La amenaza del 15 de junio hacia Consorcio Oaxaca no sólo vulnera los derechos humanos de sus integrantes, también tiene un efecto multiplicador en sus redes de trabajo colaborativo, y por tanto, es un atentado a la democracia, a la libertad y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

Twitter: @tuyteresa

El 15 de junio de este año, alrededor de las 08:40 de la mañana, se encontró en la puerta de la organización Consorcio Oaxaca, una bolsa negra con pedazos de carne, al parecer una cabeza de animal. Al lado de la bolsa se encontraba una cartulina con la inscripción: “VAJALE DE HUEVOS PERRA LA PRÓXIMA ES LA TUYA ATTE. CJNG”.

La violencia en nuestro país se ha normalizado a tal punto, que un incidente de seguridad como éste se interpreta socialmente como un “narcomensaje”. Esto, de ninguna manera, exime al Estado mexicano de su responsabilidad fundamental: garantizar la seguridad de todas las personas, en especial de aquellas que defienden derechos humanos. 

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca es una organización feminista dedicada desde hace 17 años a la promoción de los derechos de las mujeres, así como a la protección de defensoras de Derechos Humanos en Oaxaca, México y en la región mesoamericana.

Durante estos años, han trabajado intensamente en la conformación de redes colaborativas, asesoría jurídica, investigación, trabajo con jóvenes y protección integral a defensoras de derechos humanos. 

Uno de estos frutos es, precisamente, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), hasta hoy, conformada por 279 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, que realizan su labor en 27 estados de la República mexicana

Una Red de defensoras y periodistas con rostros diversos: mujeres urbanas, campesinas, estudiantes, trabajadoras, profesionistas, indígenas, jóvenes, mayores, feministas, lesbianas, transexuales, etcétera. Todas, comprometidas en la defensa de los derechos humanos.

Surgió en el año 2010, impulsada por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y JASS (Asociadas por lo Justo), en el marco de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

Su objetivo es responder de manera articulada a la violencia que enfrentan diariamente defensoras y periodistas, por la labor que realizan y por su condición de género. 

Se dice que el Estado viola los derechos humanos con su acción, omisión o aquiescencia (consentimiento). 

La abierta/explícita amenaza del 15 de junio no sólo vulnera los derechos humanos de las integrantes de Consorcio Oaxaca, también tiene un efecto multiplicador en sus redes de trabajo colaborativo, y por tanto, es un atentado a la democracia, a la libertad y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. 

Estamos hablando de cientos de mujeres en la región. Ellas, quienes despiertan temprano, trabajan en el campo, en comunidades serranas, en llanos, en bosques, desiertos o a la orilla del mar, como el caso de las promotoras comunitarias en San Mateo del Mar, tierra ikoots, lugar donde también han sucedido hechos de violencia extrema contra la población. 

Ellas, quienes por las mañanas participan en asambleas comunitarias, trabajan el campo, preparan café, cuidan de sus hijos e hijas, se alistan para sus largas jornadas como promotoras de salud o defensoras de los bosques. 

Ellas, quienes buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en los lugares más escabrosos del silencio. 

Ellas, quienes recorren el país y la región mesoamericana para la cobertura diaria. 

Campesinas, obreras, periodistas, médicas, promotoras comunitarias, terapeutas, parteras, artistas, abogadas, sanadoras… 

Acompañan, abrazan, brindan respiro cuando otras están exhaustas. Casa la Serena es uno de los proyectos más inspiradores, un lugar donde el autocuidado adquiere una dimensión política, ética y filosófica desde el feminismo. 

Consorcio Oaxaca también tiene un programa de radio: “Con todas sus letras, ¡dialoguemos para la igualdad!” Se transmite martes y jueves a las 10:30 de la mañana.

Ellas son las defensoras de derechos humanos en México y la región mesoamericana. Todo se trastoca y vulnera, al dejar pasar una amenaza de esta magnitud…y no hacer nada.

En un comunicado de prensa, la organización fija su posición ante el gobierno del estado: “Es evidente que el Gobierno de Alejandro Murat pretende disfrazar el asunto como un tema del Crimen Organizado, situación que es perversa, como lo es su régimen. Desde este momento responsabilizamos al Gobernador Alejandro Murat, al Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez y a Raúl Ernesto Salcedo Rosales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, de la vida y la seguridad tanto de Soledad Jarquín, de su familia así como de cada una de las integrantes de Consorcio Oaxaca. Durante las últimas semanas, hemos acompañado con sumo compromiso la campaña “Hasta que la Justicia Llegue” en exigencia de justicia por el feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín, joven fotoperiodista asesinada el 2 de junio 2018 en Juchitán de Zaragoza. Dicha campaña ha sido impulsada por Soledad Jarquín Edgar, periodista feminista, madre de María del Sol y apoyada por innumerables organizaciones civiles, organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos y embajadas. El proceso de exigencia de justicia de María del Sol ha estado marcado por constantes ataques en contra de Soledad Jarquín y quiénes nos hemos solidarizado con su exigencia. Asimismo, durante la campaña, se han presentado varios incidentes de intimidación en contra de la periodista; y por si no fuera suficiente desaparecieron el espectacular colocado en el cerro del Fortín en exigencia de justicia. A estos incidentes se suma la grave amenaza de muerte del día de hoy”.

Instancias como la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AWID, Naciones Unidas y otras instancias internacionales han exigido la protección del Estado Mexicano y que el gobierno del estado de Oaxaca asuma la responsabilidad de esta amenaza. 

Los informes lo han documentado durante más de una década: México sigue siendo uno de los países donde más se vulneran los derechos humanos. 

Es en este contexto que proteger a las defensoras de derechos humanos resulta vital para continuar la vida en estos tiempos críticos de pandemia. 

Ellas, quienes han formado a generaciones de mujeres que trabajan diariamente por la transformación social, política y cultural del país y la región.