Mientras el Hospital Regional Materno Infantil instruye a su personal a denunciar a mujeres sospechosas de inducirse el aborto, la Fiscalía de Nuevo León aumenta el número de carpetas de investigación contra mujeres por este delito

Texto: Andrea Menchaca y Abraham Vázquez 

Fotos: Gabriela Pérez Montiel

Visualización de Datos: Edgar García

Video: Jorge Mondragón

Ilustración: Carlos Mendoza Alemán

NUEVO LEÓN.- A finales de 2019, la defensora de derechos humanos Verónica Cruz recibió una llamada de integrantes de la Red Necesito Abortar, una organización en Monterrey que acompaña a mujeres que deciden tener un aborto seguro, quienes le pidieron que viajara de urgencia a la ciudad a apoyarlas con un caso.

Una mujer había contactado a la red al enterarse, a través de personal del Hospital Regional Materno Infantil, de que tenía dos carpetas abiertas por el delito de aborto. La joven de 22 años había acudido ahí para atenderse un sangrado provocado por un aborto en evolución y ahora enfrentaba un problema legal. 

“Ella estaba muy asustada, así de: ‘Me van a meter a la cárcel’”, relata Cruz, quien en 2006 fue nombrada Defensora de los Derechos Humanos del Año por Human Rights Watch.

Cruz sabía que lo más importante era tranquilizarla diciéndole que iban a cerrar su carpeta y que no iba a ir presa. Más que apoyarse en una intuición, la respaldaba su experiencia de más de dos décadas en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Las Libres, organización que fundó en Guanajuato, y que defiende y documenta casos de mujeres acusadas por aborto en el país.

Este caso exhibe una realidad en Nuevo León: el personal del hospital para población abierta que más partos atiende en la entidad tiene la instrucción oficial de presentar la denuncia en caso de sospecha de aborto inducido.

A través de cuatro oficios circulares, la Jefatura de Obstetricia del Hospital Regional Materno Infantil, parte de los Servicios de Salud de Nuevo León, pide a sus médicos, residentes, enfermeras y trabajadores sociales notificar al ministerio público los casos de sospecha de aborto inducido. Los documentos, cuyas copias obtuvimos vía transparencia, están fechados entre el 18 de junio de 2019 y el 22 de septiembre de 2020.

“¿Por qué los hospitales le están llamando al ministerio público cuando deberían atender la salud de las mujeres? Creo que en Nuevo León encontraron un dato que no hemos encontrado en otro estado: que tienen una circular”, cuestiona Cruz.

En 2020, Nuevo León se convirtió en el segundo estado a nivel nacional con más carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto, sólo por detrás del Estado de México, que tiene 145, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La Fiscalía General de Justicia del Estado impuso una marca con 102 carpetas abiertas por este delito. 

En los últimos cuatro años, la Fiscalía estatal ha incrementado el número de carpetas por aborto, en el 2017 se abrieron 28; en 2018, 38; en 2019, 84 y en 2020, 102, según datos proporcionados vía transparencia. 

El aumento de estas cifras puede hacer pensar que se está persiguiendo un delito, sin embargo, la mayoría de las carpetas de investigación se quedan en la Fiscalía. Menos de la mitad tienen imputaciones y los casos rara vez llegan ante un juez. Esto no desalienta el aumento de carpetas año con año. Una especie de simulación institucional que deja como mensaje que en Nuevo León se persigue a las mujeres que abortan. 

“Abren carpetas, saben que no van a perseguir ese delito, pero ya cuenta para su estadística”, señala Cruz.

Nuevo León se convirtió en uno de los últimos estados en los que se aprobó una reforma a la constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, en 2019. También en ese año el Congreso local aprobó la incorporación de la “objeción de conciencia” a la Ley Estatal de Salud, que abría la puerta para que médicos y enfermeras de hospitales públicos pudieran rehusarse a practicar un aborto. 

Al final esta ley fue vetada por el Gobierno estatal. El proceso de deliberación y aprobación de estas reformas legislativas provocó un encendido debate público en los medios de información y manifestaciones de grupos a favor y en contra del aborto. 

