La participación de una defensoría pública, aunque llegue tarde y resulte escasa ante la magnitud de la emergencia feminicida, es importante

Twitter: @celiawarrior

En la cajuela de un automóvil estacionado a la orilla de la carretera federal México-Laredo, en el estado de Hidalgo, la madrugada del domingo 25 de septiembre de 2021 encontraron a dos mujeres asesinadas. La prensa reportó estereotípicamente que los cuerpos de ambas mujeres tenían “huellas de violencia”, dieron detalles que en realidad lo que presumían es que fueron sometidas a actos de tortura. También resaltaron el hallazgo de una cartulina con un mensaje escrito que hacía alusiones a un bar o table dance ubicado en esa misma carretera. La Fiscalía General de Justicia de Hidalgo inició la carpeta de investigación sin dar a conocer la identidad de las víctimas, la noticia se diluyó y pasó desapercibida entre varias otras historias de violencia extrema y cotidiana en este país.

Después se supo que una de las mujeres era originaria de Oaxaca. La segunda, de Guerrero, según describe el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) en su informe de labores 2021-2022, se llamaba Lucero. De ésta última ahora sabemos que tenía 28 años, era madre soltera de una niña de cuatro, indígena, había migrado a Hidalgo después de haber sido víctima de “diversas violencias interpersonales” y “derivado de sus condiciones de vulnerabilidad y precariedad económica […] fue trabajadora sexual”, según narra el apartado del informe ‘Más allá de las cifras: las historias detrás de la labor de la Defensoría pública federal’.

El de Lucero fue uno de los primeros ocho casos en los que la defensoría pública asumió la representación extraordinaria de familiares de víctimas de feminicidio, después de que en septiembre de 2021 el Consejo de la Judicatura autorizara esta facultad al IFDP.

La opción de representación extraordinaria de la defensoría pública a este tipo de casos resulta relevante porque el acompañamiento legal se da cuando en la representación ordinaria presenta irregularidades, dilaciones o faltas; circunstancias que sabemos abundan en el sistema judicial mexicano.

Además, la alternativa no solo se ofrece a familiares de víctimas de feminicidio, también está dirigida a víctimas sobrevivientes de este delito y a mujeres criminalizadas por abortar. Nada de esto está fuera de los objetivos de un instituto creado para “acercar la justicia” especialmente a la población en “extrema vulnerabilidad” o “más desprotegida”, como son personas en movilidad, indígenas, con discapacidad, entre otras.

Por ejemplo, para el caso de la familia de Lucero, para justificar su representación extraordinaria la defensoría pública destaca que son originarios de Tlapa de Comonfort, Guerrero, hablantes nativos del tlapaneco, que la Comisión de Atención a Víctimas se negó a dar la asesoría jurídica y no existía aún la comisión de víctimas local.

Sin embargo, en su informe dice tener el “conocimiento” de solo ocho casos de feminicidio para brindar acompañamiento legal, desde septiembre de 2021 a mayo de 2022. Por otro lado, con respecto a la defensa de mujeres criminalizadas por interrupción de sus embarazos solo menciona la “identificación de casos”, mas no la representación. Habría que conocer y evaluar también la efectividad de esa representación, si sucediera.

Esto, en el particular contexto mexicano, con todo y sus sentencias nacionales e internacionales respecto a los feminicidios, mientras prevalece la cifra de una decena de mujeres asesinadas en promedio al día, hace pensar en escenarios de simulación en los que la posibilidad mayúscula sigue siendo la impunidad.

Durante décadas las familiares de víctimas de feminicidio y sobrevivientes han emprendido un camino solitario y de innumerables dificultades para sostener y empujar sus procesos de búsqueda de justicia en los que las autoridades del Estado mexicano brillan por ineficiencia y ausencia. En el mejor de los casos, las organizaciones de la sociedad civil han sido colaboradoras de las familias en el impulso del litigio estratégico de casos específicos y cantados. Así que la novedosa participación de una defensoría pública, aunque llegue tarde y resulte escasa ante la magnitud de la emergencia feminicida, es importante.

Celia Guerrero

Periodista