras, sobornos y división de la comunidad.  

“Primero se expropiaron mil 200 hectáreas del ejido en 1964, que fueron por causa de utilidad pública y fueron escriturados a Cementos Anáhuac. Como no tenían cómo conseguir la piedra hicieron una ampliación de ejido y expropiaron otras 830 hectáreas que es donde sacan la materia prima.  En  1999 quiebra Cementos Anáhuac y las tierras fueron escrituradas a Cemex, a través de las razón social TEG ENERGY. Esto es ilegal porque esas tierras fueron usadas para instalar una empresa privada”, recuerda Ernesto. 

En el 2000 llegó la construcción de las termoeléctricas. “Fue cuando Fernando Silva Nieto era gobernador e hizo negocio con Cemex. Vendieron los terrenos que nos habían expropiado en el 64, creo que a $900 pesos por hectáreas. Entonces fue cuando detectamos que había un mundo de corrupción en la Procuraduría Agraria. También hemos notado que Cemex está utilizando tierra que no forma parte de la expropiación ilegal. Nosotros calculamos que 500 ha son propiedad del ejido”, denuncia Ernesto Márquez   

En febrero de este año, AES México celebró los 15 años de operación de las plantas Termoeléctrica del Golfo y Termoeléctrica Peñoles. “Durante este tiempo, la compañía ha refrendado su compromiso con la seguridad de sus trabajadores, así como el desarrollo social y el cuidado al medio ambiente de las comunidades en las que opera”, dijo en un comunicado de prensa. 

Ernesto narra que las termoeléctricas utilizan agua del río Tampaón, que desemboca en el río Moctezuma, y comenta que es notorio cómo bajan los niveles del río. Dice que las tuberías se ven a simple vista y, por ahí, también regresan el agua contaminada; muchas veces aprovechan la temporada de lluvias para pasar inadvertidos, pero los habitantes del ejido se dan cuenta. 

Llegó el 2011 y una demanda de los habitantes de Las Palmas contra las tres empresas, por afectaciones a sus tierras y su salud, desde entonces Ernesto funge como representante legal de la comunidad. 

Ante los problemas legales, Gobierno del Estado y Cemex comenzaron a ofrecer apoyos económicos a los ejidatarios, que Ernesto define como sobornos. Esto provocó que la comunidad se dividiera, entre los que recibieron dinero y decidieron guardar silencio y los que continúan en resistencia, como Ernesto. 

 “Y se vino el traca traca feo. Yo tenía un expendió de cervezas y me iba muy bien, pero Cemex le prohibió a sus trabajadores, proveedores y clientes que fueran a consumir”, el negocio de Ernesto quebró. 

Ernesto y la resistencia en el ejido Las Palmas han denunciado, incluso ante Andres Manuel López Obrador, que personas ajenas al ejido, muchos de ellos trabajadores de alto rango de Cemex, forman actualmente parte del padrón ejidal con el fin de seguir obteniendo tierras para uso personal o de la empresa. En los más de 15 años de lucha, y a raíz de estas denuncias, Ernesto ha sido arrestado tres veces.        

Huichihuayán en Huehuetlán: lavar la ropa entre peces muertos

Muchas comunidades de la huasteca potosina no cuentan con servicio de abastecimiento de agua en sus casas. Es habitual encontrar que existen varios pozos, nacimientos o ríos donde los habitantes surten agua y después la acarrean hasta sus hogares. No es raro encontrarte a personas bañándose o lavando su ropa en los ríos, aunque cada vez es menos frecuente. 

En febrero del 2019, los habitantes de Huichihuayán, localidad que pertenece al municipio de Huehuetlán, comenzaron a notar que el agua que corre por el río, y que muchos utilizan diariamente en casa, tenía una consistencia turbia, un color café y un olor fétido. No tardaron mucho en darse cuenta, desde el 2016 la empresa juguera Citrofrut, localizada en la misma delegación, ya había descargado desechos tóxicos a su río. 