Ante la sospecha, la denuncia

A través de solicitudes de transparencia a los Servicios de Salud de Nuevo León, al frente de los cuales se encuentra el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, rastreamos el origen de las denuncias por el delito de aborto en los hospitales públicos. Solicitamos los oficios que tuvieran el asunto Notificación y Manejo de Productos en Caso de Aborto entre 2016 y 2020. 

La instrucción de denunciar aparece en cuatro oficios circulares a partir de 2019. En los primeros dos, de junio de 2019 y enero de 2020, piden notificar todos los casos de aborto —con excepción de los casos de aborto diferido— en el Centro de Orientación y Denuncia (CODE), oficina de la Fiscalía estatal en donde el ministerio público recibe las denuncias. 

A partir de mayo y septiembre de 2020, la instrucción cambió: piden notificar todos los casos en que exista sospecha de un aborto provocado. 

“Se deberá realizar notificación a CODE en todos los casos de aborto en los que exista sospecha de haber sido provocado por la paciente o una tercera persona, ya sea mediante datos obtenidos en el interrogatorio o evidencias encontradas en la exploración física”, dice el oficio circular fechado el 22 de mayo de 2020. 

“Para la notificación del caso el médico que realiza la valoración inicial de la paciente deberá generar en el expediente electrónico un dictamen médico (previo) F-SSNL-HMI-EXP-059. Este documento deberá ser entregado en la oficina del CODE, localizado en la sala de espera de urgencias médicas”, agrega el documento.

Kalycho Escoffié, titular del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, señala que cuando los médicos y el personal de salud tienen conocimiento de la posible comisión de un delito, sí tienen que notificar al ministerio público, sin embargo, las autoridades de salud no tienen las facultades para estar coadyuvando en la investigación adelantando pruebas y compartiendo datos sensibles en casos no previstos en la ley y sin un requerimiento judicial. 

“Me parece que sí violan los derechos a la protección de datos personales, a la no autoincriminación, entre otros”, advierte. 

El aborto es un delito en Nuevo León, pero no es un delito siempre, señala Escoffié. Existen tres causales por las que no lo es: violación, peligro de muerte y riesgo de salud de la mujer.

“El hecho de que un médico tenga conocimiento de que hubo un aborto, no quiere decir que se haya cometido de manera ilegal”, agrega el abogado.  

La abogada Deisy Hernández cuestiona que los oficios no mencionan esas tres causales por las que el aborto en Nuevo León es legal. Tampoco mencionan la NOM-046, una norma nacional que establece que si la mujer fue víctima de violación, puede acceder al servicio legal de interrupción de embarazo sin  necesidad de poner una denuncia.

“Todo acto del estado debe estar fundado y motivado en la ley y esa circular no lo está”, señala la también activista por los derechos de las mujeres y de las infancias.

En 2019, dos de los CODES en los que más se presentaron denuncias por el delito de aborto están localizados en el Hospital Regional Materno Infantil y en el Hospital Universitario. Cada uno registró 10 denuncias, según datos proporcionados por la Fiscalía a través de transparencia.

Durante 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, de 102 carpetas que se abrieron, 97  llegaron por el Centro de Denuncia Virtual, una herramienta de la Fiscalía estatal para que los ciudadanos denuncien a través de su página de internet, sin necesidad de presentarse físicamente en el ministerio público. 

Este no ha sido un año usual para quienes buscan servicios gubernamentales, muchas dependencias públicas han operado en “home office” para evitar contagios por el coronavirus. La Fiscalía es una de ellas, incluso anunció en abril que hasta el 70 por ciento de su personal operativo trabajaría de manera remota. 

En uno de los oficios, fechado el 22 de septiembre de 2020, se instruye al personal a notificar los abortos a través de la denuncia virtual. Con esto se pierde el rastro de las denuncias que se presentan desde los hospitales.

Fiscalía: más carpetas por aborto, pocas pruebas

A través de información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, solicitada por transparencia, de 264 carpetas abiertas entre 2016 y agosto de 2020, sólo 39 por ciento registran imputados. De esos 119 imputados, 104 fueron mujeres, la mitad de ellas, de entre 20 y 29 años de edad. 

