Se cumplen tres años del derrame tóxico que provocó la mina Buenavista del Cobre en los ríos de Sonora, el peor desastre ambiental en México, y los pobladores afectados siguen  sufriendo los efectos: la economía regional se derrumbó y ahora, un juez ha determinado que el agua potable podría seguir contaminada

Texto: Ana Cristina Ramos.

Foto: Héctor Guerrero.

Video: PODER

Tres años después del peor desastre ecológico provocado por una mina en México, los pobladores de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Huépac, Aconchi, Baviacora y Ures aún sufren las consecuencias: Antonio Mora Diez, juez primero de distrito en Sonora, determinó que las aguas de los ríos están contaminadas, y el gobierno federal no debió reabrir dos de los pozos que suministran el agua potable de la región.

La sentencia obliga a las autoridades a repetir los estudios que realizó hace tres años, y llena de incertidumbre a los pobladores del daño que todavía tienen.

Francisco Ramón Miranda vive en Aconchi, un municipio ubicado a 175 kilómetros de Cananea y dice que aunque el gobierno y Grupo México –empresa responsable del derrame tóxico- prometieron instalar 36 plantas purificadoras de agua, con el tiempo la promesa que redujo a nueve, pero sólo se ha instalado una en Bacanuchi que no funciona.

A Miranda le preocupan sus hijos: “controlar de dónde consumen agua no es algo por lo que nosotros deberíamos de preocuparnos”, dice.

Mario Alberto Salcido Romo, un agricultor de Ures es más tajante: “nosotros no queremos más dinero, necesitamos agua limpia y salud, que dejen el río como estaba”.

El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre derramó 40 mil litros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. Las afectaciones alcanzaron a 22 mil personas. Pero la Empresa Grupo México, propiedad Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, tuvo mínima consecuencias: la multa de 23 millones de pesos que impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) representa el .7 por ciento de su fortuna.

Para los agricultores como Salcido, en cambio, la tragedia también fue doble, pues la venta de productos regionales disminuyó entre 80 y 100 por ciento después del derrame debido a la sospecha de que estaban contaminados. “¿De qué me sirve ese dinero si no puedo vender porque la gente no confía en el producto?”, lamenta el agricultor, quien recibió 20 mil pesos para “reactivar su economía” del fideicomiso Río Sonora, que se creó con 2 mil millones de pesos para reparar los daños ocasionados por el derrame de tóxicos en el afluente. Pero el fideicomiso fue cerrado en febrero de este año sin informar a los afectados cómo atendió la emergencia

Tres años después, los Comités de Cuenca Río Sonora y la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), que ha acompañado jurídicamente el proceso, lograron su primera victoria ante los juzgados.

El pasado 6 de junio, el Juzgado Primero de Distrito de Sonora dictó sentencia favorable al juicio de amparo 834/2015. La sentencia establece que por lo menos dos pozos –Sinoquipe y La Labor- están contaminados, lo que confirma una sospecha que los pobladores han tenido todo este tiempo y que podría ser terrible para la economía de la región.

Luis Miguel Cano, abogado de Poder explicó que esta sentencia desbarata el discurso oficial de que todo está bien y no hay contaminación. Lo que busca ahora la organización es  que “demostrando el mal manejo de éstas primeras muestras fuerce eventualmente al gobierno a repetir los estudios, no sólo en los pozos que el juzgado dictó como contaminados”.

¿Qué es lo que valoró el juez en la sentencia?

El derrame tóxico perjudicó al sistema de agua potable de la región, por lo que el gobierno federal anunció, como una de las primeras acciones preventivas, el cierre de los 75 pozos que surten de agua a la zona. Además, ordenó a la Comisión Federal de Prevención y Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizar muestreos para verificar la contaminación del agua en los pozos.

De septiembre a octubre de 2014, Cofepris realizó los estudios en 30 pozos. Pero lo hizo sin tomar muestras de los pueblos más cercanos al desastre, como Bacanuchi o el propio Cananea, la cuna del cobre mexicano y lugar donde se ubica la mina de Grupo México que provocó el accidente.

El 20 de noviembre de ese año, con la fase de emergencia en río Sonora finalizada y el dictamen de la Cofepris de que ninguno de los pozos estaba contaminado, 90% del sistema de agua potable volvió a funcionar.  Sin embargo, sus estudios tomaron como base la norma nacional NOM-127-SSA1-1994  y no contemplaron la norma internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en ‘Guías para la Calidad del Agua Potable’, que es más estricta con algunos de los metales pesados que se vertieron en el río.

De haberse utilizado la norma más favorable, -como manda ahora la sentencia – por lo menos el pozo ubicado en Sinoquipe no se hubiera reabierto, debido a los índices de arsénico registrados en el río – tenía 0.011 cuando el máximo para la OMS es de 0.010–. La OMS indica que el consumo de arsénico en altas cantidades desarrolla cáncer en varios órganos, en particular la piel, la vejiga y los pulmones.

La organización Poder concluyó, en el Análisis de la Metodología de muestreo para el río Sonora después del derrame ocurrido en la mina Buenavista del Cobre, que “la metodología de muestreo presenta deficiencias por no considerar réplicas, sitios control, análisis de sedimentos y muestras en organismos. Además, no deja claro la elección de sitios de muestreo”.

Por su parte, la sentencia le retira al gobierno mexicano el permiso de apertura a los pozos de Sinoquipe y La Labor, que se encontraron contaminados, y plantea que deben repetirse los estudios utilizando los estándares más altos. Pero no contempla quién va a surtir de agua potable a las comunidades, ni cuándo se volverán a realizar los estudios.

La batalla legal todavía será larga.

Mientras, en los municipios afectados, la mayoría de los pobladores todavía no tienen certeza del nivel de daño que tienen, pues el laboratorio que ha practicado los exámenes de salud les hizo firmar una cláusula de confidencialidad.

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