Habitantes de Sitilpech, Yucatán, pidieron a la Corte que atraiga el caso en que demandan la salida de la granja de cerdos del Grupo Porcícola Mexicano de su territorio. Acusan omisiones de las autoridades locales

Texto y foto: Kau Sirenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Pobladores de la comunidad maya Sitilpech, Yucatán, pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga la queja que mantienen contra de la granja del Grupo Porcícola Mexicano porque no confían en el tribunal colegiado de la península. La protesta de los mayas en la puerta principal de la Corte estuvo acompañada de activistas Greenpeace. 

El abogado de la comunidad de Siltipech, Roberto Sánchez, acusó al gobernador Mauricio Vila Dosal de mantener agenda favorable a la porcícola:

“El gobierno del estado organizó una feria ambiental, y uno de sus patrocinadores era la empresa Kekén, Grupo Porcícola Mexicano. Los compañeros irrumpieron en la inauguración para efecto de manifestar su rechazo a la granja”. 

Abogado Roberto Sánchez.

Este miércoles en la conferencia de prensa, después de entregar la queja en oficialía de la Suprema Corte, activistas y vecinos de la comunidad maya de Sitilpech dieron a conocer que trajeron 800 firmas de los pobladores.

“Son 800 firmas porque el pueblo es pequeño. Somos mil 400 vecinos de Sitilpech, pero son firmas bien habidas porque no salimos a recolectarlas en otras comunidades”, afirmó Alejandro Pech.  

El campesino maya primero habló en su lengua materna, luego lo hizo en castellano para que todos y todas entendieran el porqué está en la Ciudad de México:

“Somos mil 400 los que vivimos en Siltipech, comparado con los 48 mil cerdos que se producen a un kilómetros del pueblo. Esa distancia ha hecho que ahora no podamos vivir por el olor pestilente que se deja venir cuando empieza el calor”. 

Alejandro Pech fue claro, no dejó cabo suelto cuando dijo que no a la granja: “No queremos que se cierre de manera provisional, sino que se quite definitivamente, porque si se queda en Yucatán, nos va a quitar el agua y el agua es lo único que tenemos allá en la península, por eso, compañeros, llegamos hasta aquí para que la Corte sepan los problemas que tenemos en Yucatán”.

La exposición sobre los daños que ocasiona la granja porcina estuvo a cargo de Janet Medina. Ella dijo que las autoridades de Yucatán no hacen nada por contener los daños ambientales que ocasiona el Grupo Porcícola Mexicano.

“Las omisiones por parte de las autoridades de Yucatán van desde la falta de inspección, vigilancia, control y sanciones a esta granja”.

De acuerdo con la información legal que los abogados dieron a conocer en la mañana de este miércoles, destaca el amparo que les dio suspensión definitiva; sin embargo, la granja porcícola interpuso una revisión con el argumento de que la queja de la comunidad Sitilpech se presentó fuera del término judicial. 

Medina explicó los avances de esa suspensión definitiva: “La Comisión Nacional del Agua (Conagua) acató la suspensión definitiva y actuó de acuerdo con su responsabilidad que consistió en inspeccionar a la granja, además realizó estudios al agua que sale del tratamiento de la granja. De esta supuesta planta de tratadora hacen parecer como funciona perfectamente, pero en realidad al hacerle el estudio corroboraron que había elevación fecales que son bacterias que causan infección intestinales”. 

La investigación que realizó la Conagua permitió obtener otros datos sobre la contaminación en las aguas de la península.

“Hay varias sustancias tóxicas en alta cantidad, pero que son bastante dañinas para las personas. De acuerdo con el tipo de suelo que hay en la península de Yucatán, el agua contaminada se va directo al subsuelo y es el agua que consume la comunidad”. 

Una vez que Conagua concluyó con la investigación revocó los permisos de carga y descargas de aguas que la granja porcina arroja derrama a los mantos freáticos; sin embargo, la Granja sigue en operación gracias al apoyo que el gobernador brinda al Grupo Porcícola Mexicano Keken:

“Las autoridades de Yucatán no han cumplido con su obligación de inspección ni fiscalización. Es por eso que le pedimos a la Suprema Corte que analice esta queja, sobre todo, porque la revisión de esta queja cayó en el mismo tribunal colegiado”. 

Los manifestantes aseguran que no son los únicos que están en contra de la granja porcina sino que son los pueblos mayas de Yucatán: Kinchil, Celestún, Sitilpech y otras comunidades que no han podido echar de sus tierras las granjas porcinas.  

El 28 de julio de 2021, Kanan ts’ono’o denunció en su portal la injerencia del gobierno de Yucatán:

“El Gobierno del estado de Yucatán ha tratado de legitimar la instalación autorizando una manifestación de impacto ambiental (MIA) técnicamente deficiente y firmada por una cirujana dentista, entre otras muchas irregularidades. En septiembre de 2019, la titular de la SDS, Sayda Melina Rodríguez Gómez, otorgó a la granja PAPO un acta que avalaba una inspección que duró tan sólo unos minutos. Este documento fue presentado para asegurar que la planta de tratamiento de agua estaba lista para funcionar. En octubre de ese mismo año la Juez Miriam Cámara Patrón negó la petición de PAPO y confirmó que la suspensión se mantenía”.

De ahí la desconfianza de los abogados de la comunidad de Sitilpech:

“En ese caso el tribunal colegiado en materia penal y administrativa de Yucatán decidió darle la razón a la granja Papo y revirtió todo lo que se había logrado en el amparo contra la granja, pensamos que eso mismo va a suceder porque es el mismo ponente al que se le otorgó está nueva queja”.