Las mujeres defensoras mexicanas alzan la voz para exigir la perspectiva de las mujeres en la justicia ambiental, territorial y acceso a la información frente a la primera COP del acuerdo de Escazú, que se celebrará en Chile, donde México participa con una delegación

Texto: Daliri Oropeza Álvarez

Dibujos: Mujeres defensoras de la Ecofeminaria 

CHOLULA, PUEBLA.- Mujeres defensoras de derechos ambientales de todo México exigen justicia ambiental, territorial, derecho a la información, seguridad para las defensoras y ser incluidas con una mención específica en el Acuerdo Escazú, que tendrá su primera cumbre en la que México participa con una delegación. Al mismo tiempo, exigen al gobierno mexicano que las defensoras sean parte de la representación.

Después de un análisis de seis meses, las mujeres defensoras lanzan la iniciativa “Territorios en Defensa. Analizando el Acuerdo de Escazú desde las Mujeres Defensoras Ambientales y Territoriales” de frente a la primera COP del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 2018, Escazú́, Costa Rica, a realizarse Del 20 al 22 de abril en Santiago de Chile. 

A la COP1 Escazú están obligados a asistir los países que firmaron el acuerdo, son 12 incluido México. Como primera reunión de las partes, deberán determinar las reglas de procedimiento del acuerdo y crear un Comité de Apoyo al Cumplimiento de lo establecido.

En el documento de la iniciativa, las mujeres aseguran que la ratificación de este acuerdo internacional representa una oportunidad para atender de manera integral y urgente los asuntos ambientales y los derechos humanos. Por ello, realizaron un proceso de aprendizaje e intercambio para analizarlo desde un enfoque feminista y crítico.

Al esfuerzo convocado por Veredas AC lo llamaron Ecofeminaria, como espacio de análisis entre mujeres. Dialogaron defensoras de diversas geografías del país de norte a sur, jóvenes, mayores, indígenas o urbanas. Redactaron la iniciativa y la enviaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza la delegación que se va reunir de manera presencial en Chile.

En la iniciativa presentan la exigencia de vincular el acuerdo con los derechos de las mujeres; implementación plena y efectiva del acceso a la información ambiental de manera oportuna y adecuada; el reconocimiento del derecho humano a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia; fortalecer capacidades nacionales y la cooperación e incluso mecanismo de castigo por delitos ambientales y la protección a personas defensoras de derechos humanos asociados con el ambiente.

“Es necesario colocar categorías tales como género, mujeres, etnia, interseccionalidad, juventudes, niñez, que permitan visibilizar y enfrentar de manera contundente las barreras que vivimos las mujeres para implementar el Acuerdo de Escazú”, aseguran en el documento.

Jackie Campbell es periodista y defensora de Derechos Humanos que acompaña diversas luchas. Radica en Coahuila. Lucha contra un basurero tóxico que se instaló ilegalmente en territorio ejidal de Saltillo y con esta defensa la invitaron a ser parte del análisis del acuerdo de Escazú por mujeres defensoras.

“Lo mandamos a las autoridades, a la cancillería y esperamos que nuestro posicionamiento como mujeres defensoras llegue a la COP 1. Me parece muy interesante que tenemos necesidades comunes las mujeres defensoras, invariablemente, aún con todas nuestras diferencias”, recalca Jackie Campells integrante de la Ecofeminaria.

Recalca las coincidencias de lo que se sucede en el territorio, desde la discriminación, la pérdida saberes, la identidad cultural, la contaminación de ríos, agua, tierra, aire y la desaparición de fauna silvestre, o la escasez de agua. También el abuso de poder, de las jerarquías, de los privilegios, o las agresiones en el territorio.

Desde las mujeres indígenas defensoras, la exigencia es concreta respecto a la transparencia en la información sobre proyectos que impactan directamente en los pueblos indígenas y, de los cuales, rara vez les informan o les consultan de manera adecuada e informada. 

Bettina Cruz Velázquez de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio también participó en la convocatoria para analizar el Acuerdo Escazú. 

“Estamos viendo, sobre todo en México, que hay muchos retrocesos en temas que quizás no se había avanzado mucho. Por ejemplo, el decreto de Andrés Manuel López Obrador de autorizar cualquier megaproyecto, sin que siquiera tenga la Manifestación de Impacto Ambiental. Eso es contrario a lo que se firmó en el Acuerdo de Escazú”, asegura Bettina Cruz Velázquez, defensora binnizá o zapoteca del Istmo, quien también participó en el análisis del acuerdo en la Ecofeminaria.

El Acuerdo 

Entre los objetivos del Acuerdo Escazú están garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso, la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación de las partes o países firmantes. Habla de contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano, y a lo que llaman “desarrollo sostenible”.