Los afectados tomaron fotos que fueron compartidas por redes sociales. La denuncia se viralizó y fue replicada por varios medios locales; incluso el alcalde de Huehuetlán se posicionó y pidió la intervención de la Comisión Nacional del Agua  (CONAGUA). 

Gobierno municipal, en compañía del estado y la federación, comenzaron a monitorear y trabajar en sanear las aguas del río Huichihuayán. 

Citrofrut es una empresa mexicana que se dedica a la producción y procesamiento de frutas cítricas y tropicales. Ellos se presentan cómo una empresa socialmente responsable, que exporta más del 90% de sus producción. Se instalaron en la carretera México-Laredo en la comunidad de Huichihuayán, el 31 de octubre de 1995. 

Este año cumplen 27 años de operar en la zona, pero fue hasta 2016 que se prestó atención a los desechos de esta empresa. En el 2020, familias del ejido Rancho Nuevo, perteneciente a Axtla de Terrazas, vecinos de la juguera, denunciaron que el agua de sus norias tenía ese color y olor característico de los desechos de  Citrofrut. Ellos piensan que los tóxicos que se desecharon por años en la zona,  se habían filtrado a sus aguas.

Hasta la fecha no existen estudios suficientes que comprueben que los acuíferos que rodean a la juguera Citrofrut, y son consumidas por comunidades vecinas a la planta, estén en buenas condiciones.  

¿Hay solución?

“La naturaleza está compuesta por cuatro componentes: tierra, agua, sol y aire. Nosotros tenemos que cuidar eso porque no podemos vivir sin ninguno de esos componentes. Nuestros antepasados nos enseñaron a agradecer por el agua, por los manantiales. Si una comunidad se queda sin agua, nosotros le pedimos a los componentes de la naturaleza que nos regrese el agua”, explican los integrantes del cuarteto de son de tradición conocidos como La danza del cascabelito, que pertenecen a comunidades náhuatl del ejido El Naranjal, en Xilitla. 

Este cuarteto y sus danzantes hacen un ritual para agradecer por el agua y otro para pedir que el agua regrese. 

“Primero se limpia el lugar, el manantial, el pozo o la noria; después ofrecemos las ofrendas, estas son consumidas por todos los presentes y lo hacemos con mucha reverencia. Los sones que nosotros tocamos van enfocados a la naturaleza, a esos componentes de la naturaleza”, pero incluso para los músicos y danzantes es imposible rescatar un cuerpo de agua que ha sido dañado por los humanos.  

Juan Felipe Cisneros reflexiona sobre la hidrografía de la Huasteca, que es aparentemente abundante por la vertiente del Pánuco, pero en realidad es muy frágil y lo confirmamos con la sequía que se vivió en mayo. 

Para Rogel y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina es urgente que la población afectada por la escasez y contaminación, en conjunto con la ciudadanía en general, la sociedad civil, la academía, entre otros, conformen una  contralorías ciudadanas y comunitarias del agua en las comunidades, ejidos, municipios y se extienda a nivel regional. 

“Sus funciones serían las de monitorear; denunciar el mal uso, acaparamiento y contaminación; así como proponer soluciones a la problemática del agua desde las comunidades, municipios, microcuencas, sub-cuencas y cuenca hidrológica del Río Pánuco y sus afluentes”, propone el COCIHP, y agrega que  sus funciones deben ser vinculantes para que las dependencias gubernamentales actúen en favor de del derecho humano al agua que se encuentra en el artículo 4o constitucional. 

“Recuerdo el anuncio de los decretos que liberaron el uso de agua de 300 cuencas. Esta fue la última estocada a las cuencas hidrológicas de México propinada por Enrique Peña Nieto y sus socios. A la fecha, al no dar cumplimiento al compromiso político que hizo López Obrador de derogar dichos decretos que dieron mayor fortaleza al sistemático proceso de privatizaciones del agua, nos coloca en estado de indefensión; en el que sólo cabe la resistencia, la movilización jurídica y social. La solución es mantener la memoria y luchar contra el olvido.”, dice Cisneros. 

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