En Nuevo León no hay una sola mujer en la cárcel por el delito de aborto. Ni siquiera se ha abierto un proceso contra una mujer, según datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial a través de transparencia. 

El único caso con sentencia en estos cuatro años fue de un hombre, en 2016. Cuando el delito de aborto lo cometen los hombres se asocia al uso de violencia contra mujeres en estado de gestación.  

Se puede decir que la mayoría de las carpetas de investigación por el delito de aborto no pasa de la primera etapa: su apertura. 

Los términos de un proceso legal pueden confundir a cualquiera que no sea abogado, pero explicado de manera simple, el sistema de justicia penal funciona así: primero se abre una carpeta de investigación por el delito; luego si el ministerio público o fiscal del caso encuentra pruebas suficientes, judicializa la carpeta y le pide al juez la vinculación a proceso. El juez decide vincular a proceso o desestimar el caso. Si vincula a proceso hay dos caminos para el acusado: una solución alterna o ir a un procedimiento abreviado. Si se elige y es viable una solución alterna, el juez le dicta algunas medidas a cumplir, en libertad, por un tiempo determinado. En el caso de un juicio abreviado, el juez dicta sentencia en la cual no pondrá una pena distinta a la aceptada por el acusado. Si no se opta por una de estas dos vías descritas, se lleva a cabo un juicio oral ordinario. 

En Nuevo León el aborto es uno de los delitos considerados no graves —el código penal establece que la mujer  que procure su aborto se sanciona con pena privativa de la libertad de seis meses a un año—, por lo que las personas pueden permanecer en libertad y continuar el proceso fuera de prisión. 

También existe la posibilidad de que las sanciones por el delito de aborto sean multas económicas, trabajo a favor de la comunidad y medidas alternativas como recibir tratamiento médico o psicológico. 

“¿Para qué gastamos dinero en abrir carpetas?, ¿por qué los hospitales le están llamando al ministerio público cuando deberían atender la salud de las mujeres?”, cuestiona la directora de Las Libres. 

Las defensoras explican que el delito de aborto es muy difícil de demostrar, ya que es imposible comprobar que una mujer tomó medicamento para abortar, ni si quiera por análisis de sangre, o que el producto en gestación sean una prueba contundente, ya que en un aborto, lo induzcas con medicamento o no, siempre cabe la posibilidad de haber sido espontáneo. 

“A las mujeres que hemos acompañado en estos casos ha sido sobre todo por la cuestión emocional, porque no van a pasar las carpetas, no hay manera de que digan: ella se lo provocó, tiene que haber pruebas”, enfatiza Sandra Cardona de la Red Necesito Abortar. 

El diputado local Carlos Leal es conocido en la entidad por ser de los principales impulsores de las reformas de la protección de la vida desde la concepción y la objeción de conciencia. Para él, 

la apertura de carpetas por aviso de los hospitales públicos es, simplemente, una cuestión de llevar un registro, un trabajo que la fiscalía está haciendo ahora y que antes no hacía. 

“Afortunadamente la fiscalía ahora sí está documentando todos los casos y no solamente de esto, sino de violencia familiar, de violencia contra la mujer, se ha estado trabajando sobre todo en el aspecto que tiene que ver con las mujeres”, indica el legislador ahora independiente. 

Desde la óptica de las defensoras de derechos de las mujeres, detrás del aumento de las carpetas está la sombra de la criminalización. Esto no quiere decir que se tengan que llevar mujeres a la cárcel, sino se refiere a que las instituciones del Estado reproducen la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres a través de sus prácticas. 

Leal rechaza que se trate de una criminalización en contra de las mujeres. 

“No es una denuncia, realmente es un reporte médico que se pasa a la Fiscalía y una vez que la Fiscalía lo toma, se abre una carpeta de investigación, en la cual el mismo médico reporta que es un aborto espontáneo y se cierra la carpeta. Porque si fuera una investigación completa sobre un delito ya penal y un caso de aborto inducido, ya hubiera en estos momentos mujeres presas por este delito”, señala el diputado. 

Desde noviembre se buscó a la Fiscalía a través de 8 llamadas telefónicas y 15 mensajes por whatsapp al enlace de prensa y 2 mensajes directos a la Fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos Contra las Mujeres, Griselda Núñez Espinoza. A la Secretaría de Salud se le buscó desde el 27 de enero a través de 6 mensajes al enlace de prensa. No hubo respuestas.