México promulgó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio a este acuerdo a nivel constitucional el 22 de abril del 2021. En el marco del día de la Tierra.

De acuerdo con el texto de la ONU, el acuerdo establece que se debe tener acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto es el pilar del acuerdo, en donde además resalta la generación y divulgación de información ambiental, además de considerar las garantías mínimas del acceso a la justicia ambiental.

El acuerdo, que está establecido en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 1992, tiene carácter jurídicamente vinculante, lo que ayuda a proteger y garantizar los derechos de todas las personas al acceso en materia ambiental y de Derechos Humanos.

En entrevista, el colectivo LEGAIA, especializado en cuestiones internacionales y ambientales y activismo, describe que este acuerdo es importante porque es el primero en el mundo en tener disposiciones particulares en materia de derechos humanos para defensores ambientales, y también es el primero a nivel regional en América Latina en materia ambiental.

“Es importante que la gente, que va a ser afectada por los proyectos, tengan el acceso a la información, haya transparencia en esos procesos. Sobre todo, si México firmó por el tema del cuidado ambiental. En este contexto de calentamiento global, es para nosotros muy importante el tener acceso a la información oportuna. saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que pretenden hacer en nuestros territorios, para también poder organizarnos y saber qué hacer”, describe Bettina como parte fundamental del acuerdo. 

El acuerdo cobra relevancia al ver las cifras de asesinatos a defensores ambientales en el mundo. México es uno de los 10 países en donde más asesinatos de defensores ocurren, en 2020 Global Witness registró 227 asesinatos a defensores.

Por eso LEGAIA recalca que la firma obliga al Estado mexicano a crear políticas y proteger su aplicación en el acceso a la información ambiental, la participación pública, a la justicia, al fortalecimiento de capacidades y la cooperación en temas de decisión ambiental y a la protección de defensores ambientales.

La importancia para las mujeres

De acuerdo con Bettina Cruz los megaproyectos tienen diferentes formas de afectación en la vida, medio ambiente y cuerpos de las mujeres.

“Las mujeres somos el primer espacio donde los megaproyectos impactan. Porque ya no tenemos donde estar nosotras, donde vivir y donde podamos vivir con dignidad”, asegura la defensora binnizá o zapoteca.

Parte de la lucha en el Istmo ha sido contra lo que llaman energías renovables, o lo que Bettina describe como “colocar de manera intensiva parques eólicos con engaños prometiendo lo que siempre han dicho: progreso y desarrollo” y se pregunta “¿progreso para quién? ¿desarrollo para quién? con contratos leoninos, corrompiendo, deforestando, con consultas amañadas”.

“Aquí en la región del Istmo están más de 500 mil hectáreas de la selva de los Chimalapas, tenemos también la Selva Lacandona. Existe una gran riqueza riqueza ambiental, tenemos fauna flora, agua,y también la quieren. Hay varias concesiones mineras en esta región que pretenden abrir, de oro, plata, cobre. También las autopistas, el tren. Quieren cambiar lo que somos en la región. Lo que están haciendo es romper nuestros lazos, nuestras costumbres donde las mujeres somos protagonistas. Somos muy importantes en la reproducción de nuestra identidad indígena y entonces, cuando llegan a hablar solamente con hombres, y ya, la toma de decisiones… Ya no se toma como antes, entre el hombre y la mujer”, describe Bettina como parte de la problemática ambiental le atraviesa como mujer y las dinámicas sociales que han cambiado. 

“Fue una coincidencia entre todas nosotras cómo están agrediendonos de manera muy parecida en diferentes territorios. Entonces pareciera que estos hilos del capitalismo, de las actividades extractivistas coinciden: en funcionarios actuales o ex funcionarios, ex gobernadores, ex secretario de gobierno y empresarios. Es decir, un tejido recontrapoderoso que agrede a las mujeres defensoras”, describe Jackie Campbells sobre el proceso de la ecofeminaria.

Cuando las mujeres hablan de su seguridad, hablan también de la seguridad de sus comunidades o colectividades, resalta Jackie.

“Todas estas dinámicas de violencia en México responden a la relación que se tiene con el narcotráfico y el Estado Mexicano, por lo que un instrumento vinculante regional que tome en cuenta la dimensión de justicia ambiental es esencial para todas las acciones que se hacen en relación con la crisis climática en nuestro país, no solo desde el gobierno, sino desde el pueblo organizado que puede usar este instrumento para demandar información y justicia”, describe en su análisis el colectivo LEGAIA.

