Una acusación compartida en Mexicoleaks documenta presunto uso de recursos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para traducir mensajes a favor del es candidato presidencial Ricardo Anaya.

Por Ricardo Balderas y Eduard Martín-Borregón / PODER

Un correo electrónico masivo con la denuncia de presuntos delitos electorales llegó a las  direcciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) el pasado 13 de febrero. Las acusaciones señalan el uso de recursos públicos para favorecer al excandidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés.

El mensaje llegó a los correos electrónicos de por lo menos otros 90 funcionarios del Instituto. Esa información fue enviada también a Méxicoleaks, con una denuncia dirigida a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), además de una carpeta con sus pruebas. La denuncia es investigada por el Órgano de Control Interno del Inali en espera de la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La denuncia señala a los servidores públicos Idalia “N” y Jonathan “N”, quienes se desempeñan como secretaria de la Dirección General y secretario particular del director general Juan Gregorio Regino, respectivamente, de haber hecho uso de los recursos de la institución para favorecer al excandidato albiazul a la Presidencia, al ofrecer trabajos alternativos a trabajadores de la institución a cambio de traducciones de sus mensajes, entre otras cosas.

Gregorio Regino, el titular de la dependencia, aseguró a PODER que su política será de cero tolerancia si el caso se comprueba.

De acuerdo con lo denunciado, en mayo de 2018, los trabajadores señalados, en horario laboral (09:48am hasta las 17:08pm), con información del Inali, presuntamente habrían hecho uso del registro de traductores y las computadoras de la dependencia, para contactar a los agentes bilingües certificados por el Inali para ofrecerles un trabajo alternativo en la campaña de Ricardo Anaya Cortés como traductores de sus mensajes políticos.

La denuncia, el Inali y Anaya

El documento explica que se les ofrecía a algunos trabajadores de la institución 400 pesos por la traducción a lenguas originarias de mensajes de menos de 200 palabras a favor del panista, asimismo se ofrecía el doble de esa suma por la grabación del mensaje (también en lenguas originarias), 1200 pesos en total.

Los acusados habrían usado el correo institucional, equipo del estado y las bases de datos del INALI, para incitar a los trabajadores adscritos al padrón de traductores a recibir esta prebenda.

Las declaraciones también aseguran que dos colaboradores sí accedieron a la prebenda ofertada por el funcionario público y fueron identificados como Iván “N” y Nelson “N” (ambos nombres, efectivamente corresponden a trabajadores en activo de la institución). PODER solicitó al Área Comunicación del Inali el contacto con las personas mencionadas en el documento, pero hasta el cierre de esta edición, no se tuvo respuesta sobre estos casos en particular.

Una de las discusiones más reveladoras en la carpeta de pruebas muestra una disputa entre una trabajadora no identificada y una traductora, quien la cuestiona sobre la identidad de la persona que le ofrece el dinero extra (el secretario particular) y legalidad de los hechos.

La trabajadora, cuyo nombre no se revela por motivos de investigación, se limitó a reconocer que Jonathan “N” efectivamente labora en el instituto, pero aclara a la quejosa que la solicitud no corresponde a un trabajo oficial. Además asegura que de negarse a realizar dicha tarea, no habrá ninguna represalia en su contra: “Depende del criterio de cada quién”, se puede leer en una de las conversaciones filtradas.

La campaña en cuestión es “Somos las raíces de México, el México que queremos y merecemos”.

El antecedente de Jonathan “N”

Dos años antes de este escándalo, el mismo funcionario estuvo involucrado en otra averiguación ante los Tribunales Electorales del Estado de México (TEEM). Aunque el expediente número JDCL/9/2017 aún no es público debido a que carece de resolutivo final, sí da cuenta de la existencia de otra averiguación en materia electoral donde se investiga al mismo servidor público.

El entorno del “Incidente”, como fue calificado por el TEEM, es relativamente el mismo. Las autoridades judiciales dan cuenta de una investigación llevada por el ayuntamiento de Valle de Chalco en donde se le solicita a Jonathan “N” que colabore con la publicación de la convocatoria de representantes indígenas ante el ayuntamiento de Valle de Chalco. Pero entonces, el Inali se había negado a responder.

Ante el hecho, los TEEM ejecutaron una sentencia reparatoria para que aquella municipalidad pudiera tener acceso a la convocatoria en lenguas originarias, ya que se trataba de la elección de un representante indígena.  

El funcionario público, en respuesta a la solicitud de los tribunales, argumentó que solamente podía coadyuvar facilitando las referencias de quienes conforman el padrón de traductores de dicha institución (quienes ahora denuncian la prebenda). Sin apoyar para generar recursos de acceso a estas comunidades.

Pero la respuesta no satisfacía a los tribunales, por lo que ordenaron dar cuenta al Inali para gestionar los recursos necesarios y hacer pública la convocatoria en por lo menos 13 idiomas distintos. El funcionario fue sancionado de esta manera por no responder adecuadamente a las funciones del instituto al que representa.

Jonathan “N” repitió administración

“Es un asunto inédito para mí, estoy muy sorprendido”, dijo el titular del Inali, Juan Gregorio Regino, en entrevista para PODER. Según explicó, el verdadero motivo por el cual Juan “N” no fue cesado de sus actividades luego de terminar el sexenio, es que las plazas para quienes trabajan en la institución son muy pocas y sin derecho a renovación.

El titular asegura que llegó al cargo con el principal objetivo de preservar el trabajo ya realizado durante la gestión pasada y concluirlo con el mismo equipo. Sin embargo, también asegura que de comprobarse el mal uso de los recursos públicos, su administración ejercerá la política de cero tolerancia.

Sobre cómo se llevará el caso, Regino explica que la dependencia posee un Órgano de Control Interno que depende de la SFP y que su personal ya realizó las diligencias correspondientes para que se inicie la investigación en contra de Jonathan “N”.

Han pasado tres años y dos denuncias desde que a Jonathan “N” se le acusa de hacer uso del Inali con fines políticos. Su cargo “de confianza” perdió ya todo significado ante el personal del instituto que recibió las denuncias. Hasta el cierre de esta edición, la SFP no ha respondido la petición de entrevista que se realizó con cinco días de anticipación.