Criminalización: una cadena amplia 

Desde el punto de vista jurídico, en todos los códigos penales —incluso en la mayoría de los países en los que se ha despenalizado el aborto— la vida en gestación es un bien valioso y digno de protección por las leyes. La diferencia son los límites de hasta dónde y cuándo llega esa protección. En unos países se prohibe el aborto totalmente, incluso en caso de violación, y en otros se permite hasta las 24 semanas de gestación.

México es uno de los países más restrictivos en cuanto a las leyes para permitir la interrupción voluntaria del embarazo. 

María Santos, abogada y feminista, señala que el delito de aborto quedó establecido desde los años 30. Desde entonces —y a pesar de que desde 1953 se reconoce la ciudadanía y el derecho al sufragio de la mujer—, poco o nada se ha modificado en la mayoría de las entidades del País, con excepción de la Ciudad de México y Oaxaca, que permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12.  

Más allá de las cifras de carpetas abiertas y su prohibición en los códigos penales, el aborto es una práctica que ha encontrado maneras de existir en todas las sociedades, así sea en la clandestinidad o en condiciones poco óptimas y sin supervisión médica; o también a través de redes de acompañantes que ayudan a las mujeres a tener abortos seguros; o viajando a otra ciudad donde sea legal la interrupción del embarazo. Cada mujer decidirá en la medida de sus posibilidades y sus limitaciones.   

Karen Luna, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), dice que la criminalización no sólo está en el terreno legal sino también el social, tal como lo documentaron en su informe “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México”, publicado en 2018. 

“La cadena de criminalización es bien amplia: empieza desde el momento en que la mujer tiene una urgencia relacionada con el embarazo, que puede ser que no sabía que estaba embarazada,  tuvo aborto espontáneo y entonces acude a buscar ayuda al hospital, o inclusive un parto fortuito, siendo un embarazo deseado, o cualquier otro tipo de situación en la que acuden al médico y de inmediato se las trata como sospechosas”, señala.

Este es un fenómeno que deja a las mujeres una carga emocional difícil de llevar y quienes están en condición de pobreza y buscan servicios públicos son más vulnerables a ser criminalizadas. 

“Hemos sabido que los y las médicas, si sospechan de que un aborto ha sido inducido, dan notificación al CODE. Son el brazo que está accionando para la criminalización de las mujeres”, señala Vanesa Jiménez, integrante de la Red Necesito Abortar. 

A nivel nacional, las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos consideran que una de las soluciones para evitar la criminalización está en capacitar al personal de salud de los hospitales públicos para que sepan que les asiste el secreto profesional.

“Ahí es donde hay que hacer el trabajo fino para eliminar la criminalización, en lo que logramos que se elimine el tipo penal de todos los códigos”, opina Cruz, directora de Las Libres.

Cuando buscamos entrevistar para este reportaje a la mujer que había sido denunciada en el Hospital Regional Materno Infantil, rechazó hablar sobre su experiencia de manera pública y a difundir detalles de su caso, a pesar de ofrecerle las garantías de no difundir su identidad. A través de un contacto expresó que aún tiene miedo y vive con ansiedad. 

La psicóloga Martha Campos, quien ha atendido a mujeres que han pasado por un aborto y han sido denunciadas judicialmente en Guanajuato, entiende porqué es dificil hablar sobre una experiencia como esta. 

“Es un estrés elevadísimo, el simple hecho de (tener) la carpeta abierta es como si ya estuvieran en la cárcel. Se sienten perseguidas y esa persecución tampoco las deja vivir en paz, pierden el apetito, pierden el sueño”, explica.

Las organizaciones que defendieron a la joven que acudió al Hospital Materno Infantil señalaron que con información y gestión pudieron lograr que la Fiscalía cerrara su carpeta. Su problema legal, terminó ahí. Sanar las heridas emocionales de ella, y otras mujeres, se vuelve quizá un asunto que tiene un costo mayor de lo que representa para las instituciones de justicia abrir cada una nueva carpeta. 

*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.