“La exigencia de las mujeres es que haya normas dentro del Acuerdo de Escazú que hablen sobre la forma de impacto de los proyectos en las mujeres y cómo las mujeres tenemos que acceder a la información de manera eficaz, que sea entendible. No donde digan que nos vienen a pedir nuestro consentimiento para entrar a nuestra casa, sino que nos digan por qué quieren entrar a nuestra casa. Y tenemos el derecho de decir que no. Lo resguarda el artículo 2 con la libre determinación”, asegura Bettina Cruz Velázquez.

Para las mujeres, el acuerdo es una más de las acciones para defender la naturaleza, el agua, la tierra, la vida desde sus geogracías. Sin embargo la lucha contra el cambio climático seguirá desde la defensa contra los megaproyectos. 

“Con el Acuerdo de Escazú lo que tenemos que hacer es igual: seguir exigiendo, seguir dando la palabra,  seguir organizándonos. Seguir articulando unos con otros pueblos que estamos en las mismas condiciones. La esperanza sería esa poder exigir, nosotros desde los pueblos, que se cumpla lo que ahí dice. Pero así como veo al gobierno, con sus prácticas para elegir quiénes van a ir en la delegación a la COP, no le veo mucha esperanza”, asegura Betina.

La delegación mexicana

“Nosotros pensábamos que era un proceso realmente abierto, sano, donde la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las bases indígenas podíamos participar y nuestra voz ser considerada, escucharnos. Y pues no”, asegura Bettina.

Las entrevistadas coinciden en que el gobierno conformó una delegación con organizaciones afines y sin recursos. De la ecofeminaria ingresó una de las integrantes. Aunque al parecer de las entrevistadas, hacen falta voces fundamentales para la exigencia de justicia ambiental de las defensoras del territorio.

“En la COP deberían estar las mujeres de a pie. Veo con tristeza la reunión con la cancillería que tuvimos en días pasados, o en el chat con más de 130 personas con los supuestos ambientalistas. Va en al delegación mucha gente que está metida en grandes instituciones ambientales, que tienen grandes presupuestos. Pero mi deseo sería que estas mujeres de a pie, como las que tienen el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, o quienes viven los riesgos, que estuvieran ahí”, asegura Jackie Campbell en entrevista.

Jackie describe: “Desearía que no fuera un blablablá, que no vaya a quedarse en en discusiones estériles y que vayan al punto a la exigencia. Que estas mujeres de a pie, que muchas están en el mecanismo de protección, que ellas vayan, no los que se la pasan en seminarios, oficinas o talleres. Sino quienes verdaderamente defienden el territorio”.

“Qué esperanzas en que sea un proceso realmente transparente, qué es lo que pretende ser acuerdo, pero ya está manchado. Ya no es algo transparente. El gobierno al imponer a varias de las personas que están allí, deberían de dar la posibilidad a los pueblos, que somos los más afectados, de poder participar en estos procesos. Esperanza, no tengo mucha. Pero nosotros seguimos en la lucha por la vida . Ahí sí con esperanza. Con esperanza en la lucha que estamos dando los pueblos desde nuestros territorios”, asegura Bettina Cruz Velázquez en entrevista. 

“El tema de Escazú podría ser un elemento para darnos información oportuna y que los proyectos que se pretenden instalar, pudieran ser de manera transparente es que la información desde el inicio y que hubiera más cuidado con los impactos hacia los pueblos, hacia los territorios. Que no llegaran a despojarnos. Eso es difícil. la esperanza está en la lucha de nuestros pueblos”, asegura Bettina.

En la iniciativa de la Ecofeminaria participaron defensoras de los Humedales de Montaña de San Cristóbal frente a su destrucción; además el acaparamiento y sobreexplotación del agua por la empresa FEMSA Coca Cola; de la campaña: EL ISTMO ES NUESTRO; de Todas y Todos en Defensa del Humedal de Xochimilco; Grupos Comunitarios Organizados en contra de los Monocultivos en Tenosique; mujeres de comunidades ódami y rarámuri en defensa del territorio y bienes naturales.

También mujeres defensoras del pueblo maseual contra la subestación eléctrica promovida por CFE, y de diversas organizaciones de Cuetzalan (COTIC). Mujeres de comunidades de Cherán, que luchan contra el Basurero de desechos tóxicos SEMNSA, rehabilitación de la cuenca del arroyo San Miguel y recuperación del arroyo Urdiñol, mujeres de Ixtacamaxtitlán en resistencia, ante el proyecto minero de Almaden Minerals y mujeres en defensa del agua y territorio de Mexicali ante cerveceras.

Fue dirigida al Gobierno del Estado Mexicano, organizaciones sociales y civiles, sector académico, comunidades, ejidos y pueblos, organizaciones de mujeres, redes feministas, comunidad internacional, medios de comunicación y a la sociedad.